De las objeciones a las elecciones

La coyuntura política del país es sorprendente e inquietante. El Congreso de la República es el más diverso de la historia, las mayorías para aprobar proyectos de ley no están definidas, los partidos que se declararon como independientes tienen la clave para aprobar lo que el Gobierno impulse en el Congreso, así como para frenar sus iniciativas, y el presidente enfrenta índices muy bajos de popularidad en su primer año de Gobierno. Lo sorprendente resulta de la combinación de estos elementos insólitos, especialmente porque en el modelo democrático colombiano los poderes públicos tienden a plegarse ante la fuerza del presidente; mientras que lo inquietante, resulta de los planes que puede tener el partido de gobierno, es decir el Centro Democrático, para sortear estos obstáculos.

Unos días antes de que la Cámara de Representantes votará negativamente las objeciones que el presidente formuló ante el proyecto de ley estatutaria de la JEP, varios partidos independientes, anunciaron que votarían en bloque para tumbarlas con el objetivo de que el proyecto sea sancionado por el presidente. Sin el apoyo de los independientes las objeciones estaban destinadas a fracasar en el Congreso. Varios legisladores, a sabiendas que el Gobierno no tendría la capacidad para recaudar los votos, le pidieron al presidente que retirará las objeciones y sancionará la ley. Sin embargo, Iván Duque siguió en su empeño, llevándolas hasta el último paso del procedimiento; aun a pesar de que muchas de estas se dirigían a asuntos ya definidos por la Corte Constitucional. De tal forma que las objeciones transitaron durante semanas en el Congreso esperando que el Senado después de importantes maniobras dilatorias, las votará en pleno. Dicha decisión, no pareció una medida de fuerza irreflexiva por parte del Gobierno. No fue, únicamente, un pulso entre el presidente, la Corte y Congreso sobre un asunto de medular importancia para la sociedad. Puede encubrir, por el contrario, una estrategia política con miras a las elecciones locales que se llevarán a cabo en octubre de este año.

Los temas y los planteamientos realizados en las objeciones son taquilleros. Es decir, son temas especialmente sensibles ante la opinión pública por lo que, a su vez, son banderas electorales fácilmente redituables por diferentes sectores políticos. La objeción que presentó el Gobierno contra el artículo 150 del proyecto de ley de la JEP ilustra con suficiencia este punto. El objetivo de esta objeción, en palabras del presidente, era impedir que la JEP practique pruebas para determinar la fechas de los ilícitos por los cuales se pide en extradición a personas que se acogieron a esta jurisdicción. Sin embargo, esta potestad la estableció la Corte Constitucional en la Sentencia C 080 de 2018, en donde argumento que, como medida para fortalecer la garantía de no extradición contemplada en el Acuerdo de Paz, podía practicar pruebas con el fin de establecer la fecha del ilícito y determinar en consecuencia si se aplica la garantía o si es procedente la extradición. En consecuencia, jurídicamente, el contenido de la objeción se enmarca en un tema zanjado por la Corte y, por ende, sería improcedente.

No obstante, la objeción parece ventilarse como si se mezclará con las voces intransigentes que claman castigos ordinarios en momentos de transición política, como si el castigo únicamente fuera eficaz a través de la extradición. El fervor popular que genera el castigo es un tema muy estudiado por la sociología, llegando a perfilar, incluso, sus implicaciones en el sistema democrático. Mezclar el castigo con la democracia, según una cantidad considerable de estudios, inclina la balanza dentro de la dinámica electoral hacia quienes presentan a la justicia a través del castigo. Por esto, parece resultar transcendental para Gobierno y su partido que la discusión sobre a quienes debe castigar la JEP siga vigente el mayor tiempo posible, aun cuando su cambio a través de objeciones no tenga viabilidad política ni jurídica. El éxito de las objeciones, en consecuencia, no es lograr que se aprueben, sino que la discusión se mantenga en la memoria de los electores hasta las elecciones de octubre.

Así las cosas, esperan que se pase de las objeciones a las elecciones con la pretensión de aumentar su caudal. Tiene mucho sentido fortalecer los proyectos regionales cuando las vías en el legislativo están bloqueadas y los índices de popularidad del presidente auguran días aciagos para el Gobierno. El mejor empujón para las campañas locales es, precisamente, una bandera que ya han explotado con bastante éxito en las elecciones presidenciales de 2018 y en el plebiscito de 2016, consistente en proponer al castigo como equivalente de la justicia y la mejor forma de realizar este empujón es mantener latente la discusión sobre las objeciones a la JEP.

Como decía Daniel Khaneman “le gente es muy sensible a las presiones y a las consecuencias inmediatas que puedan tener”. Proponer el ejercicio democrático del voto electoral como una disyuntiva entre la justicia y su consecuente castigo, y la injusticia y su consecuencia impunidad, parece poner al elector entre la espada y la pared. La presión, sin embargo, lo hace quedarse inmóvil. Como sí su única salida fuera abrazar a quienes se cubren bajo el manto del castigo. Y sí, por el contrario, se atreve ir más allá la amenaza se convierte en la insufrible acusación de apoyar la impunidad y la injusticia.