Tanto las bases del PND como la PDS reflejan un claro problema en la organización institucional de la seguridad y la defensa en el país, dado que la cabeza de liderazgo esta puesta en el Ministerio de Defensa el cual tiene un claro enfoque hacia la organización de la seguridad nacional, lo cual implica relegar la seguridad ciudadana.
Al comienzo de este mes nos fue presentado por el presidente Iván Duque en la base militar de Tolemaida lo que será la política de Seguridad y Defensa Nacional (PDS) por los próximos cuatro años. Una de las mayores inquietudes era el aterrizaje de esta política en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y como sería su implementación.
Es necesario conjugar dos fenómenos para el análisis de la política del nuevo gobierno: la política de posacuerdo, “Paz con Legalidad” y la de Seguridad y Defensa. Dado que, la primera va a incidir el futuro de la construcción de paz, de la credibilidad y va a definir las condiciones de seguridad en el país. Pero en los documentos que ha presentado el gobierno nacional parece prevalecer la visión tradicional de la seguridad para la implementación de la paz, que la de una visión multidimensional y participativa en la que este incluida la ciudadanía.
Seguridad: Amenazas, militarismo y consolidación
Como primer punto que identificamos es el tipo de amenazas que le preocupan al Gobierno, pues dentro de la PDS estableció que la principal amenaza que aqueja al país es el inminente riesgo del terrorismo, entendiendo este desde sus diferentes aproximaciones –nacional, urbano, internacional, rural– y desvanece del panorama político la idea de la subversión y lo atañe a una amenaza de carácter terrorista. Esto indica que, para el gobierno nacional, la guerrilla del ELN no es un actor del conflicto armado –termino que no es mencionado en las bases del PND ni en la PDS– sino, un grupo armado organizado.
Por esta razón resulta importante destacar que, en el primer objetivo de Capacidad de control institucional e intervención integral de los territorios con vacíos de institucionalidad, afectados por economías ilegales y la presencia de Grupos Armados Organizados, establece la implementación de estrategias que podrían resultar contraproducentes en la paz de las poblaciones que habitan estos territorios –la mayoría zonas – el gobierno reconoce la importancia de un primer acercamiento militar y policial (el cual no diferencia) que consolide los territorios y permita la llegada de las instituciones civiles. Al respecto es importante señalar dos aspectos: Primero, en términos del proceso de paz, este se orienta hacia las personas involucradas en el mismo, específicamente a la protección de los líderes sociales y los reincorporados, pero no es clara la ruta en la que se realizaran las acciones.
Segundo, de forma general en el país se crean las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), las Zonas de Construcción de Legalidad y las Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad. Cada una de estas caracterizadas de mayor a menor impacto de la criminalidad e inestabilidad, respectivamente, siendo la última de ellas espacios de desarrollo de la legalidad y el crecimiento económico del país. En lo cual se retoma la política de zonas de consolidación de anteriores Gobiernos, con resultados discutibles.
Es importante señalar que las ZEII se desenvuelven en las áreas más afectadas por el conflicto. En estas se dan dos puntos críticos: primero, tal y como lo reconoce la misma política de seguridad, existe un desenvolvimiento de los grupos armados en las zonas dejadas por las Farc – EP. Lo anterior es fundamental dado que esto retrasa cualquier tipo de expansión de la institucionalidad del país. Y segundo, el rol que tienen los militares como fuerza de extensión. Los militares se convertirán en el primer contacto con el Estado de estas poblaciones más allá de la violencia, siendo éstos los que darán los servicios básicos en un primer momento, abriendo paso de forma paulatina a toda la institucionalidad. Sin embargo, esta medida puede llevar a que la confrontación entre los actores armados que tienen presencia en estos territorios intensifique sus acciones violentas y generen nuevos desplazamientos.
Además, una de las deudas es la precisión de funciones diferenciadas de las Fuerzas Militares y la Policía, reconociéndolo incluso en la Política de Seguridad. Pero, salvo menciones específicas y con poca claridad, la realidad es que el documento denota una clara compenetración entre ambas fuerzas, lo cual implica que no se haga una diferenciación precisa entre ellas; por el contrario, en el apartado relacionado con los procesos internos de modernización de cada fuerza se menciona que se buscará “articularlos” y coordinarlas de manera conjunta. Lo que podría conllevar a una militarización de los territorios y no a un crecimiento que mejore la calidad de vida de sus habitantes.
Economías ilegales: conservación, sustitución de cultivos y minería ilegal
Respecto a las economías ilegales el gobierno nacional identifica dos de estás como asuntos problemáticos que son fuente de financiación de los grupos armados ilegales y organizados. En este contexto el gobierno nacional hace una diferenciación por lo menos en materia de cultivos de uso ilícito: los pequeños cultivadores, los cuales se encuentran dentro de la política de sustitución del gobierno; y el narcotráfico, como amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, dentro del documento del PND o la PDS, no se habla de una continuación del Programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, ni de medidas que garanticen la continuación de la sustitución voluntaria.
Por una parte, con los pequeños cultivadores el gobierno se compromete con seguir con la política de sustitución, empero, lo hace bajo un enfoque diferente que se basa en la erradicación obligatoria. Este cambio de concepción puede llegar a generar una mayor conflictividad en los territorios ante la negativa de los cultivadores. Además, es reiterativo que estas políticas han sido de gobierno, pero para los cultivadores existe un Estado que ha incumplido con varias partes de los acuerdos alcanzados, así como ha intentado imponerse en los territorios.
Al respecto se debe mencionar que es importante el enfoque que le ha dado el gobierno en el posacuerdo a las zonas afectadas por el conflicto y en las cuales se desarrollarán los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), dado que dentro de sus políticas se encuentra hacer asociaciones con el sector privado, académico, internacional, entre otros, para permitir el desarrollo de la economía de mercado en estos territorios la cual debe rebasar las actividades extractivas. Pero que dentro de lo planteado en las bases del PND entrarían en conflicto con las ZEII.
Por otro lado, frente a la problemática de la minería ilegal los documentos no tienen una política integral clara ni un plan de acción consolidado. Por el contrario, no existe un diagnostico respecto a la diferenciación que existe en la minería ilegal, la cual en muchos casos es sustento de familias que se dedican a este tipo de actividades. Dentro de los documentos se plantea una lucha férrea contra esta problemática mediante la imposición de acciones de control fluvial y territorial por parte de la policía y articulada al despliegue de las Fuerzas militares.
A su vez, una de las innovaciones es la importancia que se le da como activos estratégicos de la nación al agua, la biodiversidad y el medio ambiente. Pero esta conservación reconocimiento de la biodiversidad está encaminado a un proceso de aseguramiento de los recursos naturales para su posterior explotación, pues dentro de las estrategias de conservación en materia de seguridad planteadas en el Plan están centradas a la explotación legal de los recursos, sin tener claro si la conservación de las fuentes hídricas son parte de la preservación del ecosistema o del aseguramiento de los recursos para la explotación controlada de estos.
Orientación de la seguridad: Seguridad urbana,
informantes y acciones cívico-militares
Tanto las bases del PND como la PDS reflejan un claro problema en la organización institucional de la seguridad y la defensa en el país, dado que la cabeza de liderazgo esta puesta en el Ministerio de Defensa el cual tiene un claro enfoque hacia la organización de la seguridad nacional, lo cual implica relegar la seguridad ciudadana. No obstante, el gobierno tiene clara esta problemática, pero encuentra problemas al momento de manejar las vicisitudes que se pueden presentar en la seguridad interior relacionados con la convivencia ciudadana y con el proceso de paz en la consolidación institucional, dado que ambos procesos se encuentran bajo la dirección del Ministerio del Interior.
Ahora bien, uno de los debates relevantes sobre la nueva política es el entendimiento de la Seguridad Ciudadana; dado que en este se cometen muchos errores en el momento de hacer un acercamiento a las mismas. Pues desde el comienzo de la política de defensa se establece una militarización de las zonas rurales y un fortalecimiento del pie de fuerza de la policía en las ciudades; articulado a la implementación de medidas que buscar facilitar el ingreso de la policía a un escenario de fortalecimiento institucional mediante la dotación y entrenamiento de sus miembros en luchas contra el terrorismo urbano y el crimen organizado, los cuales son identificados como los principales males de la seguridad ciudadana en las urbes.
Entre los instrumentos que le confiere importancia esta política se encuentra la promoción de la cultura de la legalidad, la cual se basa en el aumento de la justicia y la sanción hacia los delincuentes. En ese orden, se le da una gran importancia al Código de Policía y Convivencia, el cual se espera que oriente los comportamientos de los ciudadanos y, por lo tanto, sea socializado por las autoridades locales. No obstante, este es un código para la convivencia, pero elude su construcción como documento desde Bogotá, lo cual lleva a que desconozca muchas de las dinámicas que se producen en el resto del país.
También esta lógica de sanción y justicia sobre el precepto de la constitución de la legalidad, basada en una interpretación tacita del código de policía –Código que brinda un alto grado de interpretación a la fuerza pública– podría llevar al abuso de autoridad por parte de la Fuerza pública al momento de sancionar a los ciudadanos.
Por otro lado, la creación de una “Red de Participación Cívica” con la cual se busca crear una interconexión entre los ciudadanos y las instituciones es uno de los temas más controversiales en torno a la política de defensa que se ve reflejada en uno de los principales objetivos del PND. El trasfondo fundamental es la participación del ciudadano como informante respecto a conductas no apropiadas socialmente, no obstante, esto puede llevar a un ánimo de persecución y desconfianza dentro de la sociedad, dado que los ciudadanos no necesariamente siempre dicen la verdad; así como las amenazas que detectan subjetivamente son diferentes.
En este marco también resulta preocupante el fortalecimiento de la inteligencia del Estado, pues si bien, es necesaria en la lucha contra el crimen organizado, resulta peligrosa en cuanto no es claro ni dentro de la política de seguridad ni el PND que se entiende por terrorismo urbano y quienes son sospechosos. Lo que podría aumentar la persecución contra detractores del gobierno nacional en la ciudad en el peor de los escenarios, semejante a organismos de inteligencia que en el pasado adelantaron acciones ilegales de inteligencia y seguimiento a quienes se declararon en oposición a los gobiernos.
Edición 625 – Semana del 1º al 7 de marzo de 2019
