Guepajep

“Bajo condiciones de tiranía es más fácil actuar que pensar”.
Hannah Arendt

La Justicia Especial Para la Paz, con algunos tropiezos, está operando. A la fecha, de un total de 11.468 comparecientes, en su mayoría ex combatientes de las Farc o ex miembros de la Fuerza Pública; y con el sometimiento voluntario de otros 33 Agentes del Estado, seguramente en busca de recuperar su buen nombre, en términos comerciales, o para rehabilitar sus derechos políticos o reintegrarse a sus cargos públicos. En todos estos casos, más allá de las interpretaciones jurídicas sobre la participación de terceros, la pregunta sería: ¿Qué pasa con los agentes del Estado, que aún no han comparecido a la JEP, como una alternativa para solucionar sus entuertos judiciales?

Quizá le teman a que sea una caja de pandora o a que se revivan situaciones adversas del pasado o están en una franja de confort, con sus redes de apoyo ocupando estos espacios. También, que no tengan información pertinente o no la quieran revelar por miedo o conveniencia, pensando que, así sean aceptados, terminen por ser excluidos del sistema y puedan perder los beneficios de este modelo de justicia restaurativa. Quizás no hayan digerido aún, que bajo el principio de favorabilidad y del debido proceso, hay un tratamiento especial, simétrico, diferenciado, simultáneo, equitativo, y equilibrado, a quienes se presenten voluntariamente a esta jurisdicción, en los 3 años siguientes de su puesta en marcha. En ese sentido, el sistema incluye criterios de priorización, penas alternativas, sistema de asesoría y defensa técnica gratuita, y hasta la suspensión de la ejecución de las penas, o condicionada de la acción penal, entre otras posibilidades, de las que estos actores podrán echar mano para cerrar este perverso capítulo de la historia de la humanidad.

Poco a poco se ha revelado que los grupos armados ilegales, en su ejercicio contrainsurgente, sólo podían operar si establecían alianzas (con contrapartidas onerosas, agregadas a su accionar criminal) con los actores claves del territorio, con el fin de mantener los privilegios e intereses de poder o de imponer un nuevo orden político, social y económico, que partía del mito fundacional de la falta de presencia del Estado o de alguna que otra venganza personal. Tal vez por esto, también se ha sostenido que, con contadas excepciones, pocos podían hacer política sin el beneplácito de los actores armados o, también, en esa vía, algunos sostienen la tesis de que hay más responsabilidad colectiva y del Estado, que individual.

De todos modos, en muchos casos, más que una estrategia contrainsurgente, estas alianzas de la “Parapolítica”, sirvieron para imponer candidaturas, en algunos ocasiones únicas, con presiones armadas, a quienes pretendieran disputarle el territorio; además, permitieron perpetuar los poderes políticos regionales, con el secuestro de las rentas públicas; renacer élites venidas a menos, con la financiación recibida a cambio de contratos u otros recursos; parcelar el electorado, para lograr escaños en corporaciones públicas o cargos locales, al servicio de actores armados; nóminas de autoridades a sueldo, para borrar evidencias, colaborar con información o hasta manufacturar pruebas contra sus contradictores; también, posibilitaron una mayor concentración inequitativa de la riqueza, despojo de tierras y una gran fábrica de víctimas.

En este punto, es necesario manifestar que esta mesa, para poder funcionar requiere de sus cuatro patas: excombatientes insurgentes, ex miembros de la Fuerza Pública, otros Agentes del Estado y los llamados “terceros”. Lo definitivo son los aportes a la verdad, a la reparación a las víctimas y a la garantía de no repetición, de quienes comparezcan, de forma imperativa o voluntaria, a la JEP en busca de Acuerdos Especiales; y que haya una relación directa de las conductas, en el marco del conflicto armado. Sin embargo, bajo la idea que se ha sembrado de que el sistema tiene un sesgo político, si no se presentan en los términos perentorios, se truncaría la posibilidad de avanzar en la construcción de la Paz, con estos Juicios de Núremberg a la colombiana, en un tribunal, con reglas propias y temporales, fruto de una solución política dialogada, y en un escenario, en que no hay vencedores ni vencidos, sino está presente el anhelo de reconciliación.