Guaidó no podía, ni puede
seguir como presidente encargado

Las falsedades divulgadas como verdades por la prensa nacional.

En el intento de generar un golpe de estado y tener una excusa legal para justificarlo, el diputado Juan Guaidó, elegido presidente de le Asamblea Nacional Legislativa en desacato, se autoproclamó en un mitin, como presidente interino de Venezuela; alegó la figura de un “vacío de poder” y la facultad constitucional por parte de la citada Asamblea para designarlo.

Lo primero es que el tal “vacío de poder” solo ha existido en la mente de la oposición venezolana, ya que el artículo 233 de la Constitución bolivariana de Venezuela lo define claramente en los siguientes casos. Son ellos: 1) muerte, 2) destitución decretada por el Tribunal Superior de Justicia, 3) Incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia…4) Abandono del cargo…y 5) Revocatoria popular del mandato. Ninguno de los cuales se dan en la actual situación venezolana.

Tampoco podía Guaidó alegar la falta absoluta del presidente antes de la posesión (art. 233 párrafo 2) porque ya Maduro estaba posesionado al momento de su autoproclamación como “presidente interino”, que es el único caso, reitero: antes de la posesión, en el que, dada una de las causales arriba señaladas, el presidente de la Asamblea Nacional puede ocupar durante 30 días la presidencia del país. Durante los cuales debe convocar a nuevas elecciones, lo que no hizo ni va a poder hacer, a menos que éstas se organicen en el exterior con autoridades electorales y fuerzas armadas y de policía de otro país. Lo que quiere decir, vencido el período de treinta días, que no puede continuar ejerciendo un poder, así sea de mentiras, que ni siquiera le podía ser conferido.

Han alegado también que la elección de Maduro fue viciada y el Min-relaciones de Colombia llegó incluso a decir que era un “usurpador”, o sea que llegó al poder por una vía ilegal. Tal argumento es falso. Las elecciones se realizaron en mayo del 2018 por petición de la oposición hecha en la reunión de diálogo previa que se hizo en Rep. Dominicana, cuando debieron haber sido efectuadas en diciembre, de conformidad con el calendario. Y en esa elección –lo que se oculta o ignora– participaron 16 partidos y cinco candidatos, resultando elegido Maduro con más de seis millones de votos, que constituyeron el 67% de los sufragios emitidos. Que tres partidos (AD, VP y PJ) no lo hayan hecho no invalidan esa justa electoral ni la vician de nulidad. Dicen también que Maduro tenía que posesionarse ante la Asamblea Nacional y no lo hizo, lo cual vicia de nulidad su posesión, ignorando adrede, para confundir a la opinión, que el texto constitucional venezolano en su artículo 231 manda que, de no poderlo hacer ante la citada Asamblea “lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”, lo que en efecto ocurrió.

También es falso el argumento del fraude. Y él se cae de su peso porque el mismo sistema que le dio el triunfo a Maduro en el 2018 le dio el triunfo a la Asamblea legislativa de mayoría opositora en el 2016 y sería de un cinismo infinito alegar que el sistema es bueno y limpio cuando ganamos y falso y fraudulento cuando perdemos. Aparte de que tal sistema es electrónico, pasa por varias revisiones y con la presencia en el consejo nacional electoral y en todos los puestos de votación de voceros de todos los partidos, lo que no ocurre en la “democracia electoral” colombiana. Y que el principal candidato opositor de esa fecha (Falcón) lo validó con su firma después de haber revisado todos los informes electorales del país. Y que los veedores internacionales –entre ellos el expresidente de España, Rodríguez Zapatero– no encontraron faltas algunas graves que hicieran pensar en la dudosa autenticidad y veracidad del resultado.