Minga indígena por la vida ante la violencia policial, racista y clasista de estado: resistencia social y re-existencia política

Por primera vez en la vida republicana de Colombia, en el escenario de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la sociedad colombiana empezó a reconocer su carácter multiétnico y pluricultural como Nación, situación que obligó al Estado a declarar derechos especiales para poblaciones históricamente abandonadas, discriminadas y violentadas, como los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales. Particularmente, la presencia de los indígenas Lorenzo Muelas (elegido con 20.083 votos) y Francisco Rojas Birry (elegido con 25.880 votos) en la Constituyente de aquel momento contribuyó a tres conquistas fundamentales: a) el ordenamiento territorial; b) la apertura de espacios políticos y sociales de participación para los indígenas y los demás grupos étnicos, en especial la circunscripción especial indígena para el Senado y la circunscripción especial para los grupos étnicos; c) la garantía a derechos territoriales y culturales de los indígenas en la nueva Constitución.

De esta manera, el artículo 7 de la Constitución declara que el Estado debe reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana. Más adelante, en el artículo 10, la Constitución señala que las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios, por lo que en las comunidades con tradición lingüística propia la educación ha de ser bilingüe. Luego, en los artículos 63, 72, 96 y 246 la carta magna establece que las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables, que los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica tienen derechos especiales sobre esos patrimonios culturales, y que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos. En materia de tierras, este ordenamiento constitucional exigió al Estado diseñar un sistema de resguardos que reconozca el derecho de los pueblos indígenas sobre territorios tradicionalmente ocupados, adoptar programas para la preservación, reposición y aprovechamiento de recursos naturales, así como sanear los resguardos adquiriendo las mejoras de terceros que allí se encuentren con el fin de adjudicarlas a las comunidades indígenas.

Durante los últimos 27 años, a propósito de estos compromisos y obligaciones, se han firmado cerca de 1350 acuerdos entre los gobiernos de turno y varias comunidades indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional. Ante el incumplimiento sistemático del Estado a estos acuerdos, la persistente violencia de grupos armados legales e ilegales en sus territorios, el despojo de tierras por parte de terratenientes, colonos y paramilitares, así como la actitud racista y excluyente de la población mestiza –seudoblanca– mayoritaria, se han realizado alrededor de 50 mingas que han incluido en varias ocasiones al movimiento campesino y popular. En esta ocasión, la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, la cual cuenta con la representación de los pueblos indígenas del Cauca que se agrupan en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), así como el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), el Consejo Regional Indígena de Huila (CRIHU), el Consejo Regional Indígena de Nariño, y organizaciones sociales, campesinas y populares de otras regiones del país, lleva 26 días de duración, y ha dejado no solo pérdidas económicas para los gremios debido al bloqueo de la vía Panamericana, tal como se lamentan los empresarios de la Andi a través de Caracol, RCN y CM&, sino que ha traído consigo 9 personas muertas y varios heridos, tanto en la lamentable explosión (¿atentado?) del resguardo de Dagua (Valle del Cauca) como en los ataques sistemáticos y desmedidos del Esmad en diferentes incursiones. Al finalizar esta columna se reportó el fallecimiento del minguero Deiner Cerefino Yunda en el resguardo de Jebala, municipio de Totoró, quien fue impactado con proyectil de arma de fuego, al parecer, de uso exclusivo de las fuerzas militares.

Tal como lo resumió acertadamente Álvaro Ortiz en este Semanario el pasado 30 de marzo, la Minga exige la inclusión de las comunidades étnicas en el Plan Nacional de Desarrollo, el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la protección a los líderes sociales que están siendo asesinados, el respeto a la consulta previa para realizar proyectos en sus territorios (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo), el cumplimiento de los acuerdos firmados con las extintas Farc y el cumplimiento de los numerosos acuerdos firmados con otros gobiernos. Particularmente, los pueblos indígenas ubicados en el departamento del Cauca han sido desplazados progresivamente hacia zonas altas de la cordillera central debido a la expansión latifundista de la caña y la ganadería, y ahora la minería depredadora. Esto ha hecho que se ponga en riesgo la seguridad alimentaria y los ingresos económicos de estas comunidades, situación que se agrava ante la falta de vías para distribuir y comercializar sus productos. De acuerdo con la última columna de Alejandro Reyes en el diario El Espectador, “(…) el único acceso al Estado y sus recursos ha sido históricamente el clientelismo controlado por los gamonales caucanos, que cobran una tajada exorbitante por sus servicios de intermediación, que merma y dilapida la inversión social”.

Ante esta compleja situación, en lugar de buscar salidas negociadas que garanticen el derecho a la vida como principio fundamental del Estado Social de Derecho, se ha evidenciado una actitud violenta, racista, irresponsable y alevosa del establecimiento, en cabeza del gobierno Uribe – Duque, y de las fuerzas más retardatarias de la sociedad representadas en el Congreso de la República, la fuerza pública, los gremios, los terratenientes y los medios de comunicación hegemónicos. Haciendo un repaso de estas acciones, es posible asegurar que detrás de estos hechos existe una estrategia fascista que integra xenofobia, represión, fanatismo y populismo, al mejor estilo de los estados autoritarios y antidemocráticos de Europa en la primera mitad del siglo XX, los cuales profesaron el odio hacia otras etnias, pueblos y culturas, legitimaron el exterminio de los “enemigos de las mayorías”, neutralizaron las fuerzas políticas de oposición, promovieron la militarización y aseguraron “la guerra justa”. Existen tres ejemplos que evidencian la puesta en marcha de esta peligrosa estrategia.

En primer lugar, ante la ausencia de una política para el diálogo social, el gobierno Uribe – Duque ha mostrado su talante totalitario, arrogante y torpe al dilatar el encuentro directo entre el presidente y la Minga en el territorio. Vale recordar que la única alternativa ofrecida por el presidente Duque ante este conflicto fue citar a los 9 consejeros indígenas a la Casa de Nariño el 11 de marzo para firmar a puerta cerrada un acuerdo, situación que obviamente fue rechazada por la Minga y que radicalizó la posición del movimiento. Después de esto, se ha evidenciado una serie de acciones, entre violentas y torpes, por parte del ejecutivo: desgastar al movimiento con la presencia arrogante e insulsa de la Ministra del Interior y el Comisionado de Paz en la mesa de diálogo; ordenar ataques sistemáticos del Esmad a la concentración de indígenas y campesinos en la Panamericana; asegurar ante la opinión pública que la explosión en el cabildo de Dagua se originó debido a la manipulación de artefactos por parte de los indígenas y la infiltración de grupos armados ilegales. A esto se suma la exigencia del partido de gobierno, Centro Democrático, en la Comisión Primera del Senado, de emplear la fuerza policial y militar para disolver la movilización.

En segundo lugar, los medios de comunicación hegemónicos también han ejercido su consabida labor de desinformación. Los titulares de los noticieros de televisión y de radio, a partir de sus singulares discursos de pánico social, suelen abrir sus emisiones asegurando que los empresarios están siendo afectados por pérdidas millonarias, que los gremios están muy molestos y que hay desabastecimiento en el suroccidente del país. La prensa también se ha hecho presente en esta escalada “antiminga” de distintas maneras, por ejemplo, a través de columnas de opinión como la publicada por Cristina de Toro en el diario El Colombiano, quien tituló a su soliloquio “Banda delincuencial politizada”. Además de asegurar que la Minga no es más que una “banda de cuatreros” infiltrada por grupos armados, la analista ultraderechista asegura que “se les volvió costumbre tomarse la vía Panamericana para extorsionar al gobierno de turno y conseguir réditos políticos… so pretexto de ser aborígenes”. De la manera más xenófoba y colonial posible, la sobresaltada columnista cierra su texto propagandístico azuzando al gobierno para que retome el control de la Panamericana y, de este modo, nos logre “liberar del yugo de los brutales mingueros”.

Por último, y como parte integral de este fanático frenesí racista y clasista, el pasado 3 de abril fue destruida la IPS indígena y la sede política del CRIC – Cauca en Popayán, promovida, al parecer, por las élites payanesas y sus portavoces uribistas. Además de herir a una integrante de la organización y provocar graves daños materiales, la enfurecida muchedumbre increpó a los mingueros empleando términos como terroristas, guerrilleros e indios. Varios videos que circularon por redes sociales demuestran que el Esmad, en lugar de proteger a los indígenas y las instalaciones del CRIC – Cauca, se ocuparon de acompañar y cuidar a la frenética legión. En la tarde del mismo día, a través de los medios de comunicación ya mencionados, el presidente de la Andi, Bruce Mac Máster, aseguró que el país está secuestrado por los indígenas y que el gobierno tiene que resolver el problema.

Los anteriores hechos muestran que Colombia no ha logrado acabar con la herencia colonial que ha naturalizado por más de dos siglos de vida republicana el racismo, el clasismo, el patriarcado y el sexismo. La llegada del tercer periodo de Uribe, a la par con el imaginario de la tiranía de las mayorías, es un grave retroceso para los objetivos constitucionales del Estado Social de Derecho, especialmente en lo que concierne a los derechos de las “minorías” étnicas. Al parecer, el proyecto de las élites caucanas, a la cabeza de la Senadora Paloma Valencia, nieta de Guillermo León Valencia, el cual pretende desde 2015 dividir el departamento entre mestizos e indígenas por medio de un referendo, encontró su mejor forma de consolidación gracias a la violencia de Estado y sin necesidad de consulta alguna en las urnas. La arrogancia de Uribe – Duque, sin embargo, está empezando a bajar de intensidad dados los duros cuestionamientos de varios organismos internacionales y, especialmente, debido a la creciente solidaridad y movilización social de otras organizaciones indígenas, campesinas y populares, así como de organizaciones de trabajadores, estudiantes y de otros movimientos sociales. Ante el desacato a la Constitución y la ley, y ante un gobierno que divide y promueve el odio clasista y racista, lo único que le queda a la sociedad es la movilización social no solo como modo de resistencia social sino también como forma de re-existencia política.