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Desde las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional seguimos insistiendo y haciendo un llamado al Gobierno de Colombia para que se revisen los mecanismos colectivos de protección que son más eficientes que una medida individual, e igualmente se requieren campañas para la prevención de actos de violencia contra defensores de DDHH y líderes sociales. |
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María Angélica Hernández Guzmán |
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Magíster en Comunicación, Cultura y Ciudadanías Digitales, Asesora estrategia de Comunicación Pública – Corporación Viva la Ciudadanía |
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A quien no les llegó la Paz, por la que tanto han trabajado, es a nuestros líderes sociales. La ONG Somos Defensores, aseguró que la impunidad de estos asesinatos es del 87% en los más de 500 crímenes de líderes entre 2009 y 2017. En 2018, fueron asesinados 164 líderes en Colombia y en 2019, hasta ahora, van 8. Los homicidios de líderes sociales en nuestro país dan cuenta de una crisis, de grandes proporciones, a nivel de violación de Derechos Humanos. La Organización de las Naciones Unidas – ONU, en un informe que reveló a inicios de 2018, aseguró que las categorías de defensores más amenazados son: líderes comunitarios, indígenas, campesinos, afrocolombianos y sindicalistas, y que aparentemente el asesinato de líderes corresponde por apoyar las políticas derivadas del Acuerdo como es la sustitución de cultivos ilícitos y la reforma rural integral. Éste informe también evidenció que el 64% de los asesinatos de líderes en Colombia han sido en zonas de conflicto donde hacían presencia las Farc, y que la falta de autoridad estatal y retrasos en la implementación del Acuerdo Final han permitido el aumento de la violencia por parte de grupos y bandas criminales. Uno de los departamentos que más amenazas ha recibido es Antioquia y después está el Cauca, debido a la aparición de nuevos panfletos amenazantes por parte de las Autodefensas Gaitanistas y un nuevo grupo llamado Agucan contra funcionarios públicos y líderes sociales, el temor se propagó y provocó el año pasado la renuncia de más de 110 líderes que venían trabajando diversos procesos en Antioquia. Otras zonas donde también se presentaron dichas renuncias fue en el Valle de Aburrá, Norte de Antioquia, Bajo Cauca, Nordeste y Urabá. Indepaz, el pasado 11 de enero de 2019, presentó una cartografía donde revela que 566 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados desde el 1 de enero de 2016 al 10 de enero de 2019. ¿Qué hacemos ante esto? Seguir en su defensa. Pero ¡Ojo! No nos quedemos en el activismo. Aquí en el país debemos trabajar por dignificarlos, movilizarnos digitalmente y en las calles, que es desde donde se generan los cambios. Esto, literalmente, es una Emergencia Humanitaria. Desde las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional seguimos insistiendo y haciendo un llamado al Gobierno de Colombia para que se revisen los mecanismos colectivos de protección que son más eficientes que una medida individual, e igualmente se requieren campañas para la prevención de actos de violencia contra defensores de DDHH y líderes sociales. Edición 619 – Semana del 18 al 24 de enero de 2019 | |||||||||||||
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