Las linternas ciudadanas enfrentan
la oscuridad del fiscal general en Colombia

La protesta ciudadana realizada en numerosas ciudades de Colombia el pasado viernes 11 de enero para exigir la renuncia del Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira, mostró un enorme potencial de lucha que augura que se puede desencadenar un gran movimiento por la “restauración moral de la república”1.

El Fiscal NHMN al igual que el renunciado fiscal de Perú, Pedro Gonzalo Chávarry, se encuentra cuestionado por sus vínculos con el Grupo Aval, socio de la empresa Odebrecht, protagonista de las más grandes y escandalosas operaciones de corrupción en América Latina. Hoy está acorralado por las denuncias de valientes periodistas independientes como Daniel Coronell, María Cecilia Orozco Tascón y Maria Jimena Dussán, entre otros (as).

Siguiendo el ejemplo mostrado por el pueblo peruano que logró presionar la salida del Fiscal Chávarry, miles de personas en Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Armenia, Pasto, Riohacha, Popayán, Villavicencio, Ibagué y otras ciudades, salieron a las 6 pm a alumbrar la noche con sus linternas, como símbolo de que existe la suficiente conciencia y dignidad para sacar de la oscuridad a Martínez Neira y enfrentar decididamente a quien representa el poder criminal de una oligarquía plutocrática descompuesta y de toda la casta política que lo apoya.

Las decenas de plantones que se realizaron frente a las sedes de la Fiscalía en todo el país, fueron convocadas por las redes sociales por activistas virtuales que consiguieron mover a miles de colombianos en una fecha que no parecía ser la más oportuna por cuanto recién se terminaban las fiestas de principio de año y mucha gente estaba en “modo vacacional”.

Numerosos sectores políticos y sociales exigen a Martínez Neira la renuncia por considerar que no garantiza la independencia e imparcialidad en esa importante institución de justicia. De hecho, no puede ser juez y parte frente a sus antiguos empleadores, pero lo más grave es que todos los días aparecen pruebas irrefutables de la forma como utiliza su alto cargo para ocultar y tapar numerosos delitos, en los cuales aparece comprometido.

Pero, además, se presenta paralelamente una oleada de asesinatos de líderes sociales que tienen atemorizados a amplios sectores sociales en zonas rurales, en donde grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico, a economías criminales como la minería ilegal, a mega-proyectos energéticos y a mafias locales y regionales, asolan los territorios sin que la justicia o la fuerza pública les garanticen las mínimas condiciones de seguridad.

Está por verse si las organizaciones sociales y los movimientos y partidos políticos alternativos, progresistas y de izquierda son capaces de coordinar sus acciones para encauzar la rabia y la indignación de cientos de miles de personas que apoyan la causa de lograr la renuncia del Fiscal General. Además, se trata de construir un gran movimiento ciudadano y popular que asuma las tareas necesarias para el momento como son:

- La creación de una Comisión Internacional de Justicia avalada por las Naciones Unidas para intervenir en los casos más sonados de corrupción y proponer soluciones estructurales al aparato de justicia en Colombia.

- Construir un proceso masivo para impulsar una iniciativa ciudadana para reformar estructuralmente todo el aparato de justicia y órganos de control.

- Organizar y posicionar una Gran Veeduría Ciudadana y Popular que intervenga en los procesos judiciales que comprometen a la empresa brasileña Odebrecht, al Grupo Aval cuyo principal dueño es el multimillonario Luis Carlos Sarmiento Angulo, a otras empresas comprometidas y a toda la casta política corrupta.