Las organizaciones sociales y plataformas que trabajamos por la paz y los derechos humanos en la Convergencia POR LA PAZ, rechazamos el atentado con explosivos que segó la vida de 21 personas y dejó decenas de heridos en la Escuela General Santander de la ciudad de Bogotá, y nos solidarizamos con los familiares y allegados de las víctimas.

Desde las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional seguimos insistiendo y haciendo un llamado al Gobierno de Colombia para que se revisen los mecanismos colectivos de protección que son más eficientes que una medida individual, e igualmente se requieren campañas para la prevención de actos de violencia contra defensores de DDHH y líderes sociales.

“Es realmente extraordinario tener 37 toneladas de armamento inutilizado en un piso que se convierte en espacio de arte y memoria que se abre para cualquier ciudadano y para que generaciones de artistas, presentes y futuras, sigan elaborando la narrativa del conflicto. Es una continuación de lo que he hecho siempre, que es vacío, silencio y ausencia…”

Las decenas de plantones que se realizaron frente a las sedes de la Fiscalía en todo el país, fueron convocadas por las redes sociales por activistas virtuales que consiguieron mover a miles de colombianos en una fecha que no parecía ser la más oportuna por cuanto recién se terminaban las fiestas de principio de año y mucha gente estaba en “modo vacacional”.

Vuelve y juega, ahora, de manera intempestiva pero no sorpresiva, el Ministro Carrasquilla propone salir a ofertar por parte de la Nación el 8.9% de las acciones de Ecopetrol con el fementido propósito de tapar el hueco fiscal, cuando en realidad de lo que se trata es de taponar la tronera que se les abrió a los ingresos del Estado con la Ley de desfinanciamiento, que es como la llamó apropiadamente la Asociación Colombiana de Instituciones Financieras (ANIF).

La CIDH recomienda a los Estados “que diseñen marcos regulatorios orientados a proteger y facilitar el ejercicio de la protesta social y adopten medidas especiales para proteger a los y las periodistas que cubren situaciones de alta conflictividad social (…)”.

Por lo general la mayoría de los Planes de desarrollo del departamento y los municipios no han logrado reducir de manera significativa y sostenida las graves y viejas deficiencias y carencias que padece gran parte de la población urbana y rural de Córdoba. Esta preocupante verdad exige explicaciones de los involucrados e interesados en estos temas. En cumplimiento de mi deber como nativo de estas tierras y ciudadano les presento la primera parte de un trabajo que intenta interpretar lo sucedido en el área rural y proponer algunas posibles salidas.

El surgimiento de los Chalecos Amarillos en Francia denota una crisis de representación de los partidos políticos y de legitimidad del actual gobierno que llegó por un golpe de suerte dentro del enfrentamiento con la señora Le Pen, el electorado favoreció a Macron para evitar el triunfo de la ultraderecha animada por el partido Frente Nacional. La agenda del nuevo presidente resultó demasiado neoliberal y las cargas fiscales detonaron la reacción ciudadana. En esa campaña política también resultó derrotado el socialismo que encarnaba el candidato de Hollande, y perdió la formación política de Jean Luc Melenchón.

El transfuguismo es una práctica política y un comportamiento humano muy corriente y hasta celebrado en las sociedades contemporáneas. Personajes que, prevalidos de una inteligencia situacional y de dotes especiales para la simulación y la actuación –como Fouché– asumen posturas acomodaticias, trepadoras y logreras que consiguen encubrir bajo el velo de discursos imbuidos de cinismo.

En la época en que ocurrieron los hechos, se presentaron en Colombia numerosos ataques contra empleados de la administración de justicia. El 18 de enero de 1989, cerca al corregimiento de La Rochela, en el municipio de Simacota, Santander, fue perpetrada por un grupo paramilitar una masacre en la que murieron 12 de un total de 15 funcionarios judiciales que investigaban varios delitos en la zona. El crimen fue el resultado de una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y algunos miembros del Ejército, y se enmarca dentro de un contexto de violencia contra funcionarios judiciales.