Centro Democrático: Un consenso imposible para la paz

 
En la medida en que la médula del acuerdo, interpela de manera decidida intereses, grupos y posesiones materiales del innombrable y su más poderosa base social resulta imposible un consenso para un Nuevo Acuerdo con el Centro Democrático. El proyecto de país que se puede prefigurar en el Acuerdo y el proyecto de país del Centro Democrático, son incompatibles.
 
Antonio Madariaga Reales
 
Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

Coincido con muchos de los bienintencionados amigos y amigas que compartimos en estos días el trabajo y el entusiasmo por las movilizaciones como un instrumento fundamental para el amplio propósito de encontrar una salida adecuada a la crisis política generada por el triunfo del NO el pasado 2 de octubre, que esta no será posible si se trata de desconocer el triunfo de quienes por diversas razones o sinrazones, miedos o engaños, convicciones u odios, votaron NO.

También comparto la tesis de que ese comportamiento no es monolítico y que hace bien el gobierno en escuchar a los diversos sectores, caracterizando los intereses de cada uno de ellos y conviniendo en el carácter constructivo de algunos de los argumentos esgrimidos, y en la posibilidad que ellos den lugar a ajustes, precisiones y explicaciones, que a su vez permitan llegar a un Nuevo Acuerdo.

De igual manera, y con relación a los comunes puntos de vista, tengo la comprensión compartida de que la salida a la crisis no puede encontrarse en un “pacto de elites” que se constituya en una burla a los anhelos de transformación democrática que la transición de la guerra a la paz, necesariamente comportan.

Entiendo también que la lógica que está presente en las afirmaciones anteriores es compartida por las Farc, quienes encuentran razonable una adenda que dé cuenta de esos ajustes, precisiones y explicaciones y que inclusive estos posibiliten mejoras en el Acuerdo Final, que lo hagan más amplio e incluyente.

Ahora bien, de ¿qué naturaleza, extensión, profundidad y calidad deben ser esos ajustes, precisiones y explicaciones al Acuerdo Final?

Allí la respuesta tiene algunos elementos comunes pero también importantes diferencias, según de quien se trate. Mientras lo común en los que hemos defendido la almendra del acuerdo rápido y sin dilaciones, es que eso es posible si y sólo si, se mantienen los elementos esenciales de los acuerdos, a saber:

Una consistente ampliación y profundización de la democracia política y social, basada en el empoderamiento de la sociedad civil y las comunidades en los territorios y su posibilidad de actuar en el escenario político; el desarrollo de un proceso que lleve a que 12 millones de colombianas y colombianos que viven en el sector rural, junto con el acceso al goce efectivo de derechos y a los bienes públicos, puedan acceder a la propiedad formalizada de la tierra como un activo productivo y se restituyan las tierras despojadas y abandonadas; se establezcan, con participación comunitaria y ciudadana, planes de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito; se desarrollen condiciones para la satisfacción de los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación a través de métodos de verdad extrajudicial, (Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de las Personas dadas por Desaparecidas), verdad judicial, a través de la justicia transicional que cambia verdad y reparación por sanciones alternativas y participación efectiva de las víctimas en los procesos judiciales; y posibilita el tránsito de las Farc – EP a partido político a través de procesos de reintegración individuales y colectivos y de facilidades y garantías para el ejercicio de su acción social y política.

Allí en esos elementos esenciales del Acuerdo Final, está la razón por la que, desde esta perspectiva, es imposible un consenso con el Centro Democrático y en particular con el innombrable.

En efecto, la ampliación de la democracia, recuperando el poder de comunidades y poblaciones que haga necesaria la consulta a la ciudadanía sobre la vocación del territorio, la planeación del mismo y la ejecución de proyectos le parece inadmisible al innombrable, la dedicación de los recursos prioritariamente al sector rural a través de la construcción de bienes públicos y la provisión de bienes y servicios a la población rural, le parece que amenaza la fementida “confianza inversionista”; la restitución de tierras que amenaza la concentración de la misma hecha al amparo del despojo y el abandono por una parte de la base social, ganadera e inversionista en agroindustria que caracteriza al Centro democrático; la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito es contraria a su predilección por la fracasada “guerra contra las drogas”, como forma de combatir el narcotráfico, que es realmente uno de los principales factores para la permanencia del fenómeno; la indeseable verdad judicial con consecuencias penales que es el eje central de la Jurisdicción Especial para la Paz, y que además de poner al descubierto muchos de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, también pondrá en evidencia a terceros civiles y agentes del estado que tuvieron determinante participación en esas violaciones, muchos de ellos del círculo cercano al innombrable; y finalmente la apertura, con garantías, del espacio político para organizaciones alternativas y propuestas diferentes de manejo del Estado que rompan el monopolio de la vida política nacional, amenaza el control que sobre ella han tenido por décadas las formas tradicionales de la organización política colombiana.

Por todo lo anterior y en la medida en que la médula del acuerdo, interpela de manera decidida intereses, grupos y posesiones materiales del innombrable y su más poderosa base social resulta imposible un consenso para un Nuevo Acuerdo con el Centro Democrático. El proyecto de país que se puede prefigurar en el Acuerdo y el proyecto de país del Centro Democrático, son incompatibles.

En consecuencia al presidente Santos le quedan los siguientes caminos. En primer lugar apurar un Nuevo Acuerdo en la Mesa de La Habana, cuyos ajustes, precisiones y explicaciones satisfagan, sin modificar lo esencial, las demandas de algunos sectores del NO, diferentes al CD y al exprocurador. En segundo lugar legalizar el Nuevo Acuerdo a través del Congreso de la República, incorporándolo al orden interno. En tercer lugar desarrollar un método de refrendación que autorice al presidente para implementar ese Nuevo Acuerdo, tal como lo previó la Corte Constitucional en su sentencia de constitucionalidad, sobre el plebiscito especial para la paz. Ese método de refrendación mucho me temo que sólo puede ser posible a través de un nuevo plebiscito, que a su vez reviva el fastrack. Y en medio de todo eso confiar en que la ciudadanía movilizada y una exitosa campaña electoral permitan dar salida a la crisis política resultante del triunfo del NO el 2 de octubre. Tarea difícil, pero no imposible.

Coda: Los recientes pronunciamientos sobre la jurisdicción especial para la Paz de la Sala Penal de la Corte, el Fiscal General y el Vicepresidente parecen guiados por el oportunismo y la reticencia a la Justicia Transicional en concreto.

Edición 518 – Semana del 28 de Octubre al 3 de Noviembre de 2016

   
 
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