Resultados y dilemas de la
lucha universitaria nacional

“Y todo, como el diamante, / Antes que luz es carbón”.
José Martí, Versos sencillos, t. 16, p. 65.

“La idea es que toda la sociedad entienda que la educación no es un asunto ni de izquierda ni de derecha, sino que es un derecho y hay que defenderlo”.
Alejandro Palacio, Acres

A lo largo de 66 días, y 10 grandes movilizaciones de octubre a diciembre de 2018, los universitarios de Colombia, con su tres principales organizaciones, Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior – Acres; Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior – Unees; Federación Nacional de Representantes Estudiantiles – Fenares; de consuno con Asociación Sindical de Profesores Universitarios – ASPU y la Mesa de profesores, y los docentes ocasionales, y los independientes, en una común confluencia, no exenta de tensiones, sacudieron la conciencia moral e intelectual de la nación, adormilada por las falsas excusas de la retórica gubernamental, que se fueron expurgando una a una.

Esta lucha sostenida, heroica se plasmó en un Acuerdo memorable, firmado con el renuente presidente Iván Duque, en un gran pulso de fuerzas, con la intermediación de la ministra Angulo y sus asesores, que buscaron reducir al mínimo todas las reivindicaciones, hasta la madrugada del viernes 14 de diciembre.

Al hacerlo, de contera, este frente común de los subalternos sociales, en pie de lucha, de eficaz confluencia intelectual creativa, puso en tela de juicio, la real condición, así como, quiénes serán los beneficiarios en últimas de la tan llevada y traída economía naranja, que se mantiene como el publicitario trompo de poner del presidente Iván Duque, cuyas orejas enseña sin escrúpulos y depredador; y  cuyo liderazgo vivió la mayor caída en los índices de favorabilidad ante la opinión pública durante el paro universitario.

El hacer reivindicativo de los Jóvenes Universitarios

“Yo considero que la lucha estudiantil ha logrado sumar fuerzas de todos los sectores. Yo no me voy a lanzar a la política ni mucho menos…Yo quiero defender la educación pública”.
Karina Valderrama (Unees).

“Yo creo que la lucha por la educación es una lucha muy política porque tiene que ver con la distribución del presupuesto general de la Nación y es donde se expresan las prioridades políticas de los gobiernos…”
Jennifer Pedraza, representante estudiantil, CSU, Unal (Acres).

Con su hacer, la juventud privilegiada que puebla las universidades, porque quedan por fuera más de 300.000 bachilleres al año, cerró un ciclo de luchas por la educación pública superior animado por notables movilizaciones y participaciones electorales. Mostró y demostró a la vista de la opinión pública que está en marcha un proceso de transformación creciente del sentido común, antes controlado, sujeto a la tutela casi exclusiva de una cultura política conservadora, troquelada luego de la derrota del radicalismo decimonónico.

El radicalismo tuvo un momento estelar con la refundación de la universidad pública, cuando el general Santos Acosta, le dio nacimiento a la Universidad de la República de los Estados Unidos de Colombia, que antes, en tiempos de Bolívar y Santander se llamó Universidad Central. A la par con el fracasado intento de laicizar la educación pública, y de reformar la enseñanza primaria y secundaria, después que hubo la expulsión de jesuitas y otras comunidades religiosas por órdenes del general Tomás Cipriano de Mosquera.

Ahora bien, volviendo al siglo XXI, con la gran movilización nacional de la MANE, en el año 2011, una universidad pública en romería rebelde impidió la imposición de la contra-reforma neoliberal en la educación pública superior. Pero, aquella lucha reivindicativa, con presencia activa de las regiones, fracasó, sin embargo, en el trámite principal de una reforma educativa democratizadora. Esta murió engavetada en el congreso, sujeto a la voluntad del autodenominado centro radical, liderado por Juan Manuel Santos, durante su primera presidencia.

Sin embargo, la contrarreforma Santos siguió penetrando capilar, molecularmente, hasta sitiar los menguados presupuestos universitarios que se iban reduciendo exponencialmente año a año. Solamente el gobierno tomaba en cuenta el IPC, que seguía angostándose cual “piel de zapa”, mientras que el sistema de la educación privada parasitaba los principales recursos frescos, y otras ayudas, con inaudito descaro, a través de la estrategia del programa ser pilo paga.

Entre los finales del año 2017, y los comienzos del año 2018, las corrientes político-gremiales del estudiantado prepararon una respuesta, que encontró sustento, en parte, con la negociación de la paz con las Farc – EP, firmada en diciembre de 2016.

Aquella negociación, por lo demás, dijo muy poco, no acordó casi nada al respecto de la educación pública, y en la universitaria en particular, en los 6 puntos de los acuerdos. Tampoco asistieron a las conversaciones previas de La Habana las representaciones universitarias y sus liderazgos cívicos, como si pasó con otros sectores subalternos. Recordemos, entre otros, a víctimas, mujeres, minorías, militares, quienes exigieron su presencia y deliberaron con gobierno y guerrilla negociando la paz.

En suma, luego de 8 años de la frustrada reforma democratizadora de la educación superior impulsada como réplica por la dirección estudiantil de la MANE, recuperó no sólo los aires de vigorosa resistencia a las privatizaciones por la puerta de atrás, sino que consiguió convertir este impulso plural, junto con la sociedad civil de abajo, en mejoría presupuestal para evitar el inmediato colapso de la educación superior pública.

Pero, no es menos cierto, que la gran mayoría del programa mínimo de la presente lucha universitaria, que recupera pendientes del suscrito en 1971, y luego de lo acordado en 2011, queda, primero, vigilante del cumplimiento de lo pactado para estos siguientes 4 años.

Por, sobre todo, mucho dependerá del afianzamiento del nuevo sentido común nacional, del que los estudiantes y la ciudadanía movilizada en la cruzada contra la corrupción, son la punta de lanza como resultado de las nuevas movilizaciones, y lo que se pueda conquistar en materia electoral también en los espacios locales y regionales en el próximo mes de octubre de 2019.

Universitarios y rectores: ensayo de referéndum nacional popular

“Yo creo que (los rectores) cometieron un error, por inocencia o complicidad, pero cometieron un error y fue permitir que el presidente llevara el debate a otro escenario, al de los contradictores. Pero ellos no son los contradictores, ellos forman parte de esta lucha”.
Alex Flórez, Fenares (ET, 25/11/2018, p. 1.8)

“Estas marchas tienen un mensaje claro: será la resistencia de toda la sociedad y el movimiento estudiantil para exigirle al Gobierno Nacional una propuesta que permita fortalecer el bienestar de nuestros profesores, la continuidad de nuestras universidades y que, por supuesto, no siga aumentando el déficit”.
Santiago Gómez, Unees, Antioquia.

“Seguiremos adelante construyendo un gran pacto por la educación. Un pacto que reconozca que la educación no tiene ningún color político y no es de izquierda ni de derecha, sino que es de todos”.
María Victoria Angulo González.

Grata y estimulante de la lucha universitaria, cultural y social, por lo inesperada, fue la respuesta solidaria de la sociedad toda que se unió, cada vez que pudo; escuchó las denuncias y respaldó las exigencias universitarias en las grandes capitales y las ciudades intermedias.

Era una especie de referéndum espontáneo, que, con el apoyo de trabajadores y administrativos, tuvo los visos de un movimiento cívico espontáneo de iniciativa nacional popular, con miles de participantes, con el mínimo de confrontaciones policiales, hasta casi al final del paro.

Esta conducción inteligente, masiva, colorida, sostenida con cifras y argumentos forzó la apertura y hasta la simpatía de las grandes cadenas televisivas y radiales., que, bajo control de los CEOs del oligopolio mediático de los cacaos, solo buscan desórdenes, hechos de sangre y estridencias “engaña bobos,” que les suben los ratings a su mediocridad cotidiana.

El fruto de las movilizaciones que se extendieron desde el 11 de octubre hasta el 14 de diciembre, inclusive, se cosechó a la madrugada de aquel viernes con la firma del presidente. Ocurría luego de un cierre dramático, violento en Popayán, debido a los brutales enfrentamientos del jueves entre Esmad y los protestantes de la U. del Cauca.

Allí se contabilizó un inaceptable saldo de 12 heridos, y de ellos 8 estudiantes. Entre estos estuvo el estudiante de música instrumental, Esteban Mosquera, quien perdió su ojo izquierdo, agredido por la policía de choque al pie de la reja de la portería de la universidad, fue levantado de suelo, luego del brutal golpe. Tal como él mismo lo relató, denuncia que investiga aún la fiscalía.

La historia previa a este trágico acontecimiento comenzó tiempo atrás, cuando estudiantes y profesores tuvieron que remontar lo pactado unilateralmente entre el presidente y su ministra, María Victoria Angulo, y los rectores, que tiene como presidente del SUE, a Jairo Torres, rector de la U. de Córdoba, el viernes 26 de octubre. En palabras de Torres mismo: “hay una reivindicación histórica para el sistema universitario estatal que no habíamos podido lograr. El IPC + 4 puntos nunca lo habíamos logrado”. (ET, 27/10/2018, p. 1.2)

Para la recién posesionada rectora de la U. Nacional, la conclusión de aquel día era: “Estos recursos nos dejan respirar y planear, que era lo que no podíamos hacer con los ingresos que tenemos. Puede que no podamos crecer mucho, pero sí podemos mejorar la calidad, la infraestructura y todas las condiciones para alumnos, profesores y trabajadores”.

Pero, aquella decisión inconsulta hizo imposible levantar el paro, al siguiente día. Los demás estamentos, con los estudiantes al frente convocaron a asamblea para corregir el rumbo, y mejorar la dizque “definitiva” oferta del gobierno, luego de raspar la olla. ¿En qué consistía el compromiso del presidente Duque? El SUE recibiría 1,1 billón de pesos para el funcionamiento de las 32 universidades durante el cuatrienio.

Era el resultado de las transferencias de la nación para funcionamiento, a lo que sumó recursos para inversión con cargo al presupuesto nacional por $300.000 millones anuales, esto es, 1,2 billones para el mismo cuatrienio. Más los excedentes cooperativos establecidos por el art 142, de la reforma tributaria de 2016; y la promesa presidencial de conseguir la destinación de 1 billón del presupuesto de regalías para los años 2019-20, para hacer inversión en infraestructura.

Aquel saldo positivo, lo resumía el director del SUE, Jairo Torres, así: “si uno suma esos 2,2 billones en inversión (incluido el billón de regalías) y 1,1 billón en funcionamiento, estamos hablando de 3,3 billones adicionales”. (ET, 27/10/2018, p. 1.2). Pero, el contraste, por lo pronto, estaba a la vista, con respecto a la realidad deficitaria de las 32 universidades del Sistema Universitario Estatal. El acumulado histórico, según diversos cálculos, cruzados con las estadísticas gubernamentales era de la siguiente magnitud: 3,2 billones para funcionamiento, y 15 billones de inversión faltantes.

Con lo prometido en octubre, los representantes estudiantiles hicieron la operación desagregar aquella partida adicional. En particular, Jennifer Pedraza, estudiante de economía de la Nacional, y representante ante el CSU resumía el último reparto derivado de la concertación con los rectores, luego de las movilizaciones estudiantiles y profesorales, en apoyo a la nueva mesa de negociación, luego de casi un mes, así:

“La propuesta que hizo el gobierno…significa $30.000 millones de pesos adicionales por año, realmente muy poco porque tendríamos que dividir entre las 32 universidades. Tocaría menos de mil millones de pesos para cada una. Eso sigue siendo insuficiente. Pero ya existe una predisposición de hacer propuestas que valoramos”. (ET, 25/11/2018, p. 1.8)

Para los líderes estudiantiles en rueda de prensa, Karina Valderrama y Santiago Caicedo (Unees), Alex Flórez (Fenares), Alejandro Palacio y Jennifer Pedraza (Acres), realizada por el reportero Simón Granja Matías, quedaba claro que el primer acuerdo con los rectores era fruto de la movilización, e insistían ante ellos, que requerían garantías para continuarla, porque, decía Pedraza, “es lo único que puede blindar nuestras acciones en la mesa del Gobierno”.

Esta coyuntura crucial en la lucha por un mejor presupuesto, la resumían bien las palabras de otro joven, Álex Flórez, junto a miles de estudiantes: “Plata si hay, lo que no hay es voluntad. El presidente no puede pretender que mediante limosnas se financie la educación. Que asuma su responsabilidad”.

Esta réplica iba dirigida a lo propuesto por la senadora Paloma Valencia, palafrenera del presidente, su copartidario del CD, que interpelaba a los colombianos para que con donaciones voluntarias financien a la educación pública, olvidándose de los impuestos con que se contribuye regularmente a ello.

Quedaba, igualmente, al descubierto, la urgencia de modificar la Ley 30 de 1992, cuyo artículo 86, se había convertido en el pretexto para disminuir el financiamiento de la universidad pública año tras año, porque decía la rectora Dolly Montoya: “el financiamiento de las universidades se otorga de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC)”.

El resultado es la parada en seco del crecimiento universitario, una suerte de técnica bonsái, que repercute en el florecimiento como hongos de las universidades privadas que “apañan” a miles de bachilleres que quedan por fuera del SUE.

Al encontrarse, de nuevo, en la siguiente fase de la movilización entre noviembre y diciembre, para todos los estamentos universitarios, y la sociedad que los apoya, quedaba claro, lo que Dolly Montoya señalaba: “Esta situación no la podemos tener cada cuatro años, por eso nos toca hacer una política de Estado que no dependa del gobierno”.

Las nuevas cifras para la Educación Superior

“Hemos decidido firmar el acuerdo porque entendimos que las necesidades del sistema educativo así lo requieren. No solucionan por completo la crisis, pero no podíamos irnos sin asegurar el dinero que permitirá salvar las instituciones de educación superior públicas”.
Alex Flórez.

Ellas traducen en términos presupuestales lo conquistado con paros, asambleas permanentes, bloqueos y movilizaciones novedosas en forma y contenido. El resultado, con todo lo luchado, produce una menos mediocre condición financiera que irrigará de modo desigual al conjunto de las instituciones públicas técnicas, tecnológicas y universitarias clásicas. Totalizando, para el cuatrienio 2019 – 2022, la adición al presupuesto de 41,4 billones, lo incrementó en algo más de 4,5 billones.

Es el colofón económico de algo más de 66 días, de presencia universitaria, combativa, digna y propositiva, con un resultado magro, pero sin precedente en  anteriores causas universitarias, que llegaron a durar hasta un año, como en efecto ocurrió con el paro universitario de 1971, que dejó como emblema Un programa mínimo, incumplido en casi todos sus puntos, empezando por el cogobierno, que sólo duró pocos meses en la Universidad Nacional, y del que queda huella en la Universidad de Nariño hasta nuestros días.

La disposición presupuestal comprometida en beneficio de las universidades corresponde a las siguientes fuentes: $1,34 billones para la base de las instituciones de educación superior; recursos provenientes de la renta sobre excedentes del sector cooperativo que podrían superar $300.000 millones; más $1,5 billones de regalía, y, $1,35 billones con destino a inversión en infraestructura, bienestar, dotaciones, formación docente y fortalecimiento institucional. Estos son datos tomados del escrito del min educación, subtitulado “Un pacto del país”. (ET, 27/12/2018, p. 1.13)

Con tales recursos se auxiliará la reparación, en parte, a las instalaciones y edificaciones de las principales universidades del país que amenazan ruina en no pocas de sus sedes, empezando por la U. Nacional, sometidas todas durante un cuarto de siglo al deterioro sostenido de sus plantas físicas.

En materia de personal docente, hay un congelamiento de la planta de profesores, que pone en su lugar una incontenible cuota de profesores ocasionales, con salarios de hambre, regidos por la flexibilización. A su cargo está cada vez más la formación inicial de los estudiantes de pregrado, una minoría del total de aspirante que ingresan conformen a los cupos ofertados, que desertan y abandonan a los pocos semestres en una proporción superior a la tercera parte de los matriculados.

Sumado a lo anterior, campea la desfinanciación de la investigación, siendo Colombia uno de los países que menos destina a este rubro en América Latina. Otro tanto pasa con la extensión y el bienestar que sitúa a las universidades públicas como parias. Todas están sometidas a la ley de hierro de las privatizaciones, que las obliga a cuadrar, completar, vendiendo servicios, a través de contratos interadministrativos sus presupuestos de funcionamiento en un 50 por ciento y más, para no sucumbir.

El patético y ejemplar caso de la Nacho

“Es decir, debemos preguntarnos qué país queremos, qué educación queremos y cuántos recursos están disponibles”.
Dolly Montoya, rectora Universidad Nacional (ET, 27/10/2018, p. 1.2)

La Universidad Nacional de Colombia, la principal universidad del país, según lo reportado por los anteriores rectores Wasserman y Mantilla, con todo y el esfuerzo hecho, de autofinanciar la casa de estudios, cuya fundación remite a la Independencia de la Gran Colombia, la situación menesterosa y los déficits regulares, crecientes y asfixiantes, hicieron crisis para el año 2018, cuando, de acuerdo al reporte de la nueva rectora, Dolly Montoya, el faltante para el solo funcionamiento ascendía ya a $60.000 millones que se requerían un inyección presupuestal inmediata, para no continuar comprometiendo vigencias futuras, como se afirma que ocurría en el año 2017.

Ante tan calamitosa urgencia, inexcusable situación, se movilizó la planta de rectores oficiales, a través, del SUE. Hicieron oír sus voces delante de la ministra de educación, María Victoria Angulo y deliberaron incluso con la presencia del presidente Duque, cuando el gobierno intentó darle un cierre de segunda al conflicto, pretextando que estaban “raspando la olla” del presupuesto. Todo “acordado” antidemocráticamente, sin la participación de estudiantes y profesores, mucho menos de los padres de familia, los trabajadores y administrativos.

En todo caso, la intervención de la dirección universitaria, con explícitos mensajes de los CSU, juntó a ese nivel a las provincias con el centro del país; a la rectora Dolly Montoya, con el de la U. de Córdoba, una institución que estuvo sujeta a la marcialidad de la guerra y a la corruptela de la parapolítica al mando de Salvatore Mancuso y los caciques que alumbraban el nacimiento de la pararepública a nivel regional con la complicidad del gobierno central.

La rebeldía, la riqueza de las formas de lucha y persuasión en demanda de solución al programa construido y probado a octubre, precedida de encuentros estudiantiles preparatorios, quedó plasmado en el presupuesto general y el correspondiente a Regalías. Este último pasó de 1,2 billones para los 4 años del gobierno de Iván Duque, a doblarse, luego de las negociaciones con estudiantes y maestros que concluyeron el lunes 2 de diciembre.

El saldo final de la lucha del 2018

“Este acuerdo del 26 de octubre de 2018 es el primer paso para avanzar en un nuevo modelo de construcción de políticas de largo plazo para la educación superior”.
Iván Duque, presidente de Colombia, en la firma del documento con los rectores del SUE.

La contabilidad de la cifra final la hizo a los medios, el representante Álex Flórez. Al ser entrevistado por El Tiempo, esto indicó: “Planteamos el equivalente al índice de precios al consumidor (IPC) más 5% para 2019; el 6% para 2020; el 7% para el 2021, y para 2022, el 9%”. Lo cual, promediándolo, correspondería a $600.000 millones aprox., por año.

Hay, una novedad adicional, que ha estado congelada en la ley que rige a la educación superior desde 1992, los aumentos superiores a la inflación, que contemplan el articulado original, sin que hayan sido objeto de una adecuada reglamentación. Conforme a lo acordado, además del IPC, habrá los siguientes aumentos: 2019, IPC+ 3,5%; 2020, IPC+ 4%; 2021, IPC + 4,5%, Y 2022, IPC+ 4,65%.

Alex Flórez también recordaba que en la negociación con el gobierno se insistió “en la creación de un artículo (para) crear la base presupuestal a las instituciones técnicas y tecnológicas de Colombia, esto porque no tienen el carácter de universidad: 11 de éstas no reciben ni un solo peso del Estado”. (ET, 6/12/2018, Colombia, p. 1.2)

A raíz del trabajo conjunto entre Congreso y gobernadores se añadió a la raquítica canasta universitaria en lugar de $1,5 billones, $2 billones de regalías, destinados a infraestructura, planes de bienestar, fortalecimiento institucional, y lo más importante, incremento de la capacidad investigativa de las universidades públicas, cuando Colciencias está prácticamente en rines en los últimos gobiernos. Esta parte de regalías, en parte se debió a que se incrementó en el senado de $19,2 billones a $24,22 billones el proyecto de presupuesto general de regalías que componen 65 artículos, años 2019-2020.

Al senador Ciro Ramírez, del CD, uno de los coordinadores ponentes, incluyendo las expectativas de mayor recaudo de regalías, precisó cómo del Fondo de ciencia y tecnología con una bolsa total asignada de $2,1 billones se dispondrán de $500.000.000 para la educación Superior: $250.000 millones para becas de doctorado, la suma restante para impulso de investigaciones científicas.

Al día siguiente, 6 de diciembre, hubo nuevas marchas, que debió cerrar un concierto que tenía como invitado especial a la banda Doctor Krápula, presentación que fracasó porque las autoridades distritales señalaron que no se había solicitado el debido permiso para realizar el concierto en la plaza de Bolívar, como lo anunciaba la coordinadora de estudiantes.

De aquel 26 de octubre a la fecha en que salió humo blanco de la mesa de concertación del gobierno con estudiantes y profesores, en rebeldía con lo inicialmente pactado con los rectores, no quedaba duda con lo vaticinado por el nuevo presidente de Colombia, muy a su pesar, Colombia toda asistía a un nuevo modelo de construcción de política, al transitar de la convencional política pública al ejercicio de políticas de lo común.

Los actores de este giro tanto político como epistemológico eran los universitarios movilizados por más de 66 días. Ellos definían el territorio de una disputa entre el país nacional y el país político, luego de la primera negociación de paz, en el nuevo ciclo que se abrió en el año 2016.

Para que la paz sea viable, amplia, incluyente y posible se requiere un abanico de reformas, donde el presupuesto educativo, y el compromiso para que la igualdad sea real y efectiva en lo social, tiene que servir a la causa de la paz y no a la continuación de la guerra, que sigue siendo la tentación manifiesta del presente gobierno, que sólo en parte quiso atender a la alerta roja que padece por años la educación pública superior en Colombia, porque los déficits se mantienen, en funcionamiento, inversión, así como en altísimos costos para acceder a los posgrados en el SUE, y un ejército de profesores ocasionales y catedráticos para quienes ingresar a una docencia estable es casi un imposible.