Medios de comunicación oficial son del Estado
“jamás, nunca” de un gobierno o autoridad en turno

 

La información es un derecho constitucional establecido igualmente por la carta de los Derechos Humanos y NO es propiedad, ni dominio de ningún poder, de ninguno. Los medios de comunicación oficial son del Estado para ayudar a pensar y reflexionar, y que nadie, nadie, tiene por qué censurarlos. Así de sencillo.

 
María Angélica Hernández Guzmán
 
Magíster en Comunicación, Cultura y Ciudadanías Digitales.
Asesora en Comunicación Pública y Movilización Social de Viva la Ciudadanía
 
 

La información es un derecho constitucional, léase: Artículo 20 – Constitución Política de Colombia. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

El investigador (Barbero 2000:10) afirma, que resulta evidente que cuando hablamos de comunicación “de lo que estamos hablando es de un bien público” puesto que la comunicación se ocupa de la articulación de sentidos compartidos y es la figura de la mediación.

La comunicación debe cumplir una función pura dentro de un proceso como instrumento de construcción de sociedad. Comunicamos para socializar contenidos legibles a diversas poblaciones buscando construir ideales. Comunicamos para movilizar cuando nos proponemos articular propósitos realizables y pertinentes para diferentes sectores de la sociedad con autonomía cultural e ideología política. Eso afirma el modelo de comunicación pública y movilización social, implantado por Juan Bernardo Toro.

No debería ser una odisea que, en nuestro país, ni en ningún otro, tengamos medios de comunicación para el servicio público que garanticen la participación ciudadana. La misión de los Medios del Estado o Medios Oficiales se relaciona con el ejercicio de los derechos ciudadanos, se supone que, allí deben confluir las representaciones de diferentes identidades culturales y de construcción de la democracia, donde se deben crear espacios que ayuden a recomponer nuestro tejido social, donde se ejerza ciudadanía para dejar de ser neutrales.

Los medios de comunicación del Estado tienen sentido cuando cuentan con pluralidad, participación social, cuando garantizan y generan mecanismos para que lo/as ciudadano/as se expresen libremente. Por lo tanto, la libertad de expresión en estos medios no puede ser reducida y mucho menos impuesta en reuniones o a gusto de un gerente o marioneta de turno, o de un director. Estos medios lo que más deben generar es: confianza, aquella que los masivos ya no inspiran, ni generan, ni producen, ni nada.

La actual comunicación y sus medios, en mi respetuosa opinión, deberían ejercer como proyecto político, pero no partidista, que tomen posición, pero frente a una problemática específica y concreta que se vive en nuestros contextos sociales, que reivindiquen y defiendan, pero nuestros derechos individuales y colectivos frente a los grandes poderes, que le apuesten al ciudadano para ser escuchado, para eso deben estar, en esa función. ¿Qué esto no pasa? Sí, también lo sé.

Simple y claro: la información es un derecho constitucional establecido igualmente por la carta de los Derechos Humanos y NO es propiedad, ni dominio de ningún poder, de ninguno. Los medios de comunicación oficial son del Estado para ayudar a pensar y reflexionar, y que nadie, nadie, tiene por qué censurarlos. Así de sencillo.

Edición 620 – Semana del 25 al 31 de enero de 2019
   
 
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