Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad ¿Seguridad Democrática 3.0?

Esta semana arrancó la discusión en sesiones extraordinarias del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por Colombia-Pacto por la Equidad”, sobre el cual se han hecho muchas críticas, entre las que se encuentra la falta de compromiso del gobierno con la paz y la implementación del Acuerdo de Paz, la creación del código minero, sistema de salud, servicios públicos, descentralización, ambiente, las reformas al modelo de infraestructura, transporte, sistema pensional, regalías, educación e impuestos. Además, las facultades extraordinarias que pide Duque para hacer reformas sustanciales en seis meses.

Siendo así, vale la pena preguntarse sobre la cercanía del “Pacto por Colombia-Pacto por la Equidad” con los Planes de Desarrollo de Uribe y sobre todo con la seguridad democrática.

La seguridad democrática es el planteamiento más importante en los Planes de Desarrollo de los gobiernos de Álvaro Uribe, definida en el PND 2002 – 2006 como ordenamiento democrático y Estado de Derecho, garantizando la seguridad y la libertad de la población, protegiendo los DDHH e impulsando la prosperidad económica y equidad social. Esto permitiría al Estado recuperar la autoridad con criterios de legitimidad, legalidad y gobernabilidad, proteger y promocionar valores, y generar pluralidad e instituciones democráticas.

La seguridad democrática se traduce en control territorial, combate a las drogas y el crimen organizado, el desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto, el abordaje de los derechos humanos y la reconciliación desde la seguridad y la seguridad ciudadana.

El Pacto por la legalidad tiene una inmensa cercanía con este enfoque, afirmando que es necesaria la consolidación del Estado de Derecho por medio del control institucional de los territorios, enfrentar la criminalidad y economías ilegales, y asegurar la presencia del Estado en toda la nación. Para esto plantea la ecuación Seguridad + legalidad + emprendimiento + equidad.

La manera de hacerlo, que se mantuvo desde 2002 hasta 2010 fue fortalecer la Fuerza Pública y la inteligencia estatal; aumentando la munición y armamento; reformando a la Justicia Penal Militar (con el objetivo de preservar el fuero y legitimarla nacional e internacionalmente); desarticulando las finanzas de grupos terroristas; fortaleciendo la acción del Estado en las Fronteras (con sector privado, cooperación de la ciudadanía y diplomacia militar), incentivando la cooperación ciudadana y las redes de cooperación, la protección a la infraestructura económica, las operaciones ofensivas, y la policía judicial; generando un sistema de información confiable; y por medio de seguridad vial.

Para el PND de Duque es necesario trascender lo policial y militar y realizar además una tarea conjunta de la institucionalidad y la sociedad, que implica despliegue militar y acompañamiento estratégico de entidades públicas, privadas y sociedad civil. Por supuesto una política integral de fronteras que contribuya a la estabilización y desarrollo de los territorios, la transformación y modernización del sector defensa, la seguridad jurídica del Estado, el control de economías ilegales, el fortalecimiento de la Inteligencia y contrainteligencia y el mejoramiento de las fuerzas militares hacen parte su componente de seguridad.

Además, se plantea la creación de Zonas estratégicas de intervención integral (ZEII) en territorios relevantes para la seguridad nacional (con planes integrales de intervención a 5 años) que tienen amplia proximidad con el desarrollo de zonas deprimidas que planteaba Uribe; mayor gasto en sector defensa –gestión y transformación–; la implementación del código de policía y convivencia y el fortalecimiento de las capacidades empresariales - gobierno corporativo e innovación empresarial.

El combate a las drogas, que fue uno de los caballos de batalla de Uribe, por medio de la erradicación (con aspersión, estudio de efectos ambientales, estrategia de control y prohibición de agroquímicos, erradicación manual en parques y fronteras, erradicación voluntaria –por medio de familias guardabosques y áreas de desarrollo alternativo municipal -ADAM- con apoyo de privados–; interdicción y control de tráfico de armas y sustancias prohibidas (por medio de las fuerzas armadas, aumento de recursos y control fronterizo) se repite en el PND 2018 – 2022, que da un rol fundamental a los ministerios de Defensa, Justicia, empresas, Fuerzas Militares, Policía Nacional y Fiscalía en la lucha contra economías ilegales y la sustitución de cultivos en ZEII (reconociendo a los actores institucionales encargados de la sustitución se puede hacer una idea del enfoque que tendrá).

Por supuesto, y como sucedió con Uribe, el entendimiento de los derechos humanos esta ligado al sector defensa y el desarrollo empresarial. Este Plan de Desarrollo se compromete con la construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y tiene un componente muy fuerte de derechos humanos y empresa (por medio del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos) priorizando en economía naranja y la administración de justicia.

Así como para Uribe, para Duque la participación ciudadana esta sobre todo ligada a los consejos comunitarios, la policía comunitaria, la consolidación de una red de informantes, las veedurías ciudadanas, el fortalecimiento de la acción comunal y la racionalización de espacios, instancias y mecanismos con el fin de tener un sistema coherente, practico y articulado.

A esto se suma la intensión del PND 2018 – 2022 de crear la Política para la resolución pacifica de conflictividad social a través del dialogo social constructivo y democrático, que contiene tintes al componente de reconciliación planteado por el PND 2006 – 2010.

También, pareciera haber continuidad de los PND del 2002 al 2010 en cuanto a minería y medio ambiente.

Sobre minería, el aprovechamiento de los recursos hidrocarburiferos, el fortalecimiento del marco institucional y normativo del sector minas, orientado a la promoción de inversión privada en la explotación y exploración minera e incentivar la participación de inversionistas estratégicos en la exploración, explotación y desarrollo sostenible de yacimientos mineros con el fin de consolidar la separación de competencias en materia minera y aumentar la eficiencia de los procesos desarrollados por las instituciones públicas, e incentivar la inversión privada mediante la generación de nuevos mecanismos para otorgar áreas mineras para explotación y exploración, además de fomentar el emprendimiento, explorar y explotar yacimientos no convencionales son postulados en los que concuerdan Duque y Uribe.

Sobre medio ambiente ambos Planes de Desarrollo plantean la idea de conservar y proteger, pero entendiendo el ambiente como un activo estratégico para impulsar procesos productivos competitivos y reconocer los privilegios que provee la oferta ambiental del territorio (como soporte y alternativa de desarrollo), donde los sectores productivos sean agentes activos en el control de la deforestación, se creen pagos por servicios ambientales y se fortalezca el marco normativo, institucional y organizacional para protección de la integridad territorial, soberanía y biodiversidad, el medio ambiente y los recursos naturales como activos estratégicos de la nación.

Siendo así, valdría la pena preguntarse si es posible que el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia-Pacto por la Equidad” puede ser la continuidad de la seguridad democrática, la puesta de la megaminería como principal actividad económica del país y por supuesto el aprovechamiento de los recursos naturales para este fin, donde el medio ambiente sufre las peores consecuencias.