¿Cómo están siendo revictimizados por el gobierno
los sectores poblacionales LGBTI?

Las víctimas y la Paz

Las negociaciones de paz celebradas en La Habana se preocuparon en garantizar y delimitar el reconocimiento de las víctimas, así como su participación y la garantía de sus derechos. El punto 5 del Acuerdo de Paz estableció las medidas que se tomarían para garantizar los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación, incluyendo el fortalecimiento de los enfoques diferenciales para las mismas. Esto conllevó a que se crearan nuevas instituciones que buscaran dar solución a uno de los mayores problemas del conflicto, el acceso a la verdad por quienes fueron víctimas de los actores del conflicto, abordando esta con criterios y enfoques diferenciales como fue el caso de los pueblos étnicos. Por otro lado, la ley de víctimas de 2011 ya había adelantado el reconocimiento de poblaciones vulnerables como los grupos étnicos, sin embargo, el acuerdo trajo un nuevo aporte para grupos de orientación sexual o identidad de género diversas.

En ese sentido el Acuerdo llamó la atención de organismos internacionales de Derechos Humanos al ser primero en el mundo en reconocer como víctimas a personas de sectores poblaciones LGBTI, comprometiéndose a cobijarlos bajo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR). En su momento representantes de varias agrupaciones políticas se pronunciaron en contra de la participación de personas de ese colectivo en las negociaciones de paz, entre quienes mostraron su descontento se destacan la actual Senadora María Fernanda Cabal que, en su campaña a la Cámara de Representantes de 2014, mostró abiertamente su postura en contra de las poblaciones de sexualidad diversa1.

Más adelante, y producto de la cerrada victoria del No en el plebiscito, las renegociaciones llevaron a que se hicieran diferentes modificaciones como eliminar las siglas “LGBTI” y los términos “enfoque de género”. Al final estos cambios, aunque dieron un golpe a una victoria simbólica, no resultaron ser de fondo y se mantuvo a la colectividad como víctima del conflicto.2

Hoy son varias las preocupaciones, los sectores y partidos que lideraron en ese momento el No en las votaciones de 2016 siguen con su voluntad de hacer cambios sustanciales a los acuerdos y el futuro de la reparación a las víctimas está en vilo por cuenta de Plan de Desarrollo presentado por Iván Duque. Como con muchos de los temas de orden nacional, aunque las bases del plan mencionan y hacen un diagnóstico de la situación por la que atraviesan hoy las personas de los sectores poblacionales LGBT en Colombia, el articulado no hace mención alguna de estrategias o planes que se proyecten para atender las necesidades de estas personas, aunque sí deroga el artículo 130 de la ley 1753 de 20153 (Correspondiente al Plan de Desarrollo “Todos por un Nuevo País”) que por primera vez lo hacía. En decir, no solo los invisibiliza, sino que se preocupa por eliminar esfuerzos del gobierno anterior por reconocerlos.

La primera política pública de orden nacional

La organización internacional “Transgender Europe” destacó en sus informes del año 2016 que Colombia es el tercer país de la región en dónde se cometen mayor número de asesinatos a personas trans, después de México y Brasil4. Informes como este refuerzan las reclamaciones que hacen organizaciones de sociedad civil para formular esfuerzos y programas destinados a reducir los actos de violencia a los que se ven sometidos todos los días los LGBT. Precisamente bajo ese orden de ideas el gobierno Santos expidió el Decreto 762 de 2018, el cual creaba la primera política pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de identidad diversa de orden nacional, amparándose en los informes presentados por la Alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que señaló las condiciones de vulnerabilidad que atraviesan a causa del abuso del que son víctimas.

En una entrevista dada por Juan Felipe Rivera5 en el año 20166, mostró la preocupación que se tiene desde la organización por cómo nuevamente las personas con orientaciones sexuales diversas son invisibles para el gobierno nacional. El proyecto de ley que está siendo debatido en el congreso no menciona en ninguno de sus artículos a los sectores LGBTI y la derogación del artículon130 de la ley 1753 daría espacio para el no cumplimiento y entrada en vigor de la política pública, a pesar de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) que han sostenido de manera reiterada la obligación por parte de los Estados para evitar violaciones a las personas de ese colectivo.

En un país en donde los transfeminicidios aumentan a niveles del 275% en regiones como el valle del Cauca7, solo resta preguntarse ¿para quién gobierna Iván Duque? ¿Cuántos muertos se necesita para que el gobierno colombiano diseñe e implemente finalmente una política pública que garantice los derechos de las personas LGBTI?

Derechos y reivindicación negados por la política

La reciente elección de Andrés Arias Macías como director del departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior deja también mucho que desear. El ex asesor legislativo por el partido cristiano Colombia Justa y libres, trabajó en la procuraduría de Alejandro Ordoñez y fue candidato a la cámara de representantes por el mismo partido en el que trabajó. La molestia es evidente, el mismo organismo que estaría a cargo de la coordinación y seguimiento de la primera política pública del orden nacional está designando en uno de los puestos más importantes en toma de decisiones a quien profesa valores que van contra del libre desarrollo de la personalidad, un derecho constitucional. El nuevo nombramiento estaría además motivado por pago de favores políticos, y no es el único que se da para los cristianos en el gobierno de Iván Duque8.

Por cuenta de la llamada “ideología de género” los grupos más conservadores han conseguido construir todo un discurso que ataca los intereses de la diversidad sexual; así el representante John Milton Rodríguez inició una batalla en el congreso al cuestionar los diagnósticos que hace el PND en diversidad recalcando la posición de la bancada en ese sentido. Resulta irónico que mientras los cristianos reclaman la eliminación de eso que llaman ideología de género, las organizaciones civiles demanden una representación real y la inclusión de los colectivos en la misma ley.

La lucha continúa

Si se suman todos los desplantes del gobierno con las personas LGBT, solo se auguran cuatro años duros en materia de reivindicación de derechos y legitimación. Y no solo son invisibles en la agenda gubernamental, además están siendo revictimizados al arrebatarles los pocos logros conseguidos con esfuerzo de años. A pesar de los retrocesos y amenazas, diferentes grupos defensores de derechos humanos ya adelanta esfuerzos por detener la derogación del artículo que garantiza la política pública nacional, además de la inclusión de artículos que otorguen a los sectores poblaciones LGBTI espacio para la garantía plena de sus derechos y la reivindicación de estos.

Restan temas de gran importancia por los que activistas y organizaciones adelantan su trabajo e idealizan estarían incluidos en la política pública como la situación carcelaria, personas indigentes, abuso policial, trabajo sexual y VIH. Todos temas que están en la agenda del activismo internacional y que no son ajenos a la realidad colombiana.