(In) movilidad social: las promesas incumplidas del capitalismo en la era de la educación por competencias

El pasado 28 de abril, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2019, tuve la oportunidad de comentar el libro titulado (In) movilidad social y democracia. Algunas perspectivas teóricas, analíticas y empíricas, a propósito de algunos países de la Ocde y Colombia, del académico y consultor colombiano Luis Jorge Garay, editado por Desde Abajo, el cual hace parte de la colección Primeros Pasos, coordinada por Marco Raúl Mejía. El libro tiene como propósito exponer un estado del conocimiento detallado sobre la movilidad social en Colombia y algunos países de la Ocde, y su relación con factores como la educación, la clase social, el linaje, los capitales transmitidos de los padres y madres hacia los hijos, así como los derechos y las oportunidades que los estados deben garantizar a los ciudadanos con el fin de mejorar sus condiciones de vida. A partir de una exploración teórica, pero también de la revisión juiciosa de modelos analíticos y estudios empíricos, el trabajo de Garay (2018) muestra, como punto de partida, que un factor crucial para la construcción de un Estado Social de Derecho es la movilidad social, dado que se trata de un proceso que puede reducir las brechas sociales ligadas a la desigualdad y la exclusión.

Con el fin de comprender el problema, Garay (2018) presenta dos tradiciones teóricas que se ocuparon tempranamente de este tema. Por un lado, la marxista, que plantea cómo en el capitalismo de orientación liberal es imposible la movilidad social debido la polarización entre clases sociales y el sostenimiento de privilegios por parte de un sector de la sociedad, situación que ocurre como consecuencia de las contradicciones entre el trabajo y el capital. Por otro lado, la liberal, la cual asegura que la movilidad social es posible solamente a partir de las dinámicas del mercado, la diversificación del trabajo y, especialmente, cuando las personas se someten a un sistema meritocrático que opera a través de la educación y el desarrollo de habilidades (recientemente desarrollo de competencias) para sortear las necesidades productivas del modelo económico. Este horizonte optimista de la movilidad social ha traído consigo tres orientaciones que se han instalado progresivamente en el orden social de los países occidentales: educación para la productividad y el trabajo; inserción femenina en los oficios y profesiones; y capital humano como orientador de la equidad.

La primera orientación propone el desarrollo de habilidades y competencias mediante la educación con el fin de responder a la desfuncionalización y la refuncionalización del trabajo. En otras palabras, propone que los sistemas educativos tengan la suficiente flexibilidad para adaptarse a las transformaciones del sistema económico capitalista global – transnacional con el fin de ofrecer a la sociedad personas con las competencias requeridas para la acumulación y la concentración de capital, proceso que actualmente articula la producción por convergencia tecnológica (microelectrónica, robótica autónoma, inteligencia artificial, Big Data, algoritmo Web, entre otros), la tercerización laboral (especialmente por medio de la maquilización de algunos sectores de la economías) y el extractivismo transnacional en territorios con riqueza hídrica, vegetal y de minerales. La segunda orientación plantea que, en el contexto de las desigualdades históricas entre hombres y mujeres, es necesario que las sociedades implementen políticas educativas y de trabajo que fomenten el empleo femenino, conducentes a alcanzar equidad de género en los ingresos económicos y el bienestar social. La tercera orientación, denominada capital humano, sostiene que la educación es la mejor inversión para cualquier sociedad dado que, a mayor formación y desarrollo de competencias, mayores ingresos económicos sin importar el origen de clase. Esta afirmación parte del supuesto aumento progresivo de la rentabilidad relativa. Al respecto, algunos economistas sostienen que, si se invierte en educación, incluso desde la primera infancia, es posible alcanzar hasta tres veces una tasa de retorno en el futuro.

A partir de modelos de análisis y estudios empíricos, Garay (2018) muestra varias problemáticas y contradicciones en torno a estas tres promesas del capitalismo contemporáneo. En relación con la primera promesa, la de la educación como principal factor de movilidad social, es claro que en el actual modelo económico las personas ya no alcanzan formas directas de movilidad social ascendente por la vía de la educación secundaria, media, técnica o superior. Los estudios revisados por el autor muestran que predominan factores como la clase social de la familia, el linaje y los capitales (económicos, culturales y sociales, según Bourdieu) transmitidos hacia los descendientes, antes que la formación. Apoyado en Picketty (2014), Garay (2018) corrobora cómo estos factores se profundizan en varios países de la Ocde, incluyendo Colombia, debido a la existencia de una suerte de gobernanza empresarial que sostiene sus privilegios de clase y de élite gremial. Esto cierra posibilidades para que personas de clases sociales bajas alcancen mejores posiciones en el trabajo y, por consiguiente, asciendan social y económicamente.

En relación con la segunda promesa, apoyado en estudios internacionales y en sus propios trabajos, Garay (2018) evidencia cómo las mujeres más pobres, especialmente aquellas que son jefes de hogar y que pertenecen a hogares monoparentales, no cuentan con más y mejores oportunidades educativas y laborales. Por lo contrario, señala Garay (2015), basado en un estudio anterior de su autoría, que las mujeres en estas condiciones tienden a vivir a partir de la subsistencia y la informalidad. Por último, según Garay (apoyado en Bourdieu y Passeron, 1977), la tercera promesa también resulta contradictoria debido a que los valores, creencias y conocimientos que predominan en el mundo del trabajo no son los adquiridos por los jóvenes en su formación técnica o profesional, o en su experiencia laboral temprana, sino en la reproducción e imposición de los capitales culturales de la clase dominante.

Si bien en algunos países industrializados de la Ocde ciertas especialidades, desarrolladas luego de las formación profesional, indican la existencia de ciertas formas de movilidad social ascendente, Garay (2018) expone datos muy ilustrativos de esta problemática: niños y niñas con padres y madres de bajos ingresos económicos tienen menos movilidad social; cuatro de cada diez niños y niñas con padres y madres con bajo nivel educativo sólo alcanzan educación secundaria completa; uno de cada cinco niños y niñas con padres y madres con bajo nivel educativo alcanzan educación técnica o superior completa. En el caso de Colombia, sólo el seis por ciento de los niños y niñas más pobres logra ubicarse en el nivel más alto de la pirámide socioeconómica una vez son adultos, y sólo el cuatro por ciento de los niños y niñas más ricos descienden a la base de la pirámide socioeconómica al llegar a la adultez. Tanto en Colombia como en varios países de la Ocde los niños y las niñas de las clases sociales más bajas tardarían cuatro o cinco generaciones para que sus descendientes alcancen el promedio de ingresos de dichas sociedades. En consecuencia, siguiendo a Garay (2018), la educación y la meritocracia en estos países no son factores de movilidad sino de (in) movilidad social.

En el caso colombiano, la (in) movilidad social es aún más aguda. Por un lado, en el sistema de la educación básica y media, desde hace más de dos décadas se vienen implementando directrices relacionadas con la evaluación por competencias, la estandarización de contenidos curriculares y, de acuerdo con Mejía (2014), la despedagogización de los maestros y maestras. Se supone que, en el largo plazo, este modelo de formación logrará responder al desarrollo de habilidades blandas para el trabajo inmaterial, en el que el individuo será empresario de sí mismo. Sin embargo, tal como se infiere del trabajo de Garay (2018), se trata del gerente de una vida precaria, marcada por la desregulación laboral, la informalidad, la pérdida de derechos laborales y la eliminación progresiva de su seguridad social. Por otro lado, en el Sistema de Educación Superior las orientaciones están dirigidas hacia la configuración de un modelo jerárquico de universidades y profesiones a partir de las leyes del mercado del capitalismo cognitivo. Dado que en este modelo la educación no es un derecho sino un servicio, y que los cupos para el ingreso a las universidades oficiales son escasos, se le exige al estudiante y su familia que se sacrifiquen, que paguen por los créditos académicos ofrecidos por la universidad privada o que asuman las directrices de programas de subsidios a la demanda, tales como Ser Pilo Paga, o ahora Generación E.

Estas medidas, en el marco de la (in) movilidad social examinada, las cuales traen consigo más familias endeudadas y más profesionales desempleados, son la base de dos estrategias muy útiles para la clase dominante. Por un lado, estas élites siguen vendiendo la idea que la educación transforma a la sociedad y que permite que las personas mejoren sus condiciones de vida. Por otro, es un modelo que sostiene el estatus quo y que deja intactas las relaciones de poder. En tal sentido, es necesario que los proyectos políticos de carácter democrático, alternativo y/o antihegemónico asuman este principio de realidad. Además de construir un sistema educativo que se oponga a la reproducción de los valores y los conocimientos dominantes, con el engaño de convertir a los individuos en gerentes de sí mismos, y que haga posible construir pensamiento crítico en estudiantes, maestros y maestras, y padres y madres de familia para la emancipación social, es necesario cuestionar asuntos fundamentales, tales como, la concentración de capital en determinados sectores de la sociedad, la desregulación del mercado en varios sectores de la economía, las dinámicas en el mercado del trabajo asociadas con el linaje, la clase social y el tráfico de influencias, el desempleo estructural en los jóvenes (especialmente en las mujeres jóvenes), la volatilidad de los ingresos económicos de las familias de clase baja y media, las condiciones de seguridad social de los trabajadores y la discriminación laboral por clase social, grupo etario, etnia, género, sexualidad, territorio y discapacidad.