Y ¿los líderes?... bien, la economía naranja, bien

“El primer desafío del Centro Democrático será el de volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las Farc”1… La trillada frase –que alguna vez pronunciara un exministro que desfalcó al Estado y que desde una tribuna radial envenena a sus oyentes con destempladas frases de odio– “vamos a hacer trizas el Acuerdo de paz”, pareciera que se está cumpliendo al pie de la letra.

Era evidente que con la llegada de Duque –la derecha– al poder, las cosas cambiarían y de sopetón nos encontraríamos ante el dramático panorama del retorno de la violencia que se quiere enquistar en esta nación que durante más de 50 años tuvo una guerra sin cuartel.

Por eso, como una dura cachetada contra quienes creemos en la paz y la reconciliación, recibimos el desalentador informe del Programa Somos Defensores2 que señala que el 2018 es considerado como el año más violento contra los líderes sociales en Colombia.

Señala el informe –al tiempo que denuncia la falta de voluntad política del Gobierno Nacional para frenar el fenómeno– que en 2018 se registraron 805 agresiones a líderes y defensores de derechos humanos, de las cuales 155 fueron asesinatos. Indicadores sin precedentes en el país y que, sin duda alguna, son preocupantes.

“Con la llegada a la presidencia de Iván Duque, se han presentado unos giros políticos en el país que han generado expectativa e inquietud por parte de diferentes sectores sociales. Uno de los asuntos de preocupación es el tema de paz; tanto la implementación de los acuerdos pactados con la desmovilizada guerrilla de las Farc como la continuación de los diálogos con el ELN. Desde la campaña del actual presidente se evidenció la vacilación frente a este asunto, que continuó presente una vez se realizó el cambio de Gobierno. Hay una gran deuda con el desarrollo de los diferentes puntos del Acuerdo de Paz y la interrupción de los diálogos con el ELN nos aleja cada vez más de la posibilidad de conseguir una salida negociada al enfrentamiento armado con esta guerrilla; a esto se le suma el desconocimiento de la existencia del conflicto armado en el país, que es un negacionismo a la realidad que viven las comunidades a diario en los diferentes territorios”. Puntualiza el documento –lanzado el pasado martes– en uno de los apartes de sus conclusiones.

De igual forma destaca que los y las defensoras/es de derechos humanos, debido al incremento del conflicto, han quedado en medio de esa guerra por el fortalecimiento del narcotráfico y la creación de nuevos grupos armados que disputan a sangre y fuego la consolidación de territorios que utilizan para producir la droga en laboratorios clandestinos o como rutas para sacar el producto final.

Lo anterior –apunta el Programa Somos Defensores– sucede en buena parte debido a la baja capacidad del Estado para ocupar las zonas dejadas por la guerrilla de las Farc después de su desmovilización y por la no implementación de estrategias efectivas para intervenir los círculos de violencias. “En medio de esta situación el Gobierno, en lugar de dar prioridad a la protección de la vida, ha puesto en el centro de sus políticas la economía naranja, cuando lo más importante debería ser atender el contexto de crisis de derechos humanos en el cual nos encontramos”.

Otro importante señalamiento sobre las irregularidades y el incremento de los niveles de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos tiene que ver con la vergonzosa impunidad que rodea los casos de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. “Desde los años 80 el movimiento de derechos humanos en el país ha demandado que se atiendan los casos y se avance en sus investigaciones, para determinar los responsables detrás de las violaciones a la vida de los defensores. Aunque en los últimos años se realizaron avances para conseguirlo, desde la llegada del Fiscal actual se han frenado los cambios que podrían conducir a bajar los índices de impunidad. Desde un inicio ha desestimado la importancia de la situación, y ha optado por utilizar los medios de comunicación para enviar mensajes distorsionados que, al parecer, dan cuenta de un “esclarecimiento histórico” pero que en realidad son juegos retóricos, pues las cifras de esclarecimiento real son mucho más bajas de las que se enuncian públicamente”.

En el Informe “La naranja mecánica” se hacen serios cuestionamientos a la Fiscalía cuando se señala que: “En febrero de 2019, la Fiscalía presentó un número mayor de casos investigados, 250, en los cuales ya habría un 54.8%3 de esclarecimiento. Significa esto que al menos 137 casos estarían investigados, juzgados y con sentencias. Pero no es cierto, el número de sentencias es de 22, equivalente al 8.8%. También genera mucha confusión que en cada salida a medios la Fiscalía entregue cifras distintas, a veces más grandes y posteriormente más bajas. Por ejemplo, en enero de 2019 habló de 231 entre 2016 y 2018, dato distinto al recogido más arriba en este mismo párrafo”.

Así las cosas, se hace un llamado urgente al Gobierno para que entienda la gravedad de la situación de los líderes y lideresas defensores de derechos humanos y adopte las medidas necesarias para proteger sus vidas.

En este sentido señala el documento: “Las medidas de protección, como las ofrecidas por la Unidad Nacional de Protección, no son suficientes; un chaleco o un esquema de seguridad no son la solución para el nivel de violencia que todos los días deben enfrentar los defensores en las diferentes zonas del territorio nacional. De este tipo de medidas se debe pasar a garantías reales y a una intervención integral de los contextos de violencia, para que la población civil no siga pagando con sus vidas la desidia y omisiones de los gobiernos de turno”.

Finalmente, a través del informe, organizaciones no gubernamentales advierten su preocupación por la que denominan “orientación militarista” de la estrategia de este gobierno recogida en el Plan de Acción Oportuna – PAO que “centraliza la solución en las Fuerzas Militares y en su fortalecimiento en los territorios, en particular en las Zonas Estratégicas de Intervención Integral –ZEII–, espacios donde actuarán de manera importante”.

De igual forma también alertan sobre los planteamientos del PAO en el que se desconocen que la violencia contra defensores/as de derechos humanos es un asunto estructural del Estado resultante de la complejidad del conflicto armado, y dejan de lado la responsabilidad de agentes estatales y se centra solamente en actores particulares.

Estaremos pues muy atentos al desarrollo de esta problemática social que afecta –como siempre– a quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos y la preservación de la poca paz que –si no la cuidamos– se nos desvanecerá como agua entre las manos.