Las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo:
una propuesta sin las víctimas y sin recursos

El panorama actual en materia de atención y reparación a las víctimas no es el más alentador, no solo porque a 7 años de implementación de la Ley 1448 de 2011 los avances, al menos en términos de reparación administrativa, son reducidos: a septiembre de 2018 de 6.714.679 víctimas que son sujeto de indemnización, 865.997 personas habían recibido esta medida, es decir aproximadamente solo un 12%; sino porque pareciera que pasar la página de las víctimas es uno de los objetivos de este Gobierno.

Dicha afirmación cobra sentido cuando se recogen el conjunto de acciones que han sido ejecutadas desde el gobierno y que muestran un profundo desconocimiento de los derechos de las víctimas. Una de ellas fue la radicación en el Congreso por parte del partido del presidente, de un proyecto de ley que propone una reforma regresiva a la restitución de tierras que, entre otros aspectos preocupantes, desnaturaliza el derecho fundamental a la restitución de tierras dando prioridad a las reubicaciones, compensaciones y otros mecanismos que restan a las víctimas la posibilidad de recuperar las tierras despojadas y, además, equipara a los reclamantes con los opositores de la restitución.

Otras tienen que ver con los distintos intentos por debilitar y deslegitimar las instituciones que integran el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, entre los que se cuentan el proyecto de acto legislativo que afortunadamente fue retirado del Congreso gracias a la incidencia de la sociedad civil, que pretendía restringir el acceso a información de reserva por parte de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la reducción del presupuesto para esta entidad, las demoras del Presidente de la República para sancionar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz declarada exequible por la Corte Constitucional desde diciembre del año pasado y el nombramiento de un Director del Centro Nacional de Memoria Histórica que niega el conflicto armado.

Asimismo, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo “pacto por Colombia, pacto por la equidad” se encuentran una serie de ajustes a la Política Pública de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado interno, que configuran una modificación por vía administrativa de la Ley 1448 de 2011 en sus diferentes componentes y que deja varias preocupaciones:

- Uno de los objetivos del pilar “Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas” propone una armonización del componente de asistencia de la política de víctimas con la política social moderna y el componente de promoción social del sistema de protección social, sin criterios claros de priorización o focalización, partiendo de una noción de las víctimas no como titulares de derechos de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 sino como personas vulnerables, poniendo en riesgo su derecho a la reparación.

- Otro de los objetivos de ese pilar propone priorizar recursos para el componente de reparación a través del redireccionamiento de los recursos del componente de Atención y Asistencia hacia las medidas más rezagadas. Si bien es cierto que los índices de violencia han disminuido en los últimos dos años, en algunas regiones del país persisten las violaciones de derechos humanos que generan nuevas víctimas de desplazamiento forzado que requieren atención humanitaria. También es innegable que para muchos hogares víctimas no han cesado las condiciones que dieron origen a la vulneración de sus derechos fundamentales, por tanto, el Estado debe proveer las medidas necesarias para garantizar la estabilización socioeconómica y autosuficiencia integral de estas personas como lo ha establecido la Corte Constitucional.

- Ni en las bases técnicas del Plan de Desarrollo, ni en el proyecto de articulado se hace mención de la posibilidad de promover un ejercicio de diálogo con las víctimas para adelantar las modificaciones de la Política que contribuyan a la satisfacción de sus derechos, ni frente a la necesidad de prorrogar la vigencia de la Ley 1448 de 2011 en aras de garantizar la reparación integral del 100% de las víctimas.

- La única disposición sobre el presupuesto para la Política Pública corresponde a lo establecido en el artículo 144 que hace referencia al fortalecimiento del fondo de reparación a través de los recursos líquidos derivados de los bienes extintos que no hayan sido entregados por las Farc – EP en los términos del artículo 2 del Decreto Ley 903 de 2017.

Teniendo en cuenta que el debate sobre el Plan de Desarrollo en la Cámara de Representantes apenas está comenzando, resulta oportuno que desde distintos sectores de la sociedad civil y particularmente, desde las víctimas y sus organizaciones, se planteen las alertas correspondientes y se construyan propuestas de movilización e incidencia.

Por ahora, creemos que es necesario que se establezca en el proyecto de articulado que el Gobierno Nacional desarrollará un proceso de actualización de la política pública de atención y reparación, pero a través de un ejercicio de diálogo social con las víctimas para garantizar que la transición de la asistencia a la reparación corresponda a su realidad y a la de los territorios. Y que de la misma manera adelantará la reforma de la Ley 1448 de 2011 para ampliar su vigencia de acuerdo con la evaluación de la capacidad presupuestal para cumplir con los compromisos administrativos en materia de reparación tanto individual como colectiva, cuyas metas no podrán ser menores a las del cuatrienio anterior y para lo cual tendrá que realizar los ajustes presupuestales necesarios. Sin las víctimas y sin recursos no sería un proceso justo ni transparente.