Defender e implementar el nuevo acuerdo Gobierno – Farc

 
En el actual contexto cabe referir las opciones posibles ante la necesaria oficialización e inicio de la implementación del Acuerdo Final de Paz, a partir de la reacción desde los promotores del NO, quienes aunque no tienen una postura homogénea expresan desde ciertos reconocimiento a los cambios involucrados en la versión ajustada del acuerdo hasta diferencias y abiertas oposiciones al texto del acuerdo finalmente adoptado.
 
Álvaro Villarraga Sarmiento
 
Directivo CNMH, integrante FUCUDE, catedrático
 
 

El Gobierno Nacional y las Farc-EP luego de recibir las propuestas de los promotores del NO y también de los del SI y de diversos sectores, se concentraron en La Habana hasta conseguir convenir el pasado 12 de noviembre el nuevo Acuerdo de Paz Final. Su contenido mantiene los pilares, la estructura y la mayor parte del texto del anterior acuerdo de paz, a la vez que incluye cambios y aportes, la mayoría de ellos en atención a las discusiones y demandas hechas por sus opositores. Así se consolida este acuerdo de paz, de forma que responde al mandado del plebiscito del 2 de octubre, suma aliados y permite pasar a su fase de implementación, en medio de la amplia movilización ciudadana que se gestó a partir de su demanda. No debe haber duda en implementar pronto este acuerdo de paz que dadas las condiciones no requiere ni es lo recomendable someterlo a nuevas formas de refrendación ciudadana.

Principales cambios adoptados
por el Acuerdo de Paz Final Gobierno – Farc

En el preámbulo el acuerdo reconoce que dado que los resultados del plebiscito objetaron el anterior acuerdo se introdujeron cambios sustanciales que le brindarán a esta versión definitiva un mayor consenso, de forma que corresponde al presidente ratificarlo y se podrán considerar opciones de refrendarlo mediante figuras como el plebiscito, la iniciativa legislativa y consultas en las corporaciones públicas. Se especifica que su contenido se ciñe a la Constitución Política colombiana, a los tratados internacionales en derechos humanos y destaca entre otros aspectos el derecho a la libertad de cultos y su libre ejercicio, los derechos de las mujeres, de diversos sectores sociales y poblacionales y de medio ambiente, la naturaleza y la diversidad. En la introducción reconoce ahora la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la no discriminación y los enfoques diferenciales, de género y territorial.

En el tema “Desarrollo Rural Integral” se mantiene el contenido básico pero ahora se agregan alusiones a diversos sectores productivos y empresariales del campo como el turismo, se mantiene el énfasis en el fortalecimiento de la economía campesina y la seguridad alimentaria, a la vez que se expresa el no afectar la propiedad privada y el que el recurrir a expropiaciones por vía administrativa se haga mediante los procedimientos legales establecidos. Se establece un Registro Único de posibles beneficiarios de adjudicaciones de tierras y subsidios y se crea un grupo de expertos para asesorar en políticas públicas y reformas normativas en tierras. Se especifican los tres millones de hectáreas de tierras a adjudicar, los siete millones de hectáreas a formalizar, la participación ciudadana en las decisiones de Reforma Agraria Integral y la fase de transformaciones en 15 años, con un plan inicial proyectado a cinco años. No se incluyen nuevas Zonas de Reserva Campesinas sino que su creación responderá a los trámites legales en curso.

El tema de “Participación política y social” además de lo ya dispuesto sobre Estatuto de Oposición, garantías de participación efectivas y estímulo a nuevos actores y dinámicas de los actores políticos y sociales, se especifica que la circunscripción electoral especial a aplicar en 16 regiones afectadas por el conflicto, a favor de las iniciativas sociales y de proyectos políticos que surjan en regiones afectadas por el conflicto así como no podrán presentarse partidos con representación en el Congreso tampoco lo podrá hacer el partido que puedan conformar las Farc. A este partido se le reduce el apoyo estatal en un 30%, para dejarlo en igual monto al destinado a otros partidos. Pero se mantiene la elegibilidad de los integrantes de las Farc acogidos a la paz a cargos de elección pública.

En el tema de “Economías ilícitas” se demanda la superación de las economías de uso ilícito de forma que los programas de sustitución concertados con las comunidades considerarán la erradicación manual, pero de no lograrse tal concertación el gobierno podrá implementar otras medidas incluida, dado el caso, la aspersión aérea. En el paso a la vida legal se exige la ruptura de los integrantes de las Farc con todo tipo de relación con economías ilícitas.

Con respecto a la Jurisdicción Especial de Paz se mantienen sus pilares, autonomía y carácter pero se incluyen cambios importantes. Su compatibilidad con las normas del Código Penal, la procedencia del uso de la tutela frente a sus actuaciones con cabeza en la Corte Constitucional, se cambia la inclusión de magistrados extranjeros por el apoyo para elaboración de conceptos que expertos que lo pueden ser y se establecen términos de dos años para abrir investigaciones, diez para el desarrollo de los procesos judiciales y cinco más acciones posteriores que se deriven. Se especifica el caso de la sanción de restricción de la libertad que resultan ser equivalente al de las zonas veredales de concentración. La conexidad entre el delito político y otros como los asociados al narcotráfico se tratarán caso a caso y con apoyo en la jurisprudencia producida por las Cortes. Las Farc entregarán un listado de bienes y recursos el cual servirá para la reparación de las víctimas. La actuación de las ONG se limita a proporcionar información para la instrucción de los procesos.

En el tema “Fin del Conflicto” se eliminó de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad la participación de las Farc, pero se habilitó la de expertos independientes. En las medidas de blindaje político y jurídico se limitó la consideración de la figura del bloque de constitucionalidad a los elementos propios de los derechos humanos y el derecho humanitario, a la vez que se considera una cláusula constitucional relativa al cumplimiento gubernamental con los compromisos pactados. En la implementación se amplió el término de 10 a 15 años para reducir la presión por recursos ante el esquema impuesto de sostenibilidad fiscal.

En resumen, el contenido del acuerdo de manera general obedece al éxito conseguido en este proceso de paz, refleja las contribuciones de las partes, de la sociedad y el apoyo de la comunidad internacional, de manera que a la vez incluye de forma importante a la gran mayoría de las demandas de los promotores del NO que tenían pertinencia o posibilitaban hacerlo en aras de ampliar el consenso nacional requerido.

No es necesaria una nueva refrendación
sino aplicar el Acuerdo de Paz Final Gobierno – Farc

Surtidos estos cambios y aprobado ya por la mesa de negociación se viabilizó y oficializó la versión definitiva y viabilizada del Acuerdo de Paz Final Gobierno Santos-Farc EP. Se cierra así la fase de negociación inesperada que tuvo que abrirse para responder al poder vinculante de los resultados del plebiscito por parte del presidente Santos. Fase que se cumplió con acierto ante la diligente y ágil consulta referida a todos los sectores, el importante diálogo nacional por la paz emprendido por algo más de cuarenta días, de forma que a la vez el Gobierno nacional y las Farc mostraron flexibilidad y grandeza para revisar e incluir más de sesenta enmiendas de importancia. Corresponde ahora aplicar el acuerdo para lo cual está abierta una discusión sobre si se requiere implementar una nueva refrendación. A propósito, ella ni se requiere, ni es necesaria ni conveniente. Ya la refrendación se cumplió y de acuerdo a los resultados conseguidos se procedió. El presidente tiene plena facultad para aplicar el acuerdo tal como quedó definido. Recurrir a una nueva refrendación dilata tiempos que son imperiosos para implementar las medidas acordadas e impediría iniciar este años el desarrollo legislativo y prolonga una situación advertida de riesgo de tener las tropas de las partes estacionadas en un cese al fuego sin que se surtan los procedimientos acordados para finalizar la guerra y las Farc puedan hacer tránsito hacia la vida política y social institucional.

Pero además de innecesario e inconveniente un nuevo plebiscito, más complicado e inviable sería pensar en un plebiscito desde los consejos o asambleas o con la figura de cabildo abierto, que no pasa esta de ser un espacio de debate y consulta abierta a la ciudadanía, además restringido a temas de su jurisdicción. Distinto es que bienvenida y necesaria toda acción ciudadana, social, política e institucional en favor de la paz y de los acuerdos que finalizan las hostilidades militares, para lo cual por el contrario se necesita que no cese la movilización a todo nivel con las más diversas expresiones, y en tal contexto las constituyentes, asambleas, cabildos, movilizaciones, vigilias, jornadas, marchas, acciones festivas y demás deben ser bienvenidas y alentadas. Lo que corresponde es que oficializado y quizás protocolizado y firmado nuevamente por el presidente Santos y el comandante Timochenko se oficialice la adopción e inmediata implementación de este nuevo e histórico pacto de paz con la insurgencia en Colombia. Luego, no como refrendación, el Congreso habrá de tramitar los proyectos de acto legislativo y de leyes que el acuerdo demanda, si se mantiene ante las demandas el Acto Legislativo ya aprobado, mediante el procedimiento abreviado justificado.

El momento exige aplicar el pacto de paz y
sortear las oposiciones que puedan registrarse

En el actual contexto cabe referir las opciones posibles ante la necesaria oficialización e inicio de la implementación del Acuerdo Final de Paz, a partir de la reacción desde los promotores del NO, quienes aunque no tienen una postura homogénea expresan desde ciertos reconocimiento a los cambios involucrados en la versión ajustada del acuerdo hasta diferencias y abiertas oposiciones al texto del acuerdo finalmente adoptado.

La primera opción sería la más optimista y conveniente para la paz pero resulta muy improbable: Los promotores del NO expresan respaldo al Acuerdo de Paz Final con los cambios hechos y por tanto entran a respaldar su trámite en el congreso. Podrán proponer que se convoque un nuevo plebiscito y podría darse con posibilidades de un muy amplio respaldo a favor, pero no sería conveniente por las razones referidas. Se da lugar entonces una amplia alianza a favor del proceso de paz y la reconciliación, dado que eran los únicos sectores no vinculados a los consensos en curso en desarrollo del proceso de paz.

La segunda opción es menos optimista pero más realista y el más posible, dadas las circunstancias: Parte importante de los promotores del NO respalda el Acuerdo de Paz Final pero otra parte lo objeta por considerar que debían haberse adoptado de forma integral todos los cambios propuestos. Se aplica el acuerdo y se consigue un amplio consenso nacional mayoritario a su favor, pero con la oposición activa de una minoría opositora que persiste en el rechazo al acuerdo. Este sector opositor al pacto de paz se empeñaría en promover el rechazo a las medidas que de él se deriven desde el gobierno y en la agenda legislativa, lo cual es legítimo siempre y cuando no lleguen a expresiones de sabotajes o actos ilegales contra la paz, como lamentablemente ha sucedido en pasados procesos de paz y en distintos momentos del actual proceso.

Y la tercera opción conduce a un escenario más difícil y, dado el caso necesario de sortear: La totalidad o parte muy mayoritaria e importante de los promotores del NO rechazan el Acuerdo de Paz Final, en demanda de que se mantenga un proceso de negociación con ellos y se introduzcan de forma integral y completa sus demandas de modificación. Habrá entonces una minoritaria pero significativa oposición desde la derecha al proceso de paz, aspecto que tendrá particular proyección hacia la campaña electoral presidencial prevista. La confrontación política continuaría intensa entre el consenso mayoritario por la paz y los sectores opositores al acuerdo, no obstante, la movilización ciudadana y el respaldo político y social, interno e internacional que podrá rodear la implementación del acuerdo de paz.

En conclusión, en lo relativo al tema del conflicto bélico y su resolución se deben tomar ahora decisiones de sentido histórico y profunda repercusión en todos los órdenes con base en la implementación de este nuevo e importante pacto de paz. El ideal es conseguir el respaldo del conjunto de la sociedad y la actuación coherente de las instituciones y autoridades a todo nivel en beneficio de este propósito. Pero, como ha sucedido con frecuencia en los procesos de paz, internos e internacionales, se prevé que existan también oposiciones por diversas razones que deben afrontarse con la perspectiva de no dejar menoscabar las acciones comprometidas con superar las causas, efectos y dinámicas de la violencia política y el conflicto bélico.

En tal contexto, no podría permitirse que el sector promotor del NO o parte de él pretenda una especie de negociación particular para tratar de imponer todas sus propuestas, las cuales más allá de lo justamente incorporado en las enmiendas al acuerdo harían inviable el pacto de paz. Las partes en la mesa han tenido flexibilidad e hicieron concesiones, de forma que el uribismo y otros sectores deben entender que también deben abordar de forma razonable y flexible sus propuestas, máximo si se trata de reclamar una mayoría que resultó tan precaria y cuestionada frente a los promotores del SI y ante las amplias mayorías que se abstuvieron en el plebiscito. Cosa distinta es la maniobra política hacia réditos electorales de mantener de forma intransigente la oposición a este acuerdo de paz, en aras de canalizar el importante margen que votó el NO, sacrificando para el país el respaldo a la necesaria demanda histórica de superar la guerra y construir la paz.

Edición 521 – Semana del 18 al 24 de Noviembre de 2016
   
 
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