Varios colombiano/as defensores de la Paz están saliendo a las calles para apoyar el acuerdo firmado hace más de dos años con las FARC y cuya implementación se encuentra en un punto de incertidumbre por las objeciones parciales presentadas por el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

En Colombia las víctimas del conflicto armado, los pobres, los campesinos, los afrocolombianos, los indígenas y los jóvenes son quienes conforman esa zona de vacío entre la vida y la muerte, entre la existencia y la desaparición y entre el poder y la abyección…

Hoy el nombre de la justicia es la verdad, la memoria y la dignidad de todas las víctimas: las del campo y la ciudad, las desplazadas y las exiliadas, las muy pobres y muy rica, las notables y sin nombre. Por eso la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de los desaparecidos son un derecho y una responsabilidad de la mayoría de los colombianos…

La justicia ordinaria o tradicional o funciona por congestión, corrupción o inoperatividad (con un cartel de la toga y mini-carteles en los juzgados); a la JEP no la han dejado despegar en forma quienes tienen miedo de sentencias de esta JEP con crímenes de guerra perpetrados dentro del conflicto...

Es indiscutible que existe un ambiente nuevo de manejo de las contradicciones a través de la política. Presidente Duque no pase usted a la historia como el joven presidente que trajo nuevamente el odio y la violencia a su país. Este sería un cargo demasiado duro en el futuro para sus hijos inocentes.

En su sentencia, la CIDH hace un análisis completo del contexto en el cual sucedió la desaparición de Isaza Uribe a finales de los años 80, época en que Colombia vivía una situación de violencia generada por el narcotráfico y grupos armados insurgentes (M-19, ELN, EPL, Farc, Movimiento Quintín Lame, entre otros) que disputaban dominios territoriales a lo largo y ancho del país.

El interés por una organización nacional surge en el gremio, desde el primer congreso pedagógico nacional de 1.917. Idea que se aplaza y pospone debido entre otras causas a que la política del país estaba dominada por lo que se llamó “La Hegemonía conservadora”, que con la Constitución de 1.886 y los postulados de la iglesia católica, hacían imposible cualquier brote democrático, independiente, de ideas y organización. (Y creo que todavía).

El último paro del magisterio el año pasado se levantó con la promesa de que se presentaría para ello el proyecto de acto legislativo y no se hizo. Este es el motivo principal que tiene de nuevo a los educadores marchando en todo el país, demandando el cumplimiento de dicho compromiso. Y que no nos vengan ahora con el cuento que quien lo firmó fue el Gobierno anterior y no este.

El maldesarrollo y su contestación para resistir lo que nos imponen, en casos como la violencia que ha ejercido el proyecto Hidroeléctrica Ituango S.A., recuerdan que las disputas al albor del siglo XXI giran en torno a los territorios, los cuerpos y los imaginarios. A pesar de ellas y con ellas, emergen nuevos liderazgos, discursos, modos de organización, métodos de acción, relaciones, prácticas sociales, articulaciones y propuestas, que se contraponen al modelo de vida dominante.