Celebramos –por supuesto– que se mantenga la suspensión del porte de armas, lo que preocupa son esos “lineamientos” para la expedición de “autorizaciones especiales” para quienes soliciten salvoconductos de armas: ahora será el Ministerio de Defensa, quien evaluará estas solicitudes y permisos especiales, y las otorgará a su juicio. Eso preocupa, realmente preocupa.

La lista de motivos para el escepticismo y la desesperanza es interminable y realmente aplastante. ¿Cómo no sucumbir ni permitir que el país y, sobre todo, las conquistas democráticas y la paz, se nos escurra entre las manos? ¿Qué hacer ante esto?

La inercia institucional, social, económica y política, pero sobre todo, el orden simbólico, terminarán coadyuvando a los esfuerzos que hoy hace el actual Gobierno para incumplir con lo acordado con las Farc. Y para aquellos que buscan y hacen siempre una lectura optimista, les digo lo siguiente: la actual administración cumplirá con aquellos que no comprometan los intereses de una élite que claramente es co-responsable de lo sucedido durante 50 años de guerra interna.

Con su hacer, la juventud privilegiada que puebla las universidades, porque quedan por fuera más de 300.000 bachilleres al año, cerró un ciclo de luchas por la educación pública superior animado por notables movilizaciones y participaciones electorales.

Más allá de los problemas puntuales de nuestras organizaciones, no podemos olvidar el grave entorno nacional que en parte explica nuestros problemas y es la pérdida de valores, la descomposición de la familia, de la comunidad, del tejido social. Porque en medio de este entorno es que prosperan la corrupción y los grupos delincuenciales.

Es una obligación ciudadana conocer profundamente a los candidatos por quienes vayamos a votar, sea para el cargo que fuere. Desde el candidato a la junta administradora local de la comuna hasta el presidente de la república, pasando por el concejal, el alcalde, el diputado, el gobernador, el representante a la Cámara y el senador.

La Comisión Colombiana de Juristas abrió sus puertas en 1988, luego de que la Comisión Andina de Juristas (organización no gubernamental con sede en Lima) enviara una misión a Colombia para elaborar un informe sobre la situación de derechos humanos y en especial sobre la administración de justicia.

Las organizaciones sociales han considerado que la decisión de la Corte Constitucional y de los Jueces de la república de negar la autonomía territorial y la participación ciudadana es una derrota del denominado Estado Social de Derecho y la ratificación de la existencia de un Estado Corporativo Transnacional que atenta contra el derecho a la defensa de la Vida, los Territorios y la Democracia.

¿Qué hay en el Plan Nacional de Desarrollo sobre Trabajo Decente, Paz y Desarrollo Rural? Realicemos junto/as un balance de las propuestas en materia laboral contenidas en el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo. Bogotá / 13 de febrero / 8:00 A.M. Calle 39 #28A - 23 – Barrio La Soledad.

Este informe es un documento construido con base en los registros e información aportada por las organizaciones participantes en un ejercicio de aproximación a determinadas variables identificables referidas a las violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y de defensoras y defensores de derechos humanos, así como, en algunos casos, a las de sus allegados y otras personas que rodean su labor.