Las inconsistencias de Guaidó

Lo primero es que la tal “usurpación” solo ha existido en la mente del autonombrado presidente Guaidó, ya que Maduro venía ejerciendo como presidente electo y fue ratificado en una elección posterior. Tampoco hay vacío de poder ni es cierto que la Asamblea Nacional podía designarlo. El artículo 233 de la Constitución bolivariana de Venezuela define claramente la competencia de la Asamblea Nacional para encargar presidente, en los siguientes casos: 1) muerte, 2) destitución decretada por el Tribunal Superior de Justicia, 3) Incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia… 4) Abandono del cargo…y 5) Revocatoria popular del mandato. Casos de ausencia definitiva del presidente, ninguno de los cuales se dan en la actual situación venezolana.

Tampoco podía Guaidó alegar la falta absoluta del presidente antes de la posesión (art. 233 párrafo 2) porque ya Maduro estaba posesionado al momento de la autoproclamación del diputado opositor como “presidente interino”, y el citado párrafo del artículo 233 define que solo antes de la posesión puede el presidente de la Asamblea Nacional ocupar durante 30 días la presidencia del país. Y solo para convocar a nuevas elecciones, lo que no hizo, y en modo alguno para mantenerse en el poder por más tiempo.

Han alegado también que la elección de Maduro fue viciada y el Min-relaciones de Colombia llegó incluso a decir que era un “usurpador”, o sea que llegó al poder por una vía ilegal o se lo quitó a alguien que estaba antes que él. Tal argumento es falso. Maduro venía ejerciendo la presidencia legalmente. Y las elecciones que lo eligieron para un segundo período se realizaron en mayo del 2018 por petición de la oposición hecha en la reunión de diálogo previa que se hizo en República Dominicana, cuando debieron haber sido efectuadas en diciembre, de conformidad con el calendario. Y en esa elección –lo que se oculta o ignora– participaron 16 partidos y cinco candidatos, resultando elegido Maduro con más de seis millones de votos, que constituyeron el 67% de los sufragios emitidos. Que tres partidos (AD, VP y PJ) no lo hayan hecho no invalidan esa justa electoral ni la vician de nulidad. Dicen también que Maduro tenía que posesionarse ante la Asamblea Nacional y no lo hizo, lo cual vicia de nulidad su posesión, ignorando adrede, para confundir a la opinión, que el texto constitucional venezolano en su artículo 231 manda que, de no poderlo hacer ante la citada Asamblea –instancia declarada en “desacato” porque desconoce los demás poderes de la República– “lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”, lo que en efecto ocurrió.

También es falso el argumento del fraude. Y él se cae de su peso porque el mismo sistema que le dio el triunfo a Maduro en el 2018 le dio el triunfo a la Asamblea legislativa de mayoría opositora en el 2016 y sería de un cinismo ridículo alegar que el sistema es bueno y limpio cuando ganamos y falso y fraudulento cuando perdemos. Aparte de que tal sistema es electrónico, pasa por varias revisiones y con la presencia en el consejo nacional electoral (CNE) de voceros de la oposición, lo que no ocurre en Colombia. Y que el principal candidato opositor de esa fecha (Falcón) validó el proceso con su firma después de haber revisado todos los informes electorales del país. Y que los veedores internacionales –entre ellos el expresidente de España, Rodríguez Zapatero– no encontraron faltas algunas graves que hicieran pensar en la dudosa autenticidad y veracidad del resultado.

Todas esas falsedades han sido divulgadas profusamente por los medios del sistema para darle base al golpe de estado montado por los EEUU con la complicidad de la oposición venezolana para tratar de derrocar, no a Maduro, sino a la revolución bolivariana, que es el obstáculo a sus aspiraciones de tomar el control del petróleo venezolano para satisfacer su demanda y manejar los precios mundiales a su acomodo.