Violencia política hacia líderes
sociales, elecciones y política de guerra

El reciente informe de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales producido por la Misión de Observación Electoral (MOE, 2019), publicado por este medio el pasado 26 de enero de 2019, aunque coincide con otros informes y análisis políticos difundidos en los últimos seis meses, se destaca porque devela otras variables asociadas con este fenómeno y porque plantea una suerte de hipótesis que correlaciona este tipo de violencia política con dinámicas electorales en territorios en los que coinciden cuatro situaciones. Por un lado, varios de estos territorios tuvieron presencia de la guerrilla de las Farc por mucho tiempo, situación que propicia la disputa armada de bandas paramilitares, miembros del ELN y disidencias de las Farc por el control de recursos y la regulación de determinadas actividades legales e ilegales. Por otro lado, son lugares con presencia de cultivos para uso ilícito, situación que pone en disputa a quienes buscan mantener esta actividad y quienes promueven la sustitución voluntaria. En tercer lugar, estos territorios coinciden con las regiones seleccionadas para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales surgieron en el marco del punto uno del Acuerdo de Paz sobre Reforma Rural Integral, y que, entre otros objetivos, tiene como trasfondo la restitución de tierras a víctimas del conflicto armado. Por último, se trata de territorios en los que se están desplegando liderazgos locales fuertes que desafían a los clanes regionales que históricamente han dominado, por la vía electoral, no solo cargos de elección popular, sino también recursos públicos, clientelas y contratos.

A modo de ilustración, el informe expone los siguientes datos:

El informe comprende como violencia política hacia líderes políticos, sociales y comunales hechos victimizantes, como amenazas, secuestros, desapariciones forzadas, atentados y asesinatos, originados por sus actividades comunitarias en los territorios. Entre el 1 de enero de 2018 y el 9 de enero de 2019 han sido afectados por violencia política 330 líderes políticos, sociales y comunales, de los cuales 153 han sido asesinados. Aquí vale la pena tener en cuenta, a modo de antecedente, que en agosto de 2018 la Defensoría del Pueblo informó que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018 fueron asesinados 311 líderes sociales. Asimismo, la organización Somos Defensores señaló por esta misma época que, de todos estos casos, se evidencian avances en investigaciones tan solo en el 13 por ciento de las personas asesinadas.

Las personas asesinadas cumplían funciones como líderes políticos, sociales y comunales. Varios coordinaban organizaciones sociales y juntas de acción comunal en veredas o cascos urbanos. Dentro de estas funciones, muchos lideraban procesos de sustitución de cultivos ilícitos, reclamaban tierras como parte de las promesas de restitución a víctimas del conflicto armado y adelantaban acciones como defensores de derechos humanos.

Los hechos de violencia política hacia líderes sociales se han desplegado en 27 departamentos de Colombia, específicamente en 147 municipios. Los casos más graves son Antioquia con 55 víctimas y 29 asesinatos, Cauca con 50 víctimas y 33 asesinatos, Norte de Santander con 26 víctimas y 13 asesinatos, Nariño con 14 víctimas y 11 asesinatos, y Putumayo con 14 víctimas y 10 asesinatos.

El 73% de los asesinatos se registró en 15 de los 16 territorios PDET, es decir, aquellos en donde se priorizó la implementación de los programas orientados a la reforma rural integral. Los casos más graves son Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño (23 asesinatos), Alto Patía- Norte del Cauca (23 asesinatos), Putumayo (10 asesinatos), Pacífico y frontera nariñense (10 asesinatos), Catatumbo (9 asesinatos), y Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño (6 asesinatos).

De los 153 asesinatos de líderes sociales, 113 (73.9%) se registraron en municipios con presencia de cultivos para uso ilícito.

Aunque la información expuesta por la MOE sugiere varios elementos para analizar esta problemática, en este caso, se dará prioridad a dos aspectos que llaman la atención: la correlación entre este tipo de violencia política y las dinámicas electorales en estos territorios; y las consecuencias que trae para la integridad y las actividades de los líderes sociales sobrevivientes en los territorios el cambio en la agenda política del gobierno nacional, específicamente en su reciente declaración de lucha contra el terrorismo o el retorno a la otrora política de Seguridad Democrática, tras el lamentable atentado del ELN a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander el pasado 17 de enero de 2019.

En relación con el primer aspecto, el informe de la MOE explica cómo, antes, durante y después de las contiendas electorales, y ante la emergencia de nuevos liderazgos locales, aumenta la violencia política. A modo de ejemplo, el informe muestra cómo en las elecciones locales de octubre de 2015, en los meses anteriores y posteriores al plebiscito de octubre de 2016, en los meses que comprendieron el inicio y el desarrollo de las elecciones legislativas de 2018, y durante la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se elevaron los índices de asesinatos de líderes sociales. Además de este continuo comportamiento, en la presente coyuntura se suman nuevas condiciones en estos territorios, como el vacío de poder que dejó las Farc y el consecuente nuevo ciclo de violencia protagonizado por bandas paramilitares, ELN y disidencias de las Farc, a la par con iniciativas comunitarias en torno a la sustitución de cultivos ilícitos, la restitución de tierras, la defensa de los derechos humanos y la gestión de proyectos políticos/sociales/económicos alternativos que desafían los poderes tradicionales, mafiosos y criminales. Esto indica que los líderes sociales serán más vulnerables a medida que se acerquen las elecciones.

Como es sabido, en octubre de 2019 se elegirán 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.102 concejos municipales, 32 asambleas departamentales y cerca de 6.000 juntas administradoras locales. Ante las nuevas variables mencionadas, los clanes regionales, específicamente aquellos que tienen tratos con bandas paramilitares y mafias organizadas, no dudarán en ejercer, e incluso incrementar, la violencia política hacia los líderes sociales. Estos clanes son bien conocidos por la opinión pública, dado que existen investigaciones que evidencian tratos entre la clase política tradicional de varios departamentos con actores ilegales para ganar elecciones locales, fenómeno conocido en la historia reciente como parapolítica. No se conocen muy bien las modalidades de intimidación y exterminio a los líderes sociales, pero se sabe que envían panfletos amenazantes (casi siempre firmados por las llamadas Águilas Negras), que contratan sicarios y que establecen alianzas con grupos armados, quienes realizan operativos más contundentes hacia poblaciones enteras. Dentro de los departamentos más afectados por la violencia política hacia líderes sociales están Antioquia, Santander y Norte de Santander, entre otros. Justo en estos departamentos existen antecedentes contundentes de parapolítica y de clanes políticos que ganan elecciones sistemáticamente. De hecho, varios de estos contribuyeron a las elecciones legislativas y presidenciales de 2018.

En relación con el segundo aspecto, referido a la política de guerra recientemente declarada con comodidad por el gobierno Duque tras el atentado del ELN a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, y el consecuente cambio en las agendas de política social y de seguridad, surgen varias implicaciones para la situación de los líderes sociales. Desde que se inició el gobierno Duque fue clara su oposición a la implementación del Acuerdo de Paz, situación que puso en condición de vulnerabilidad a los líderes sociales, especialmente en los 16 territorios PDET. Vale recordar que, desde que se posesionaron los nuevos funcionarios del alto gobierno, se evidenció una posición ideológica unificada que asoció la figura de los líderes sociales no con víctimas del conflicto armado sino con personas de “izquierda”, simpatizantes de proyectos guerrilleros, y nocivas para los intereses de la propiedad privada (entre ellos los intereses de los propietarios de grandes extensiones de tierra). Prueba de esto fue la oposición del partido de gobierno al proyecto de ley para asignar 16 curules correspondientes a las circunscripciones territoriales, transitorias y especiales, así como una serie de declaraciones del ejecutivo, la Fiscalía y hasta algunos medios de comunicación, que negaban el carácter sistemático de estos asesinatos y que solían asociarlos con ajustes de cuentas personales.

Luego de varias críticas por la falta de compromiso con este flagelo, y tras errores estratégicos como el intento de nombramiento de Claudia Ortiz al frente de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la asignación del General del Ejército Leonardo Barrero como director del plan para proteger líderes sociales, quien ha sido cuestionado por presuntas acciones de obstrucción a investigaciones sobre falsos positivos y otros comportamiento antiéticos (El Espectador, 31 de enero de 2019), el gobierno del presidente Duque, en asocio con los organismos de Control, lanzó el Plan de Acción Oportuna (PAO), el cual busca brindar garantías para “evitar” que se sigan cometiendo asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. La ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, afirmó que a la fecha hay 4.000 personas que cuentan con medidas de protección y que, además de fortalecer la UNP, se trabajará en la no estigmatización de los líderes sociales. Aunque señala que existen diversas causas, la funcionaria insiste en el problema de las 200 mil hectáreas de cultivos para uso ilícito como principal factor de violencia hacia los líderes sociales.

Infortunadamente el PAO no tiene en cuenta el riesgo de los líderes sociales frente a las dinámicas electorales en los territorios PDET, que claramente evidencia el informe de la MOE, ni las alianzas criminales entre clanes políticos regionales con grupos armados que están promoviendo este tipo de violencia política. Quizás esta posición sea el escenario perfecto para justificar más adelante que la población civil se arme, tal como lo está planteando el senador Álvaro Uribe, mentor del partido de gobierno, quien promueve la idea de “flexibilizar” el porte y uso de armas, dadas las problemáticas de seguridad ciudadana. Según la revista Semana en la edición del 29 de enero de 2019, el patriarca del Centro Democrático está en conversaciones directas con el ministro de Defensa Botero sobre este tema, y admitió en una reciente reunión en el departamento del Cesar que el éxito de su partido en las elecciones regionales depende del éxito del gobierno Duque en materia de “seguridad democrática”.