El trabajo y la protección
social en el Plan de Desarrollo

El enfoque general del plan

El Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” parte de una aproximación equivocada al concepto de derechos humanos. Se asimila el goce efectivo de derechos con la cobertura, dejando de lado las ideas de titularidad y exigibilidad, al igual que lo relacionado con calidad. El criterio para la evaluación de las políticas públicas es la eficiencia en el uso de los recursos, lo que representa un retroceso en relación con los avances que a lo largo de muchos años se han logrado en el país en materia de reconocimiento del Enfoque Basado en Derechos Humanos como criterio orientador de todo el ciclo de política pública.

Adicionalmente, la idea de que los derechos humanos deben estar en correspondencia con unos “deberes humanos” es errónea. Efectivamente los derechos fundamentales implican responsabilidades, pero principalmente para el Estado, en las dimensiones de respetar, promover y proteger. La estructura de la obligación que se configura para un derecho humano es diferente a la que puede tener otro derecho derivado de un contrato, en este caso la titularidad surge de una relación con el Estado denominada ciudadanía que no está condicionada al cumplimiento de requisitos, salvo en los casos definidos por la Constitución (por ejemplo, la limitación de los derechos civiles y políticos de las personas condenadas por delitos).

El trabajo en el PND

Hay varias referencias al trabajo en el PND. El Pacto por la Equidad plantea la creación de incentivos tributarios y no tributarios que impacten el modelo de inclusión laboral de personas con barreras para la empleabilidad y el emprendimiento. El énfasis está en la promoción del emprendimiento, para lo cual se establece el ajuste a la oferta de emprendimientos individuales y asociativos, con énfasis en población vulnerable en zonas urbanas; la creación de un programa nacional de negocios inclusivos; el mejoramiento por parte de la Agencia de Desarrollo Rural de la oferta de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR), con los que se ofrecerá un acceso a activos productivos, asistencia técnica, adecuación de tierras y apoyo a la comercialización y fortalecimiento de esquemas asociativos; el fortalecimiento de los programas de emprendimiento del SENA y, en los municipios rurales y rurales dispersos, iniciativas de industria agroalimentaria, turismo y servicios.

En el Pacto por el Emprendimiento se establece la formulación de una política nacional de emprendimiento e incentivar la formalidad laboral mejorando el costo de la contratación formal de trabajadores. El Pacto por la Transformación Digital incluye referencias a la formulación de políticas para favorecer las oportunidades laborales y gestionar los posibles efectos sobre el esquema de seguridad social con: teletrabajo, trabajo virtual, el uso de TIC en los procesos de contratación, el trabajo temporal o por horas, la vinculación de practicantes, la validación de títulos obtenidos en el exterior y la contratación de talento extranjero.

En el Pacto por la Igualdad de la Mujer se plantea desarrollar proyectos de emprendimiento económico para mujeres; ajustes a la intermediación del Servicio Público de Empleo, que ajustará sus servicios básicos para la eliminación de los sesgos por parte del intermediador y en el registro de las vacantes; la incorporación del enfoque de género en las estrategias de emprendimiento rural y urbano enfocadas en la población más vulnerable; y promover el acceso de las mujeres rurales a los servicios de extensión agropecuaria. En el Plan Plurianual de Inversiones este pacto no tiene recursos.

La protección social en el PND

En materia de protección social, el Plan de Desarrollo también contempla varias medidas. En el Pacto por la Equidad se establece la creación de un piso mínimo de protección social para los habitantes de la zona rural y quienes desarrollen actividades agropecuarias, que regule sus condiciones especiales e incremente su formalización (dependientes, contratistas o independientes). Este piso consiste esencialmente en el aumento de la cobertura de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y en la creación de un seguro inclusivo rural. Se fortalecerá el programa Colombia Mayor y se crearán programas de educación financiera para promover ahorro para la vejez.