JEP y Gobernabilidad

Miremos como un tema produce diferentes reacciones y actitudes, y hace organizar a la oposición. O un error de cálculo, o por el acatamiento a los radicales de su partido político, el Centro Democrático (CD), hizo que el Presidente Iván Duque acudiera a presentar seis “objeciones de inconveniencia” a la ley estatutaria de justicia transicional, y accionara de esta manera una reacción en cadena de críticos, columnistas, defensores de derechos humanos, investigadores sociales, ha alineado en contra a los partidos de oposición y a otros sectores porque consideran que esta acción presidencial dinamita la PAZ al generar inseguridad jurídica a los desmovilizados, deja sin “verdad” a los familiares de las víctimas, al chocar contra la Corte Constitucional como tribunal de cierre que produjo una sentencia de control constitucional sobre la exequibilidad de esa ley. Y pone en duda la gobernabilidad que necesita para sacar adelante la agenda legislativa.

La mayoría con la que ha venido trabajando el presidente Duque es una mayoría precaria en ambas cámaras del Congreso porque se ha negado a coaligarse con los que considera no lo acompañaron desde el principio(los ve como paracaidistas de segunda vuelta); esta coyuntura será aprovechada por los oportunistas que hacen malabarismos de independientes y van algunos a aprovechar el pulso para buscar cazar prebendas; otros para reacomodarse, otros para demarcarse; los liberales gaviristas que se han venido “endureciendo”, definirán la distancia o se ablandaran si logran gabinete; todo se presenta en medio de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo al que le han detectado micos que generan suspicacias; la corrupción extendida en la mayoría de las instituciones hace que muchos cuiden su reputación, producen posturas recias. La fijación de posiciones de liberales independientes, miembros de la U, Cambio Radical (CR), y otros determinaran la gobernabilidad del presidente para el resto del mandato.

De este pulso de los partidos y los líderes respecto a la JEP, saldrá una oposición congregada prodefensa de la PAZ y más independientes ad-portas de irse a la otra orilla. Se alineó la oposición para proteger la paz pactada, aunque tengan fisuras internas entre los partidos que la componen porque la ideología de varios no es sólida frente a los temas que abocan, algunos navegan entre el eclecticismo y el pancismo.

Las objeciones motivaron un pronunciamiento de la ONU sobre la necesidad de sancionar con perentoriedad la ley estatutaria de la JEP. Con esa actitud al presidente de la República se ha señalado, desconoce el acuerdo de PAZ, el derecho internacional humanitario, y ha dejado atónitos a los países garantes que acompañaron el proceso de paz. También se ha señalado que desestructurar la justicia transicional promueve el retorno de muchos exguerrilleros al uso de las armas o a engrosar filas en el ELN, o con otros actores colectivos armados.

La sentencia de control constitucional sobre la ley estatutaria es cosa juzgada material y no es admisible presentar objeciones de inconstitucionalidad ya resueltas como si fueran objeciones de inconveniencia. De esta forma no va a lograr mayorías en el Congreso porque pese a la dispersión de las fuerzas de la Unidad Nacional Santista, desperdigados unos como aliados del gobierno, otros como independientes y otros desaparecidos por sustracción de materia, los últimos reductos de esas fuerzas no van a tolerar que les desbaraten la PAZ, sello o marchamo que caracteriza los 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz.

Las objeciones de “inconveniencia” desconocen la Sentencia C-080 del año 2018, si fueren acatadas por el Congreso para cambiar los artículos seguramente serán rechazadas durante el nuevo control constitucional de la misma Corte Constitucional, pero ya de suyo confronta a dos ramas del poder público y arriesga más el funcionamiento del Estado de Derecho porque de prosperar, el órgano de cierre judicial dejaría de serlo por el boquete que generaría en próximas objeciones a leyes estatutarias y por ende facilitaría la confusión de las objeciones en el trámite de las leyes ordinarias y las que no tienen control automático, para cambiar desde la rama ejecutiva decisiones trascendentales ya en firme por la constitucionalización del derecho que conlleva la supremacía constitucional. Si prosperan las objeciones de patentizaría el manoseo a la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional que era la institución emblemática de la Constitución 1991 por sus dos primeras cohortes con un mosaico de magistrados ilustres, garantizó el control constitucional con transparencia, pero luego llegaron algunos magistrados que mancharon su imagen, y otros que politizaron las sentencias con acento partidista.

La desinstitucionalización se ha presentado en los últimos 16 años por las contrarreformas constitucionales con intereses gremiales y políticos agazapados, y por la llegada a los altos cargos del Estado de funcionarios con conductas torticeras desplegadas desde las tres ramas del poder público. No es necesario citar ejemplos concretos, vasta mirar las investigaciones judiciales reseñadas por los medios de comunicación, los prontuarios y las sentencias.

De tal cuadro, el quid del problema se puede evaluar así: el país sigue sin el funcionamiento de ninguna justicia. La justicia ordinaria o tradicional o funciona por congestión, corrupción o inoperatividad (con un cartel de la toga y mini-carteles en los juzgados); a la JEP no la han dejado despegar en forma quienes tienen miedo de sentencias de esta JEP con crímenes de guerra perpetrados dentro del conflicto; y las reformas a la justicia que ha intentado el Congreso, las mutilan, las deforman o les cuelgan micos que la hacen inútil y entorpecen el andamiaje de una justicia moderna y equitativa. Un país sin justicia no tiene Democracia plena.