Violencia Política y Social
en Antioquia ¡Pare La Guerra!

Entre el 1 de enero de 2018 al 9 de enero de 2019, 330 líderes y lideresas colombianas han sido víctima de violencia política y de esos, 153 fueron asesinados(as), según el Observatorio de Violencia Política y Social, de la Misión de Observación Electoral – MOE, que le hace seguimiento a las amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y asesinatos cometidos en contra de: candidatos a cargos de elección popular, funcionarios de elección popular, altos funcionarios de las administraciones a nivel nacional, departamental y municipal, líderes políticos y dirigentes de partidos.

Antioquia, lamentablemente, es el departamento con el mayor número de líderes y lideresas afectados. En nuestro departamento fueron 55 las víctimas de violencia política, de los cuales 29 fueron asesinados(as). Estas agresiones se centraron en 17 municipios, en su mayoría de la zona Norte, Bajo Cauca, Nordeste, Urabá y parte del Valle de Aburrá; territorios afectados históricamente por el conflicto armado, donde hay niveles de pobreza extrema y necesidades básicas insatisfechas, con alta conflictividad social causada por la minería y los proyectos hidroeléctricos, además, de la presencia de numerosos y diversos grupos armados ilegales.

Los municipios con mayor número de afectados son Tarazá, Medellín, Ituango y Caucasia:

En Antioquia, por tipo de liderazgo, los más afectados son los líderes comunales que sufrieron 20 agresiones de las cuales 17 fueron homicidios, le siguen los líderes sociales con 19 agresiones de los cuales 9 fueron homicidios, y los líderes políticos que sufrieron 16 agresiones de los cuales 3 fueron homicidios:

Cuando se hace el análisis por filiación política, se encuentra que de los 55 líderes(as), 14 tenían una filiación política definida. La victimización se centró en 6 partidos, sin embargo, han sido el partido Farc y Colombia Humana quienes han puesto los muertos:

Los otros 41 líderes(as) no tienen una filiación política clara o eran funcionarios(as) sin partido.

Ya en 2014 y 2015 la MOE evidenció que hay una correlación entre fechas importantes del calendario electoral y el aumento de la violencia. Durante el 2018, los mayores picos de violencia se dieron en el inicio de campaña electoral, en elecciones de legislativas y el periodo entre la primera vuelta y segunda vuelta de elección presidencial y la consulta anticorrupción.

Este comportamiento explica, que estos liderazgos y los intereses que representan entran al juego de los apoyos y disputas políticas electorales. Las cifras muestran la profundización o no de la democracia y el nivel de construcción de paz en los territorios, entendida como la participación efectiva, no solo electoral (que evidencien pluralidad y no una hegemonía política), sino también la participación de la sociedad civil en la definición de las visiones y futuro para sus territorios; capacidad de control social y la capacidad de convivir y de llegar a acuerdos con aquellos que piensan diferente.

El 2019 es un año de elecciones locales y territoriales, estas cifras nos hacen un llamado para que se haga un pacto de no agresión y violencia durante las campañas electorales, para que el gobierno nacional implemente efectivamente el decreto 660 de 2018, que crea el Programa de Seguridad y Protección de Comunidades y Organizaciones en el territorio como también el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que permita avanzar no solo en las medidas de protección, sino también en el desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales que atenten contra la vida e integridad en los territorios y la promoción de una cultura de respeto por la diferencia para construir una democracia con mayor apertura y permitir que todos los sectores puedan participar. Necesitamos parar la violencia y por eso gritamos: ¡PARE LA GUERRA!