Mario Montoya en la JEP,
16 años de Orión y una verdad que no llega

El pasado 17 de julio de 2018 el general en retiro Mario Montoya Uribe presentó escrito a la sala de definición de situaciones jurídicas manifestando su intención de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, se trata del más alto mando militar sometido a la Justicia Especial para la Paz.

Montoya Uribe es oriundo de Buga, Valle del Cauca, tiene 67 años y ha sido el militar más condecorado del país, ha obtenido 7 veces el reconocimiento de la Cruz de Boyacá. En 2006 llegó a ocupar el cargo de General del Ejército Nacional de Colombia, el máximo en las Fuerzas Militares.

La lista de sus actuaciones en actividades delictivas es amplia. Durante el desempeño de sus funciones, las poblaciones en las que ejercía control fueron epicentros de acciones paramilitares, se conoce de su participación para facilitar la actuación criminal de estructuras paramilitares como la Alianza Americana Anticomunista (conocida como la TRIPLE A) cuando prestaba sus servicios en el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Gr. Ricardo Charry Solano. Como comandante de la Cuarta Brigada, estuvo al Mando de la Operación Orión y en diferentes fotografías, videos y la memoria de los pobladores de Bojayá ha quedado registrada la connivencia de sus tropas con los paramilitares para huir de esta zona un día después del enfrentamiento presentado con las Farc, hoy conocido como la masacre de Bojayá. Todo ello sin olvidar que, durante su comandancia en el Ejército, se presentaron las mayores cifras de ejecuciones extrajudiciales en el país, para Montoya de acuerdo con el manual impartido en los batallones, “Las bajas no eran lo más importante, eran lo único”.

Su pasó por la ciudad de Medellín, como comandante de la Cuarta Brigada –cargo que ocupó en el período comprendido entre el 28 de diciembre de 2001 y el 15 de diciembre de 2003– dejó un alto índice de violaciones a los derechos humanos, destacándose las operaciones realizadas para la “toma” de la comuna 13: Operación Otoño, Contra fuego, Mariscal, Potestad, Antorcha y Orión fueron los grandes despliegues de la fuerza pública realizados durante el año 2002 en los barrios de la Comuna 13 y se desarrollaron a la par de una creciente operatividad del Bloque Cacique Nutibara, las acciones ofensivas de la fuerza pública y de los paramilitares dejarían a su paso un alto costo de graves violaciones los derechos humanos de sus habitantes.

La Operación Orión fue ordenada por el entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez y comandada por Mario Montoya. Uribe buscaba, según el Estado colombiano, acabar con la presencia de Milicias Urbanas de las Guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc, de los Comandos Armados del Pueblo – CAP y del Ejército de Liberación Nacional – ELN.

Tuvo su inició el 17 de octubre del año 2002, cuando ingresaron a la Comuna 13 personal del Ejército Nacional, de la Policía del Valle de Aburrá, del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, de la Fiscalía y de su Cuerpo Técnico de Investigaciones, entre otras instituciones, quienes se hacían acompañar por personas encapuchadas que hacían parte del Bloque Cacique Nutibara. En su desarrollo no se respetó a la población civil, no hubo garantía para sus derechos y la comuna fue tomada a sangre y fuego sin importar que quienes quedaban en medio y recibían las balas nada tenían que ver con el conflicto que se desarrollaba, se desplegó una estrategia militar de guerra irregular en una zona urbana, fue una operación abiertamente violatoria del Derecho Internacional Humanitaria. Las cifras fueron alarmantes, de acuerdo con las registradas por la Corporación Jurídica Libertad se presentaron 80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por la Fuerza Pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desaparecidas forzosamente y 370 fueron detenidas de forma arbitraria.

Los días posteriores a la operación Orión evidenciaron el modelo de control social que se pretendía imponer desde el gobierno nacional y municipal en las comunas de Medellín, y es así como le fue entregado el control de la Comuna 13 al Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia quienes coparon los espacios dejados por las insurgencias, y fueron consolidando la operación Orión a través de desapariciones forzadas, homicidios y desplazamientos. Al día de hoy, este modelo de control social se mantiene, el resultado sigue siendo un territorio tomado por paramilitares y una población atemorizada viviendo en medio de la angustia constante.

La operación Orión será uno de los casos por los que el general retirado Montoya Uribe, deberá responden ante la Jurisdicción Especial para la Paz, hecho que ha llenado de optimismo a la víctimas quienes han visto una oportunidad de conocer la verdad de lo sucedido con sus familiares, pues el acogimiento voluntario ante el organismo de justicia transicional ha sido interpretado como su compromiso con el proceso de paz, su compromiso de contar la verdad, de reconocer a las víctimas y contribuir con sus derechos.

Sin embargo en las audiencia celebradas el pasado 13 de septiembre y 17 de octubre, las víctimas y sus representantes fueron sorprendidas por declaraciones del abogado de Montoya Uribe en las que solicitó a los Magistrados que un grupo de víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales no fueran reconocidas y precisó que la comparecencia ante la JEP de su representado obedecía a su interés de demostrar su inocencia, quedando claro que no es su interés reconocer los hechos y contribuir con la verdad, evidenciándose así que en sí mismo su acogimiento no es una garantía de los derechos de las víctimas.

Ahora la Sala de Definición de Situación Jurídica ha decidido remitir la actuación a la sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, donde tendrá inicio el proceso y deberá resolver el trámite que se debe seguir, lo que se espera es que allí, ante la manifestación de Montoya Uribe, se ordene que su caso sea remitido a la Unidad de Investigación y Acusación donde estará el reto de, a través de un proceso contradictorio, recopilar las pruebas para lograr establecer su responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante su carrera militar.

Mientras estos debates se dan en la Justicia transicional, la verdad para las víctimas de Orión, “Ejecuciones Extrajudiciales” y de los demás hechos cometidos por Mario Montoya, parece nunca llegar, aunque es muy temprano en el tiempo procesal y en lo realizado por la JEP, se van vislumbrando los tropiezos para acceder a la verdad, esperamos que este escenario no permita una revictimización para quienes esperan que se haga justicia, pero sobre todo para quienes esperan la verdad, esa que ayudaría a sanar el dolor de quienes por años solo han recibido de parte del condecorado General, impunidad.

Las víctimas de crímenes de Estado confían en que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición será un escenario para la garantía de sus derechos y logrará develar la criminalidad estatal como primer paso para que no se repita la historia con nuevas víctimas.

¡Que todos los responsables digan la verdad, incluido usted General!