Esta guerra de vallas es demostrativa, por un lado, del empobrecimiento paulatino del debate político, pero por otro, y esto es lo que nos interesa subrayar, de la utilización de las víctimas en pro de intereses partidistas, y como excusa para una polarización que nada tiene que ver con su situación, ni mucho menos con el interés de reconocerlas y repararlas.

Colombia no ha logrado acabar con la herencia colonial que ha naturalizado por más de dos siglos de vida republicana el racismo, el clasismo, el patriarcado y el sexismo. La llegada del tercer periodo de Uribe, a la par con el imaginario de la tiranía de las mayorías, es un grave retroceso para los objetivos constitucionales del Estado Social de Derecho, especialmente en lo que concierne a los derechos de las “minorías” étnicas.

Más le valdría a Duque un acto de realismo político para empezar a recuperar esa credibilidad y autoridad presidencial extraviada, atendiendo rápidamente los reclamos de la Minga, en lugar de refugiarse –como un niño orgulloso– tras el narcisismo de una legitimidad perdida por el incumplimiento histórico de tantos acuerdos firmados por sus predecesores.

Llegó el momento Presidente Duque de asumir una franca actitud democrática que le reconocerá la historia. Vaya, presidente al Cauca y dialogue con la Minga Indígena, reconozca la deuda social que por años ha mantenido esta sociedad, pida excusas por este antiguo abandono en que se ha mantenido a la comunidad indígena, decrete la emergencia económica y endéudese, si es necesario, pero lo que no puede hacer presidente, es ser inferior al desafío de la Colombia Democrática.

Es evidente que el actual presidente de Colombia no genera credibilidad y mucho menos confianza en amplios sectores societales. La inercia institucional apenas si alcanza a encubrir la improvisación y la incapacidad del Jefe de Estado para erigirse como símbolo de la unidad de un país que necesita con urgencia de un verdadero líder…

Como lo hemos venido mencionando en anteriores publicaciones, el enfoque educativo en el PND no responde a entender y atender la educación como un derecho y un servicio público con función social, como lo plantea la Constitución Política de Colombia en su artículo 67.

Es imprescindible y urgente frenar el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales en Colombia. La inoperancia del Estado genera una situación de real impunidad ante los delitos de Lesa Humanidad que se siguen cometiendo en ese país sudamericano.

El populismo es un término polisémico, utilizado para evaluar y comprender algunos fenómenos en América Latina, y otros países, caracterizado en los medios de comunicación por su tenue o vacío rigor académico, sin embargo, en materia de teoría política ha sido un concepto abordado con un análisis minucioso por académicos que trascendieron por su conceptualización y anclaje a la ciencia política.

Para Puentes para La Paz y Mencoldes es un gusto invitarles a nuestro evento #AbrilMesdeVíctimasVictoriosas, que tiene como objetivo realizar un homenaje a aquellas personas afectadas directamente por el Conflicto armado. Contaremos con la presentación de la maravillosa obra de teatro Claroscuro en mi Llanura, en la que participan actores naturales, miembros de las Comisiones Ciudadanas de Paz y Reconciliación de Arauca.

“Etiquetado de productos comestibles: un análisis desde los derechos humanos”, es una publicación del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia. Las autoras Diana Guarnizo y Ana María Narváez, a través de este documento, exploran el rol que cumple el etiquetado nutricional para garantizar la protección de los derechos a la información, a la alimentación y a la salud de las sociedades actuales.