¿Incertidumbre anticorrupción?

La lucha contra la corrupción en Colombia es un desafío para el Gobierno Nacional, la sociedad civil y los empresarios. Es un desafío que exige una estrategia clara que, por un lado, fortalezca las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción y, por otro lado, facilite el acceso a la información y genere una rendición de cuentas permanente en dónde el diálogo entre el Estado y la ciudadanía sea incidente y eficaz en la lucha contra la corrupción.

Los más de 11 millones y medio de ciudadanos que votaron a favor de los siete puntos de la Consulta Anticorrupción, son un llamado directo al Estado y sus representantes para que se realicen las reformas necesarias con prontitud. Con el propósito de hacer seguimiento al conjunto de proyectos presentados al congreso –25 proyectos– y al Pacto Anticorrupción del Gobierno del presidente Iván Duque y los Partidos Políticos, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil hemos formado la Veeduría del MandatoCiudadanoAnticorrupción 1.

En el marco de la Veeduría se ha identificado que, de los 25 Proyectos de Ley presentados al Congreso, solo 10 han tenido algún tipo de trámite, 9 tienen ponentes, pero no han presentado ponencias y 6 no tienen ningún tipo de trámite. Adicionalmente, los proyectos presentados no permiten identificar una estrategia integral anticorrupción ante la falta de coherencia y las diversas dudas en lo que sería una futura implementación.

Proyectos que deberían ser prioritarios no tienen ningún avance, como son: 1. Medidas para promover la probidad administrativa, combatir la corrupción, establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas y fortalecer el ministerio público; 2. Transparencia y participación ciudadana, que contiene acciones realizados con presupuesto participativos y, finalmente; 3. El proyecto que busca fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y control de gestión pública que incluye nuevas inhabilidades para desempeñar cargos públicos.

Además, esta semana en la Cámara de Representantes se archivó el proyecto que limitaba los períodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa, punto 7 de la consulta. Aunque en la reforma política que avanza en el Senado fue aprobado el artículo 5 que retomaba el tema, nada asegura que dicho punto sea aprobado finalmente por el Congreso. Esta reforma política que se encuentra en debate de plenaria en el Congreso tampoco parece avanzar hacía el fortalecimiento de los órganos electorales, al haberse eliminado las modificaciones planteadas al Consejo Nacional Electoral y la creación de un órgano electoral con capacidad sancionatoria.

La no manifestación de voluntad política clara por parte del Congreso de sacar adelante los proyectos y el incumplimiento hasta la fecha del Gobierno Nacional de realizar un mensaje de celeridad al Congreso para que se prioricen en la agenda legislativa, generan un ambiente de incertidumbre. Así, es importante reiterar la necesidad de convocar a una audiencia ciudadana en el Congreso para que la sociedad presente observaciones y recomendaciones a los proyectos.

Las votaciones de la consulta anticorrupción dieron una oportunidad única para luchar contra esta problemática en Colombia, fortalecer las instituciones encargadas de enfrentarla y dar las herramientas al Estado para efectivamente disuadir a los corruptos. Esta es una oportunidad que no puede perderse.