Vida sin río no es vida (II)

“Los que escribimos en la sombra del crepúsculo
Los que caminamos a través de la noche
Los que surgimos en la luz de la mañana
Los descalzos en el seno de la tierra
Los que sembramos los campos
Los que criamos los frutos de cada día
Los que conocemos el lenguaje del viento
Nosotros nos alzamos como un sol
Que no se oculta”

Canción El Árbol de La Vida (fragmento), Nación Ekeko

Comprender lo que somos para resistir lo que nos imponen
– Entrega 2 de 3 –

En toda realidad hegemónica hay otros mundos posibles, espacios de resistencia, líneas de fuga, intersticios no colonizados, que buscan transformar una situación de sujeción, dependencia y dominación, para hacer posible otro posible. Perseverar por un nuevo comienzo y negar la obediencia hace que emerjan actores, quienes dan un paso hacia adelante, contra algo que consideran injusto.

Es así como los pobladores asentados en el cañón del Cauca, en la zona de Hidroituango, se han organizado, manifestado y movilizado durante mucho tiempo. Sin embargo, reportes de oposición al proyecto a la Fiscalía, Procuraduría, Presidencia y Gobernación, no bastaron. Nadie los escuchó. Para nadie es un secreto que, a los movimientos sociales, a la acción colectiva, no sólo se le ignora, sino que además se le estigmatiza. ¿Se le puede llamar a esto, en estricto sentido, democracia? Si el poder reside en el pueblo, ¿por qué Colombia hace su ordenamiento territorial sin contar ni considerar el sentir de las comunidades?

El ordenamiento se da de manera vertical, bajo la gramática del Estado y el nomos del valor económico. Un asunto paradójico, puesto que la participación es el fin esencial del Estado y la razón de ser de su existencia, asunto que está explícito en la Constitución Política de 1991. No obstante, el derecho como instrumento esencial de dominación del Estado, no deja de ser un legalismo que oculta una descarnada realidad: la violencia que se planea y se impone sobre los territorios. En otras palabras, al ignorar esta puesta en común como sociedad, se decide desde un escritorio cómo se vivirá y a qué se destinarán los lugares, sin siquiera preguntarle a los pobladores cómo quieren vivir.

La contestación no se ha hecho esperar y es ahí donde emerge un conflicto de carácter socioambiental ligado a la superación de las necesidades materiales de los cañoneros, la defensa de la vida, las aguas y los territorios, así como los derechos fundamentales. Se hace importante precisar que los conflictos no derivan de la “nada", en este caso, son producto de las decisiones erráticas que han tomado tanto las élites políticas, como económicas, cuyo proyecto de sociedad ha sido oligárquico y excluyente, desde siempre. Minorías consistentes, al decir de Norbert Lechner (1978), que han tomado y heredado referentes modélicos de validez universal, para interpretar nuestra propia realidad y para tomarlos como ejemplos a seguir y alcanzar. Asentados sobre paradigmas o paradogmas, han sustentado los beneficios de este megaproyecto, pero se han olvidado de los impactos sociales, ambientales y territoriales que se quedan en lo local.

En otras palabras, se ha profundizado la desigualdad a costa de la gente, de la estructura ecológica de soporte, del patrón Mono, de la montaña, y de toda la inmensa vida que puede albergar el cañón. Se han distribuido de manera desigual los beneficios e impactos socioecológicos, generando un conflicto ecológico-distributivo de grandes proporciones.

Además, el biopoder de los poderes fácticos ha llegado hasta la existencia vital, puesto que se han asesinado cinco líderes sociales, defensores de su río y de su territorio desde 2013: Nelson Giraldo Posada, Robinson David, Ovidio Zabala, Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya, estos dos últimos en mayo de 2018.

La negación, las muertes, la disputa territorial por parte de diversos actores armados y los continuos desplazamientos han vulnerado la autodeterminación de los pueblos allí asentados, el derecho constitucional a la autonomía territorial y el derecho fundamental a la participación. Se han perpetuado los epistemicidios, al negar las formas de conocimiento, de saber y de relacionamiento que históricamente han construido las comunidades, porque los que saben supuestamente son “los expertos” formados en la academia y los representantes de prestantes instituciones, firmas consultoras y empresas. Una monocultura del saber y del rigor, al decir de De Souza Santos, que tilda a quién está debajo de la línea, de ignorante.

Todas las afectaciones presentadas hasta ahora explican muy bien en qué consiste la vulnerabilidad social: un sistema democrático débil en Colombia, que ignora y pasa por encima de los sujetos territorializados.

Desde este punto de vista, la incertidumbre generada por la Hidroeléctrica Ituango S.A. tiene una estrecha relación con la desigualdad social, la vulneración de los derechos humanos y de la naturaleza, y la tendencia recurrente y sistemática en Colombia a negar e imposibilitar la participación sociopolítica. Es así como en el Cañón del Cauca se ha generado un proceso de vulnerabilización, al ser un caso moralmente inaceptable, en el que se han ido creando a lo largo del tiempo las condiciones para su producción, potenciadas además por las decisiones de los poderes fácticos que han decidido de manera unilateral sobre el territorio.

Pero, ni la ciencia, supuestamente controlada, ni la técnica han sabido resolver las cosas y, en cambio, sí han intervenido en los ciclos de la vida humana y no humana. Esta dolorosa lección llamada Hidroituango nos debe llevar a admitir que el conocimiento tiene mucho de incertidumbre, complejidad y vulnerabilidad. No se puede seguir ignorando o subestimando el conocimiento popular y el saber ancestral. Y, por supuesto, tampoco se puede seguir poniendo en un segundo plano al conocimiento social y humanístico que construimos los formados en estas áreas, al hacer análisis de riesgo y social. Urge entonces, develar aquellas jerarquías que construyen silencios.

Como correlato, la población cañonera es quien está expuesta a los peligros, corre los riesgos y ha sido sometida históricamente a la fabricación de la vulnerabilidad social. Desde el punto de vista de la justicia ambiental preocupa la supervivencia y permanencia comunitaria y cultural de su cultura, más cuando se les ha afectado, negado y devaluado.

¿Cómo podemos construir conocimiento de otra forma? ¿Cómo podemos validar la emergencia de aquellos sujetos colectivos que defienden su patrimonio biocultural e imploran por recuperar el sentido de habitar la tierra, y la dimensión mítico-poética de su existencia?

Los sujetos territorializados, en concreto, nos están invitando a superar la visión instrumental del territorio como espacio vacío, contenedor de “recursos” y población, como espacio de la soberanía estatal o como propiedad privada. Lo que implica el respeto de otras formas de organizar el suelo de manera solidaria y cooperativa, a partir de una práxis ético-política sustentada en la buena vida y en el buen vivir, donde los bienes comunes se gestionan de manera comunitaria, lo que permite reconstruir los vínculos orgánicos entre el ser humano y la naturaleza, con el mundo-de-la-vida simbólico biótico.

Estas son las líneas de fuga a las visiones utilitarias y eficientistas, los intersticios no colonizados, que se resisten, para subvertir las relaciones de mando y obediencia, para existir y re-existir de otro modo, para crear alternativas vivas y reconectar al ser humano con las tramas de la vida. A partir de otros lenguajes y racionalidades están haciéndonos un llamado de atención, urgente, radical y desesperado, al decir de Hanna Arendt, para romper el silencio y el atropello, que además han padecido históricamente, por los horrores de la guerra y el conflicto armado que allí se ha instalado.