La política de Seguridad de Federico Gutiérrez: Retórica, punitiva, costosa e ineficaz

 

El foco punitivista trae consigo altos riesgos de autoritarismo, pues por esa vía no se acude a la solución de las problemáticas que generan situaciones socialmente incomprensibles o de delincuencia, no se concibe la seguridad en los planos integrales que se anuncian, sino que se tiende hacia la expansión del poder sancionatorio del Estado y los particulares sobre supuestos delincuentes.

 
Leyder Perdomo Ramírez y Zaira Agudelo
 
Corporación Viva la Ciudadanía
 
 

La lectura de la formulación y ejecución de la política de seguridad y convivencia contenida en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Federico Gutiérrez en Medellín da cuenta de que esa administración municipal proclama un enfoque integral de seguridad, pero que este es un enunciado netamente retórico, y en cambio, se trata de una política punitivista, costosa e ineficaz.

La Política Pública de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín está contenida en el Acuerdo 021 de 2015, norma emitida antes de que Gutiérrez fuera alcalde y en la que se estableció el enfoque de DDHH como orientador para la actuación de la administración municipal en las esas materias. Dicho de otra forma, a partir de ese enfoque, en materia de seguridad y convivencia, la norma reivindica la dignidad humana para todas las personas, por el hecho mismo de serlo. En esa vía, dice la norma: “esta política pública de seguridad y convivencia direccionará las intervenciones estatales que pongan en marcha el modelo de gestión propuesto con base en el marco conceptual de la defensa y promoción de los derechos humanos, garantizando la igualdad, la responsabilidad, la justicia social, la dignidad y el pluralismo” (Subrayado fuera del texto original. Ver: https://bit.ly/1nYNOQJ).

A propósito de la dignidad humana, que recoge y reivindica el enfoque de DDHH, la Corte Constitucional colombiana se pronunció en la Sentencia T-881 de 2002, entendiendo la composición compleja de aquella con tres elementos: “como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).

En el caso particular del Plan Integral de Seguridad –PISC– de la Alcaldía de Federico Gutiérrez, se dice que la seguridad y la convivencia serán tratados desde un “enfoque integral”, que se supone, tiene el propósito de generar las condiciones para el goce efectivo de derechos (Alcaldía de Medellín, PISC 2016-2019, p. 4). Ese planteamiento se refrendó en la formulación del Reto 1 de la Dimensión de Seguridad y Convivencia del Plan de Desarrollo, que el Alcalde Gutiérrez explicó en una intervención pública, afirmando que “para su gobierno no se entiende la inversión en seguridad si esta no va acompañada de inversión social que llegue de manera oportuna a los territorios” (Ver: https://bit.ly/2CHzIOZ).

En esa vía, el enfoque de DDHH de la Política de Seguridad y Convivencia de Medellín, aparentemente tiene eco en la política “integral” que para esas materias diseñó la administración municipal del actual alcalde de la ciudad, apelando a la materialización de la dignidad humana, en sus facetas de libertad, integridad y bienestar material. Esto no es de menor calado, si se atiende a la idea de que la seguridad no es un asunto al que le basten paliativos de reacción y castigo ante supuestas o reales amenazas o comportamientos problemáticos, sino que también requiere la prevención de ese tipo de hechos o situaciones, es decir, la superación de situaciones sociales estructurales y culturales que los propician.

No obstante, en el caso de la Alcaldía de Medellín y su plan de acción, esa coincidencia es solo retórica. De los 47 proyectos que se contemplan en la Dimensión de Seguridad y Convivencia del Plan de Desarrollo, se encuentra que 29 apuntan hacia distintos tipos de intervención social preventiva, lo que en teoría es acorde con el enfoque integral o de DDHH; pero de esa cantidad, 15 pertenecen al Reto 3 “Medellín construye la paz y enfrenta el reto del pos-acuerdo”, encaminado hacia la reintegración y la no repetición, asuntos sumamente importantes para la superación del conflicto armado nacional, pero limitados ante la dimensión compleja del problema de seguridad en la ciudad (Violencia, pobreza, criminalidad, paramilitarismo, etcétera).

Así, quedan 14 proyectos del Plan dirigidos hacia la prevención de situaciones eventuales que atenten contra la seguridad, de estos, en 2 no existe una línea de base para su medición, es decir que no hay un punto de partida y cualquier acción suma al 100%; en 5 proyectos más la cuantificación se hace porcentualmente, partiendo de un supuesto cumplimiento preexistente del 100%, sin que se conozca el número real de programas, planes y actividades que encarna ese porcentaje, y por tanto, de cuántas y cuáles son las que mantienen ese porcentaje. Restan 7 proyectos de prevención con alguna claridad en su medición, en los que su ejecución material se encuentra por debajo del 50%, lo que significa una sub-ejecución, pues a esta altura la Alcaldía de Gutiérrez está próxima a cumplir su tercer año, por lo que los proyectos deberían estar al menos en el 61% de su ejecución1.

De esa manera, no se puede decir que haya una ejecución positiva en ninguno de los proyectos que enuncian un carácter preventivo –Salvo, tal vez, salvo alguno de los incluidos en el reto 3 para el pos-acuerdo. Así, la “integralidad” de la política se seguridad y convivencia del alcalde es retórica.

Esa retórica tiene su contracara en el énfasis punitivo con el que se intervienen reales o supuestos factores de inseguridad en la ciudad. Ello se evidencia, primero, en la confusión que de la seguridad se tiene con el delito, el control y represión de sus posibles y supuestos autores, lógica presente en 14 de los 47 proyectos que contiene la Dimensión de Seguridad y Convivencia del Plan de Desarrollo, es decir, el 30%.

Pero, además, en la priorización para la ejecución de esos 14 proyectos, pues su buen avance se da en el 61.53%, lo que contrasta con la menor ejecución de las medidas preventivas. En 8 de los 14 proyectos con medidas reactivas y punitivas, se ha cumplido más del 50% de sus indicadores con casos en que incluso hay sobre ejecución, es decir, con indicadores que ya superan el 100%2.

Pero además de la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo, el carácter reactivo y altamente punitivo de la actual política de seguridad y convivencia lo ha encarnado el mismo alcalde en sus exposiciones públicas, mediáticas o en redes sociales, ante la comisión de algunos delitos y en la captura de personas real o supuestamente ligadas a organizaciones para la comisión de delitos. Famoso fue el despliegue de trinos con los que Gutiérrez dijo apersonarse de la persecución y captura de 3 personas que cometieron un atraco y fueron grabados y denunciados por unos ciudadanos.

El foco punitivista trae consigo altos riesgos de autoritarismo, pues por esa vía no se acude a la solución de las problemáticas que generan situaciones socialmente incomprensibles o de delincuencia, no se concibe la seguridad en los planos integrales que se anuncian, sino que se tiende hacia la expansión del poder sancionatorio del Estado y los particulares sobre supuestos delincuentes. En ese sentido Federico Gutiérrez ha sido elocuente, por ejemplo, con un trino con el que reaccionó ante el atropello de dos personas que supuestamente habían cometido un hurto: “Quienes deben ir a la cárcel son los criminales (los victimarios), no las víctimas”. Con ese mensaje, el alcalde avaló la terrible práctica de linchamiento, ya muy instalada en la ciudad.

El punitivismo actual además es altamente costoso, otro carácter para la política de seguridad. En el plan de desarrollo se plantean un despliegue de inversiones en infraestructura, tecnología y burocracia para el control ejercido a través de la vigilancia, que para el cuatrienio se proyectó en un gasto de $277 mil millones, de los que ya se han (sub)ejecutado $57.441.060.508 en cámaras de vigilancia y equipos para la Policía. Entre las inversiones se encuentra el famoso “ficóptero”, la aeronave con que se vigila a la ciudad, que costó más de $6.000 millones, que tiene otros costos altos en su operación (Ver: https://bit.ly/2r0KPth) y que hasta enero del 2018 había permitido la captura de 152 personas, el rescate de 3 caminantes extraviados3, la recuperación de 7 carros y 5 motocicletas, la incautación de 9 celulares y la recuperación de otros 9 teléfonos (Ver: https://bit.ly/2DG9cqd) ¿Valdrá la pena semejante inversión?

Esa manera de comprender el problema de parte de un administrador y decisor de lo público trae un tufo operativo y eficientista; de acciones y resultados inmediatos, pero ineptos en la solución del problema: Contar ladrones, contar capturas y mantener todo igual.

Además de retórica, punitivista –con todos sus riesgos– y costosa, la política de seguridad y convivencia es ineficaz. A la fecha hay un repunte en la ciudad en la comisión de homicidios, con 479 muertes en lo corrido del año, 50 más que en el mismo periodo del 2017. También hay un incremento en los hurtos, tema bandera del alcalde Gutiérrez, casi duplicándose el promedio por cada 100 mil habitantes en los 3 años de su administración, pasando de 307.2 a 779.31. Pero además hay un repunte de situaciones sumamente problemáticas para la ciudad, como el desplazamiento forzado intraurbano de personas, que, en lo corrido del 2018, según cifras de la Personería de Medellín, suman 2774.

La ineficacia de la política de seguridad de la Alcaldía de Federico Gutiérrez se refrenda además con la continuidad del cogobierno que ejercen organizaciones armadas ilegales en la ciudad. Recientemente la Fundación Paz y Reconciliación sostuvo en un informe, a partir de la medición de la comisión de extorsiones, que el 70% de la ciudad se encuentra bajo de la criminalidad organizada, no de otra manera podrían cobrarle dinero a las y los pobladores por estar allí y estar “seguros”. Ariel Ávila, subdirector de esa Fundación, sostuvo en una columna de opinión que se trata de una verdadera “administración paralela” (https://bit.ly/2pNMcMo).

En suma, la política de seguridad de la actual Administración de Medellín es retórica, punitiva, costosa e ineficaz.

1 Todo esto sin contar los proyectos que plantean metas muy bajas. Por ejemplo, el indicador para el proyecto de prevención de riesgo de las víctimas de violencia sexual está al 100% de cumplimiento, pese a que se atendieron 3 personas, de las 2.067 víctimas de ese tipo de violencia que, según el CAIVAS de la Fiscalía, denunciaron en el año 2017.

2 Los otros 4 proyectos se pueden comprender como con un alcance trasversal, pues refieren asuntos como la formulación del PISC, el fortalecimiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC, la Transversalización de la política pública de seguridad y convivencia, el diseño e implementación de instrumentos de territorialización la articulación y la cooperación metropolitana, regional, nacional e internacional en materia de seguridad integral.

3 Este es el resultado más loable del “ficóptero”, pero que no requería de sus especificidades para ese rescate, que se pudo hacer con cualquier otra una aeronave.

Edición 609 – Semana del 12 al 18 de octubre de 2018
   
 
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