El engaño como política de estado en Colombia

El sistema político colombiano (una muy publicitada “democracia” occidental y cristiana) pareciera que vive, desde la época colonial y los inicios del supuesto régimen republicano, un permanente y nebuloso ambiente colonial, cargado de múltiples falacias y de engaños, así como de penas, condenas y castigos, para los infractores del “orden” establecido, con lo cual buscan, supuestamente, escarmentar a los rebeldes.

Crímenes sistemáticamente organizados desde el propio Estado, desde los resquicios de un poder, concentrado inicialmente en el patriciado latifundista, godo y sectario y luego en las “modernas” estructuras mafiosas y narcoterroristas, que han impuesto la transmisión dinástica de los gobiernos entre sus grandes familias y los avezados y oportunistas funcionarios y contratistas, con sus mecanismos de lealtades y obligaciones serviles, con la repartija burocrática del Estado, con el compadrazgo, el gamonalismo y sus clientelas, que han tenido continuidad, de manera anacrónica, manteniendo una falsa cohesión social y esa falsa democracia que, desvergonzadamente se presenta, con orgullo, como la más antigua y consistente de toda la América Latina.

Desde la Nueva Granada, en la época hispano-colonial, y luego, permanentemente, en el período denominado “republicano”, este país ha vivido ( y padecido) la continuidad del régimen señorial-hacendatario que impuso el engaño como fundamento del quehacer político de sus élites. Desde cuando el arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora, con la falacia de las “Capitulaciones” de Zipaquirá, logró desvertebrar todo el proceso revolucionario que había iniciado el movimiento insurreccional de los Comuneros y llevar al cadalso a sus líderes y caudillos.

Siempre han existido esos mediocres mandatarios, representantes de las castas y las mafias que detentan el poder, dispuestos a lograr falsos “acuerdos” que de antemano saben que habrán de incumplir, sometidos siempre al vasallaje y a la subordinación imperial...

Los comuneros de 1782 fueron derrotados por la acción contrarrevolucionaria de sus propios dirigentes; por las altas clases criollas que buscaban sólo una “independencia” relativa, aquella que les permitiera pactar una mayor participación en el poder político y económico, sin llegar a desencadenar la revolución social. El problema fue “resuelto” astutamente en el acuerdo político de las Capitulaciones; jugada maestra del Arzobispo-virrey Caballero y Góngora, que inaugura en Colombia esa tramposa ideología liberal-conservadora que desde entonces nos agobia con la suplantación del pueblo por los partidos de la oligarquía y con las “disidencias tácticas”, es decir, con esos mecanismos de integración de la inconformidad a los intereses de los grupos hegemónicos, quienes, desde el régimen colonial-hacendatario, hasta nuestros días, se las han ingeniado para cooptar a los contradictores, para silenciarlos, encarcelarlos, o para asesinarlos.

Como escribiera el Maestro Antonio García en su libro “Los comuneros” de 1981: “Caballero y Góngora –en quien pesaba más en ese instante su papel de agente sumiso de la Corona que su aguda visión de filósofo-político– tuvo la capacidad de evaluar el proceso insurreccional como una general subversión del Reino...” y por ello aceptó sin debate las Capitulaciones, para ganar el tiempo requerido para la represión militar.

Ese Estado (hacendatario, señorial, familiar y clientelista de antaño, o el mafioso y narco-terrorista de hoy, con su ejército, su policía, sus políticos y su otro brazo armado de bandoleros, sicarios y paramilitares) ha permanecido presto a aplicar en todo momento el ritual del silenciamiento y el asesinato de los contradictores, el lenguaje no verbal de la cárcel, la proscripción, los asesinatos preventivos o la extradición de hoy...

La sentencia de muerte y la vesania e infamia sobre el cadáver de José Antonio Galán, fue pronunciada por la Real Audiencia de Santafé. Los reos debían ser ejecutados y luego descuartizados para escarmiento de los revolucionarios comuneros. Así, el 18 de febrero de 1782 fueron fusilados Antonio Galán, Lorenzo Alcantuz, Isidro Molina y Manuel Ortiz. Sus cadáveres fueron descuartizados y puestos sus miembros en diversos lugares; la cabeza de Galán fue colocada en Guaduas, su mano izquierda en San Gil, su pie derecho en Charalá y el izquierdo enviado a Mogotes. La cabeza de Manuel Ortiz fue expuesta en el Socorro, la de Isidro Molina en Santafé y la de Lorenzo Alcantuz en San Gil. La casa de Antonio Galán fue sembrada de sal, todos sus bienes confiscados y su descendencia declarada infame y execrable.

Esta vesanía se repite en Colombia de manera constante y no solo por los bandoleros o los paramilitares con sus motosierras, sino por la directa acción de los organismos de Estado que premian acciones como los llamados “falsos positivos” o el pago efectuado por guerrilleros “dados de baja” (Cfr. Expediente que establece que el 6 de marzo de 2008, al mayor del Ejército, Josué Yobanny Linares Hernández, se le entregó “la mano derecha de una persona, cuyas huellas dactilares, al ser examinadas por un perito del CTI, arrojó que correspondían a Manuel de Jesús Muñoz Ortiz, alias Iván Ríos”. Y como se precisó: “El gobierno del presidente Álvaro Uribe pagará parte de una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 2,7 millones de dólares) que será dividida entre el exrebelde que dio muerte a su jefe y otros tres informantes, detalló el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, sin precisar la fecha en que será entregado el dinero al ex guerrillero que mató y cortó la mano derecha a su jefe, un miembro de la directiva de las Farc...”

La actual coyuntura histórica nos enseña que si bien es cierto las Farc – EP, no llegaron a la mesa de negociaciones derrotadas, aun están por verse los resultados de dicha negociación; no sabemos si los fusiles oficiales –militares y paramilitares– se silenciarán, si las poderosas familias dinásticas y los nuevos mafiosos y narco-paramilitares enganchados en las estructuras estatales, con sus empresarios, políticos, generales, magistrados, jueces, procuradores y fiscales, cumplirán con lo pactado o si, simplemente, se trata de una reiteración, de la puesta en marcha, de nuevo, de ese viejo modelo del engaño como mecanismo para la contrarrevolución preventiva que inaugurara el Arzobispo-Virrey Caballero y Góngora.