Legislar de espaldas a la ciudadanía
debe traer consecuencias

Los partidos que conforman las mayorías del Congreso siguen actuando como si nada hubiera cambiado en la ciudadanía del país, ignorando su responsabilidad de cumplir con el Acuerdo de Paz, dejando de lado el mandato ciudadano anticorrupción, como si fuera discrecional responder a las demandas sociales.

Ignoran estos partidos que la ciudadanía de hoy no se conforma con votar, tenemos ahora una ciudadanía más vigilante de sus representantes y gobernantes, y muchísimo más acceso a información para conocer en detalle las acciones de quienes elegimos. La imputabilidad política es mayor y seguirá creciendo, cada vez es más visible la conducta de los congresistas y partidos que afirman apoyar unas causas y hacen todo lo contrario al momento de votar en el congreso, y eso traerá más pronto que tarde consecuencias políticas.

Contamos con una gran cantidad de organizaciones sociales y académicas que quieren aportar en el debate de las leyes, sin embargo, la mayoría de los proyectos se discuten sin oír a la ciudadanía, hasta el más mínimo espacio para expresar observaciones y recomendaciones es negado, un Congreso sordo que pierde la oportunidad de elevar la calidad y pertinencia de las leyes con los aportes de la ciudadanía.

Los partidos que conforman las mayorías del Congreso aspiran a que el Acuerdo de Paz se quede en el olvido, y van dejando congelado el trámite de varios de los proyectos indispensables para la implementación, como catastro multipropósito, la adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal, el tratamiento penal diferenciado para campesinos cultivadores de coca, la jurisdicción especial agraria, las circunscripciones transitorias especiales de paz, etc. Ignoran con ello una obligación consagrada en la Constitución, la de cumplir de buena fe el Acuerdo de Paz, y frustran las aspiraciones de los 10 millones de colombianos que con ocasión del conflicto armado fueron excluidos del desarrollo y de la política del país.

Hay que decirlo también que en algunos casos la voz de la ciudadanía ha sido escuchada y con ello se han disuelto las mayorías que permitían impulsar normas muy lesivas para el Acuerdo de Paz y los derechos de las víctimas, como por ejemplo el retiro del proyecto de acto legislativo 087, que pretendía limitar la facultades de las instituciones del sistema integral de verdad justicia y reparación para acceder a información, luego de la intervención en audiencia pública de un número significativo de organizaciones pidiendo el archivo del proyecto.

Los partidos que conforman las mayorías del Congreso están convencidos que los más de 11 millones y medio de votos por la Consulta Anticorrupción se pueden hacer a un lado y no darle trámite a 15 de los 25 proyectos presentados para sacar la corrupción de las relaciones políticas, y que pueden empezar a negar proyectos como el que limita los períodos para que sea posible la movilidad y la renovación de la representación política. Creen que pueden actuar así sin consecuencias. La Veeduría al Mandato Ciudadano Anticorrupción le hace seguimiento en detalle al trámite y la conducta de los congresistas en esta materia, y está exigiendo al presidente de la República que radique mensaje de urgencia a los proyectos, y al Congreso que trámite con lealtad estas iniciativas y que escuche las observaciones y propuestas de la ciudadanía en audiencia pública.

Los partidos que conforman las mayorías del Congreso añoran los tiempos en que las movilizaciones sociales podían estigmatizarse y criminalizarse y con ello dejarse de lado las demandas sociales que expresaban. Hacen cálculos que los estudiantes, profesores, trabajadores y directivos de las universidades públicas se van a agotar, van a perder apoyos, que otras urgencias ocuparán la vida de los colombianos y que así podrán soslayar la exigencia de cambios estructurales en la educación pública. Se equivocan de nuevo, las dimensiones y articulaciones de la protesta social se han multiplicado e ignorarlas traerá consecuencias políticas.

En cambio, los partidos que conforman las mayorías del Congreso aprobaron con gran celeridad y sin mayores discusiones el presupuesto nacional sin priorizar los recursos necesarios para las universidades públicas y para implementar el Acuerdo de Paz. La moción de censura contra el Ministro de Hacienda la lograron frenar a pesar de las evidencias en su contra. La aspiración de unas reformas a la política y a la justicia que ampliaran los derechos se viene frustrando. Y van avanzando preocupantes iniciativas para reformar las regalías y el sistema general de participación.

Así las cosas, debemos esperar que los partidos que conforman las mayorías en el Congreso tramitarán las reformas tributaria y pensional y el plan nacional de desarrollo de espaldas a la ciudadanía, eso sí, si ésta se lo sigue permitiendo.