Una “Liga por la Democracia” para
defenderla del autoritarismo y la intolerancia

No buscan inmolarse… no quieren ser héroes… no persiguen la gloria efímera de las redes sociales. Su propósito es defender y fortalecer la democracia participativa, a partir de los mecanismos de participación ciudadana que le dan vida; en particular, las consultas populares y las consultas previas libres e informadas para comunidades étnicas, así como también proteger el derecho a expresarse para incidir en las decisiones públicas mediante la movilización y la protesta social.

Con este propósito, cerca de 300 líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales de todo el país, junto con un grupo de congresistas de la bancada alternativa, acordamos crear la Liga por la Democracia.

Y aunque no se trate de desplegar acciones heroicas, ocurre que hoy por hoy en Colombia ser líder social trae consigo, para valiosas mujeres y hombres que promueven e impulsan estos mecanismos de participación ciudadana, una cuota cada vez más alta de sacrificio de sus propias vidas y de amenazas a su integridad personal y la de sus comunidades. Parece absurdo, porque están haciendo uso de sus derechos a la libre expresión, a reunirse y manifestarse públicamente, a la libertad de pensamiento y a participar de los asuntos públicos.

¿Qué puede pensarse del talante de un Estado y una sociedad que no protege y garantiza los derechos y las libertades fundamentales de todos sus integrantes sin discriminación, si no asegura la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, es decir, que en la práctica todos y todas podamos disfrutar de esos derechos y libertades?

Parece que, como país, nos vamos rajando en esa asignatura, porque si bien la participación ciudadana en sus diversas formas, mecanismos, instancias y modalidades de acción es reconocida y protegida por el orden constitucional y legal colombiano, en la práctica poco se respeta y garantiza cuando quienes actúan, reclaman y defienden sus legítimos derechos, se enfrentan a poderes políticos y económicos que no están dispuestos a ceder ni un ápice de su poder y privilegios. La democracia se resquebraja si no hay derecho a tener derechos.

Esto se deja ver en las pretensiones de reforma legal que impulsan algunas bancadas del Congreso, para limitar el alcance de las consultas populares y la consulta previa, libre e informada a las comunidades étnicas, mecanismos que han dejado ver con claridad la distancia que hay entre lo que piensan y sueñan los habitantes de un territorio específico, con respecto a los intereses de sectores que pretenden obtener beneficios económicos y políticos particulares de ese mismo territorio.

Y también sucede con la protesta social, modalidad de acción colectiva en las calles, mediante la cual grupos de ciudadanos, organizados o no organizados, participan de manera directa para expresar intereses específicos frente a la sociedad, para manifestar sus reclamos frente al poder público y a las actuaciones institucionales; o también demandar la protección de derechos vulnerados o negados. Pues bien, sobre la protesta pesa la intolerancia y la estigmatización que se refuerza con una respuesta estatal que la mira desde la perspectiva de orden público, que por regla general la equipara con los disturbios. De esta forma, se privilegian las respuestas policivas y no se escuchan los legítimos reclamos de sectores sociales que no cuentan con otro recurso diferente para hacerse oír de las autoridades y de la opinión pública.

Así las cosas, nos encontramos hoy como país frente a una amenaza contra la democracia, pues los intentos de limitar la participación ciudadana y restringir su alcance a lo meramente procedimental, atenta contra el sistema de contrapesos –necesarios para asegurar la salud de un sistema democrático– y acelera de manera preocupante la concentración del poder y la autoridad en manos de unos pocos privilegiados, situación que nos conduce peligrosamente hacia el poder autoritario.

Este riesgo se enfrenta con una ciudadanía activa, capaz de intervenir e interpelar el poder político, de cuestionar el orden establecido y de promover sociedades menos desiguales, más incluyentes, respetuosa de la diversidad y abierta a oír las voces y sentires de la ciudadanía en diversos escenarios de toma de decisiones sobre asuntos públicos, dispuestas a reducir y transformar las asimetrías de poder existentes en la sociedad.

Necesitamos una democracia vigorosa, que multiplique los escenarios de deliberación pública para que se debatan los distintos proyectos sobre lo que debe ser el presente y el futuro de la sociedad y del ordenamiento público.

Entonces, sí: es imperioso contar con una ciudadanía activa. Por eso nos constituimos en Liga por la Democracia.