Situación de los derechos humanos en Colombia

En su reciente informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describe la situación de los derechos humanos en Colombia en 2018 con respecto a la democracia, la seguridad, el desarrollo, la participación cívica y la paz, y destaca algunas de las actividades realizadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el país.

En particular, la Alta Comisionada subraya la importancia de garantizar los derechos humanos como vía para lograr una paz sostenible y duradera. El informe también presenta el balance realizado por el ACNUDH del segundo año de implementación de los aspectos de derechos humanos del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc – EP).

La Alta Comisionada destaca los desafíos específicos que plantean la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad y la corrupción, el incremento de la violencia y la necesidad de reducir la brecha de desigualdad en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en zonas rurales.

Recomendaciones

105. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera las recomendaciones formuladas en anteriores informes y hace las siguientes recomendaciones adicionales.

106. Reiterando que garantizar los derechos humanos es la vía para lograr una paz sostenible, la Alta Comisionada insta al Estado a acelerar el ritmo de implementación de los puntos 1, 3 y 4 del Acuerdo de Paz a fin de propiciar cambios positivos e impulsar soluciones duraderas para el desarrollo, la reducción de la pobreza y la disminución de las economías ilícitas, en particular en las zonas más afectadas por el conflicto, lo que puede incidir en una reducción sostenible de la violencia.

107. Además, la Alta Comisionada:

a) Exhorta al Estado a fortalecer las garantías para el ejercicio de la labor de los defensores de los derechos humanos a través del fortalecimiento y la ampliación de los espacios existentes de participación cívica a nivel territorial, de modo que se pueda superar el enfoque de adoptar medidas físicas como estrategia principal para prevenir y proteger a los defensores de los derechos humanos y se pasen a abordar las causas estructurales que generan riesgos en los territorios, particularmente en las zonas rurales afectadas por el conflicto;

b) Alienta al Estado a dar seguimiento a la visita oficial del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos a través de la implementación de sus recomendaciones principales;

c) Exhorta al Gobierno a implementar el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos y a actuar con la diligencia debida para luchar contra la impunidad en los casos de asesinatos y agresiones contra ellas;

d) Reitera al Gobierno y al ELN la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el máximo respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario como medio para construir la confianza que permita retomar los diálogos de paz;

e) Exhorta a todas las entidades del Estado a respetar la independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y en particular la de la Jurisdicción Especial para la Paz;

f) Invita al Estado a continuar avanzando en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como una herramienta para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales que facilite la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente, así como la promoción de la igualdad de género;

g) Insta al Gobierno a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

h) Exhorta al Gobierno a que mantenga un proceso participativo para la construcción del plan de acción nacional en derechos humanos que atienda las realidades regionales e incorpore el enfoque de género y étnico; también es necesario un proceso de evaluación que mida los avances mediante indicadores basados en estándares internacionales;

i) Insta al Estado y a la sociedad civil a crear una comisión tripartita de seguimiento a la aplicación de las recomendaciones formuladas en el contexto del examen periódico universal y por los órganos de tratados y los procedimientos especiales para así avanzar en una agenda integral y consensuada de derechos humanos.

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