Periodistas, la piedra en el zapato

“Cuando leo que se asesinó a un hombre quisiera ser analfabeto”.
José Narosky

Sentado en mi silla, frente al computador, tratando de teclear las palabras de este texto, se vienen a mi mente los recuerdos de las notas de prensa en las que trágicamente se reseña la muerte, el secuestro o la amenaza en contra de un periodista, un colega. Son muchas y todas tienen un común denominador: acallar la verdad.

En Colombia, los periodistas son un blanco –son la “piedra en el zapato”– porque investigan y denuncian. Son el blanco de narcotraficantes, de paramilitares, de “ladrones de cuello blanco” mejor conocidos como corruptos o de los sicarios al servicio del mejor postor. Todo eso sumado a la incapacidad del Estado y la justicia para investigar y castigar a los responsables de estos crímenes para que –en los casos de los comunicadores– no siga imperando la impunidad.

Cada época está marcada por circunstancias que inciden en el trabajo periodístico. Recordemos los años 90 con la guerra de narcotráfico o el conflicto armado en el que varios periodistas fueron asesinados, otros secuestrados y otros más, amenazados.

Como bien lo documenta el Centro Nacional de Memoria Histórica en “La palabra y el silencio: La violencia contra periodistas en Colombia (1977 – 2015)”1…. “Entre diciembre de 1977 y agosto de 2015 se cometieron en Colombia 152 asesinatos de periodistas por razón de su oficio. En ese mismo periodo, Colombia ocupó en varias ocasiones el primer puesto en el listado mundial de delitos contra la libertad de expresión y más concretamente de periodistas asesinados. Durante lustros, el país no pudo salir de este ranking oprobioso y se convirtió en una de las sociedades más violentas para ejercer el periodismo en el planeta”.

Además de las cifras señaladas también hace alusión el documento a la creciente impunidad en los casos que afectaron a los comunicadores: “Pero además de los crímenes cometidos y de la variedad de las amenazas promovidas por actores violentos, la historia de este desastre no parece tener fin. Un manto, denso y terrible, de impunidad ha cubierto la gran mayoría de los delitos cometidos contra medios de comunicación y periodistas en Colombia. Buena parte de las investigaciones se han diluido, han tomado intencionalmente caminos desviados o ni siquiera han existido. Hay apenas cuatro casos, en los que se ha podido sentenciar a toda la cadena criminal, desde su determinador hasta quienes llevaron a cabo de manera material los crímenes. Uno de ellos el del periodista Or-lando Sierra Hernández, Subdirector de La Patria de Manizales. En el mes de junio de 2015, en segunda instancia, la sala penal del Tribunal Superior de Manizales sentenció al político caldense Francisco Ferney Tapasco a 36 años, tres meses y un día de prisión como autor intelectual de su asesinato y a los hermanos Fabio y Jorge Hernando López Escobar a 28 años, 10 meses y un día de prisión como coautores del homicidio agravado”.

Hay que aceptar que el mundo está “descuadernado” y que, como el viejo libro cuyas hojas se han venido cayendo, es necesario reencuadernarlo, a la sociedad humana hay que rejuvenecerla con una savia limpia de odios. Porque, ciertamente, nada hemos de conseguir si no nos enfrentamos valerosamente a la pregunta: ¿cómo y por qué pudo pasar y está pasando todo esto?
Guillermo Cano Isaza.

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, en su más reciente informe, señala que 2018 ha sido el año más violento contra la prensa colombiana en esta década. Para esta organización preocupa que desde el 2006 no se habían presentado tantas agresiones contra la prensa. Destaca la FLIP que de los 477 casos que registró, sobresale el asesinato –a manos disidencias del Frente Oliver Sinisterra de las Farc– de los tres trabajadores del diario El Comercio luego de ser secuestrados en Ecuador.

“La cifra de ataques que registró la FLIP2, que representa un incremento del 53% con relación al 2017 y del 120% con relación al año anterior, es un indicativo de que la violencia contra la prensa colombiana está muy lejos de ser un asunto del pasado. Secuestros, hostigamientos, amenazas, obstrucciones a la prensa, eliminaciones de material periodístico, acoso judicial, violencia de género, exilios y desplazamientos internos impidieron que los periodistas de todo el país pudieran desarrollar su labor libremente.

La situación de violencia contra la prensa se ha transformado y siempre encuentra nuevas formas de actuar. Sin embargo, las amenazas alcanzaron niveles nunca registrados. Los 200 casos documentados son alarmantes y generan especial preocupación en departamentos como Tolima, Norte de Santander, Putumayo, Antioquia y Santander.

La situación de violencia causó tanta alarma que 19 embajadas y organizaciones internacionales firmaron un comunicado rechazando las crecientes amenazas en contra de periodistas y manifestando su preocupación por la violencia contra la prensa. Esto es un llamado de atención importante para las reformas que se requieren”. Apunta el informe de la FLIP.

El actual contexto colombiano refuerza la importancia de la libertad de expresión e incrementa la conciencia del público de su derecho a estar informado. Casos como Odebrecht, el carrusel de la contratación en Bogotá, Interbolsa, Reficar o Agro Ingreso Seguro, muy seguramente no se hubieran destapado si no fuera por el rol fiscalizador de los medios de comunicación.

Es justamente esa actividad de fiscalizador y denunciante la que convierte a los comunicadores y a sus medios en objetivo de los violentos.

Si por Colombia llueve…

La ONG Reporteros Sin Fronteras o RSF –dedicada defender la libertad de prensa en el mundo– en su más reciente informe titulado “Los periodistas, la pesadilla de la mafia”3 señala que en los últimos dos años (2017 y 2018) más de 30 periodistas han sido asesinados por grupos mafiosos en el mundo.

Fueron varios meses de investigaciones al cabo de los cuales RSF recabó testimonios de periodistas amenazados. Algunos de estos reporteros –señala la ONG– viven bajo protección policíaca las 24 horas del día, tras haber sufrido ataques de la mafia debido a sus investigaciones.

“De Pekín a Moscú, de Tijuana a Bogotá, de Malta a Eslovaquia, los periodistas de investigación que abordan cuestiones relacionadas con la mafia, provocan la ira de los capos, que si algo tienen en común es aborrecer la publicidad, al menos la que ellos no controlan. Los padrinos, muy susceptibles cuando está en juego su imagen, no dudan en castigar duramente a aquellos que luchan contra la corrupción empuñando la pluma. Para ellos, quien dice la verdad merece morir”, señala uno de los apartes del prólogo del informe.

Así las cosas…“El derecho a la libertad de expresión es un derecho humano y una libertad fundamental consagrada en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos4. En primer lugar, porque es un derecho en sí mismo –el de poder buscar, recibir y difundir libremente informaciones e ideas por cualquier medio–, pero también porque permite el ejercicio libre –y la protección– de todos los demás derechos fundamentales. En el curso de la Historia, muchas situaciones nos han enseñado que, cuando la libertad de expresión comienza a desmoronarse, las demás libertades fundamentales no tardan en correr la misma suerte”… como lo destaca el “Manual de seguridad para periodistas” desarrollado por Reporteros sin Fronteras5.

En el entre tanto, aquí seguiremos adelante con esta vocación y nuestro compromiso de resguardar la verdad, la libertad y la justicia.