Derecho a la Educación (Artículos 13 y 14 del Pacto)

Continuamos con la publicación de los 8 capítulos para hablar del estado de los DESCA en Colombia, compartiendo el capítulo del informe, un programa radial de la serie radial, “Así Van Nuestros Derechos” y un infográfico (Ver aquí…) para entender la situación de cada uno, en esta ocasión el informe de Derecho a la Educación que pueden escuchar en el siguiente link: Derecho a la educación.

Persistencia de la brecha urbano-rural. Persisten graves problemas en política educativa. Un primer síntoma se refleja en las brechas que surgen entre zonas rurales y urbanas en cuanto al nivel de garantía del derecho se refiere. La población mayor de 5 años cuenta, en promedio, con 7,5 años de educación. En el área urbana el promedio es de 8,2 años y en la rural es de apenas 4,9, reflejando una grave asimetría entre el mundo rural y el de las ciudades.

Analfabetismo. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) señaló que Colombia tiene una tasa de analfabetismo del 5.8%, es decir, que alrededor de 1.802.637 personas mayores de 15 años en Colombia no saben leer ni escribir. Los resultados del reciente Censo Nacional Agropecuario presentados por el DANE en el año 2015 evidenciaron que en el sector rural la tasa de analfabetismo llega al 12.4%. En algunos departamentos de la Costa Atlántica (La Guajira, Cesar, Magdalena, Sucre, Atlántico) y en el departamento del Chocó, la tasa de analfabetismo alcanza el 20% de la población. Cabe señalar que el 19.6% de las personas mayores de 15 años que se reconocen como pertenecientes a grupos étnicos dicen no saber leer y escribir1.

Gratuidad a medias. En el Informe entregado por el gobierno colombiano al CDESC, se afirma que “El Decreto 4807 de 2011 reglamentó la gratuidad total para todos los estudiantes de las instituciones educativas estatales matriculados en los grados de transición a undécimo”. Sin embargo, el gobierno admite que la plena gratuidad, acorde a los estándares de derechos humanos, no se ve cumplida, pues “se exceptúan de ese beneficio los estudiantes de ciclos 1 al 6 de educación para adultos, el ciclo complementario de las escuelas normales superiores, grados 12 y 13, y los estudiantes atendidos en instituciones educativas estatales que no son financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones”.

Grave crisis de financiación educativa. La educación en Colombia enfrenta una crisis de financiación desde 2007, cuando el sistema constitucional de transferencias públicas hacia los entes territoriales (departamentos, municipios y distritos) fue reformado recortando el presupuesto educativo. Se calcula que entre 2002 y 2015 tal reducción de presupuesto representó para los entes territoriales un recorte cercano a los $108 billones (al rededor de US$ 36’834.924.965). Como efecto de esa reducción, los municipios deben hacer esfuerzos para financiar el déficit presupuestal educativo apelando a recursos propios.

Otro aspecto que evidencia los problemas financieros de la educación pública es la permanente crisis presupuestal de las universidades públicas, situación que ha profundizado la autofinanciación por la vía de venta de servicios, tendencia que propicia un paulatino proceso de privatización. Desde el año 2012 el Sistema Universitario Estatal identificó un déficit de $11,15 billones, que ha venido aumentando desde entonces. Un ejemplo de lo anterior puede constatarse en la Universidad Pedagógica Nacional, que en los últimos cinco años aumentó en 128% el número de estudiantes matriculados en pregrado y en 131% los de posgrado, para así suplir un déficit de presupuesto que debe ser financiado en 46% por el propio centro educativo. Por lo anterior, en la actualidad apenas un 20% de los profesores son de planta. Otro ejemplo es la Universidad Nacional de Colombia, que tiene una deuda acumulada de $200 mil millones de pesos (US$68.212.824) debido al presupuesto insuficiente que recibe. Tal déficit obliga a la universidad a autofinanciarse en un 50%. La gravedad de la situación se confirma con la circular 024 de 2016 expedida por el Gobierno nacional, que orienta a las instituciones de educación superior reducir sus costos en servicios públicos, docentes ocasionales, salidas de campo y publicaciones.

Política educativa sin enfoque de derechos. En los últimos años la política educativa se ha perfilado con programas como “Ser pilo paga”, que convierte a la educación en un bien basado en el mérito, un bien al que solo acceden los mejores, en lugar de concebirse como un derecho universal. Este programa tiende a favorecer al sector privado, puesto que gran parte de los recursos públicos terminan en manos de universidades privadas. Para 2015, apenas el 13,4% de las becas de “Ser pilo paga” llegaron a universidades públicas. En ese orden, el monto de las subvenciones públicas por cada estudiante universitario equivale aproximadamente a $5.000.000 anuales, mientras en los institutos técnicos y tecnológicos tal monto asciende $1.000.000; en contraste, para uno de los jóvenes seleccionados en el programa Ser Pilo Paga se le asigna en promedio $15.000.000, que en su mayoría va a las arcas de las instituciones privadas. Mientras tanto, el aporte a las universidades públicas como porcentaje del PIB sigue descendiendo, como ha ocurrido en los últimos años, pasando del 0.56% en 1995 al 0.38% en 20112.

Crónica: La MANE 6 años después

La MANE —Mesa Amplia Nacional Estudiantil— se había conformado unos meses atrás. El llamado “Programa Mínimo” fue el centro de un debate que pasó de las universidades a las calles y de allí a los medios de comunicación, convirtiéndose en el tema central de la coyuntura a partir del 10 de octubre de 2011. Ese día el gobierno radicó la reforma de la educación superior en el Congreso. Entonces la MANE se convirtió en actor protagónico en la vida nacional hasta el 12 de noviembre cuando el gobierno tuvo que retirar su reforma debido al éxito de la lucha estudiantil y su legitimidad ante la ciudadanía.

El “programa mínimo” y la MANE significaban un esfuerzo unitario de los estudiantes sin precedentes desde 1971. Había sido elaborado sobre seis puntos fundamentales: 1. Financiación, 2. Democracia y Autonomía, 3. Bienestar, 4. Calidad académica, 5. Libertades democráticas, y 6. Relación Universidad–Sociedad.

Aunque la MANE logró neutralizar el propósito del gobierno Santos, no alcanzó ninguna reivindicación más. El propósito de construir una ley alternativa de Educación Superior —basada en una concepción de derechos y no en un burdo mercantilismo educativo— encabezaba el “programa mínimo”, que se extendió a la necesidad de construir desde las bases un nuevo país en paz. La idea de radicar un proyecto de ley de origen popular también alentó a otros sectores sociales a luchar por este objetivo. Pero el año siguiente, la MANE –aislada– fue perdiendo cohesión y liderazgo hasta disolverse, empeñada en la redacción de un texto. Lo que siguió fue el desdibujamiento de ese propósito de la agenda pública y de la vida universitaria hasta que nuevamente aparece en octubre de 2017 cuando salta a las calles de nuevo el grito universitario ante la alarmante situación financiera.

Con las movilizaciones estudiantiles del 2011 el malestar universitario irrumpió en la vida nacional como un problema social y los estudiantes ganaron un cuarto de hora de buena opinión pública tras décadas de estigmatización y criminalización sistemáticas. Los maestros universitarios, a la zaga de sus estudiantes, empezaron a darse cuenta de que también son ciudadanos. En suma, desde entonces quedó constancia que existe en las universidades del país una necesidad radical de ciudadanías reales y efectivas.

El gobierno, entre tanto, no volvió a interesarse en proponer una ley que sustituyera a la Ley 30 y por vía CESU —Consejo Nacional de Educación Superior— enlistó en el documento “Acuerdo por lo Superior 2034” toda suerte de asuntos, sin carácter vinculante, que se asumen como los lineamientos de política pública para la educación superior en el país. Este documento y el proceso como fue “concertado” tuvo un carácter desmovilizador porque se trató de que se participara para no decidir.

Si se quiere saber en realidad cuáles han sido las políticas en relación con la educación superior en Colombia durante los dos cuatrienios de Santos, hay que ir a los planes de desarrollo:

• Mantener la desfinanciación/sometimiento constante de las Universidades Públicas con la cosmética de los recursos CREE (Impuesto sobre la renta para la equidad).

• Apuntalar la política “Ser pilo paga” –SPP– con su contenido elitista y de despojo de la institucionalidad pública a favor de los bancos y las universidades privadas. La estrategia del régimen consiste en imponer desde el Congreso una ley que consagre SPP como una política permanente o de Estado, afectando hasta la misma base presupuestal que rige desde 1992. Significa esto que se está prácticamente en la misma situación del 2011.

Las preguntas que surgen de este proceso en relación con la actual coyuntura tienen que ver con el porqué la plataforma de lucha y las convocatorias de la MANE trascendieron más allá de las universidades y vuelven a resurgir en la memoria colectiva por estos días. Al menos tres elementos lo explican:

1. El programa mínimo y el respaldo a las movilizaciones estudiantiles expresó el sentir de quienes experimentamos a diario que el derecho a la educación se vulnera en Colombia y que el Estado no cumple con sus obligaciones y su compromiso real es que en nuestro país la educación no sea más que una mercancía.

2. La democracia participativa y la soberanía popular son principios fundantes del pacto de paz que se concretó en la Constitución Política de 1991. El estado debe facilitar y garantizar la participación de las mujeres y los hombres de este país en las decisiones que los afectan (art.2) y la soberanía popular se ejerce de modo directo o a través de representantes (art.3). Un cuarto de siglo después estos principios no son todavía realidad sino propósitos por los cuales luchar. Un ejemplo de ello, entre muchos que podrían tenerse en cuenta, se encuentra en las movilizaciones estudiantiles de octubre de 2011.

Los gobiernos, uno tras otro, sin diferencias, han burlado la democracia participativa que se conquistó formalmente en el año 91, pero que no ha sido una realidad. En 2011, para estudiantes y profesores universitarios y progresivamente para la ciudadanía, quedó claro que la educación es un asunto de todos y no solamente del gobierno de turno.

3. El país debate su futuro en el cumplimiento e implementación de acuerdos con la ahora fuerza comunera revolucionaria y el proceso de negociación con ELN. Lo inicialmente pactado con esta insurgencia supone la participación decisoria de las ciudadanías entre otros puntos.

Vista desde hoy, las movilizaciones estudiantiles de 2011 expresaron un ascenso de la presencia política popular que llegó a superar las frecuencias de las luchas sociales más altas en la historia de los movimientos sociales en Colombia desde el paro de 1977. Por esto la reforma, inaplazable, de la Ley 30 de 1992 hace parte de las negociaciones que el gobierno debe entablar con los movimientos sociales, empezando por los jóvenes estudiantes, para construir un pacto cierto, estable y duradero de una sociedad con conflictos que se tramiten pacíficamente a partir del diálogo y la democracia real. No como ocurrió en el 2011.

¿Cabe la opción de que se constituya un escenario de concertación nacional sobre la reforma universitaria que aporte a la construcción de la paz? ¿Dicho escenario debería abordar el asunto de la memoria, verdad, justicia y reparación colectiva de las comunidades universitarias lesionadas por la guerra? ¿Tal vez empezando por la financiación suficiente que subsane el déficit programado y sostenido a punta de represión?

La lección del 2011 es contundente: para que la democracia real florezca son imprescindibles las universidades públicas.

Camilo Enrique Jiménez Camargo
Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional Miembro de ASPU UPN y
del Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz