Cuando el cerco se cierra

Muy temprano en el año que corre, el actual presidente de Colombia tomó un partido muy claro en la situación política venezolana. No dudó un segundo en condenar la dictadura y liderar iniciativas para generar lo que el denominó un “cerco diplomático” alrededor del gobierno de Nicolás Maduro. Hace relativamente poco, Colombia, junto con Argentina Brasil, Chile y Paraguay, firmaron una declaración conjunta en la cual le solicitaban a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que su aplicación de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos tuviera en cuenta el derecho de interpretación de los Estados de las obligaciones internacionales y la consideración de las realidades domésticas de los suscribientes al Pacto de San José. Hoy el gobierno de los EE. UU. de América tomó la determinación de retirar el visado a jueces y parlamentarios colombianos que a través de sus actuaciones han provocado diferencias de criterio con el gobierno norteamericano.

Los tres episodios comparten un eje de discusión común: la forma en la cual el actual gobierno entiende el rol del diálogo de la comunidad internacional con la política interna. Al tomar partido por un llamado a apoyar a Juan Guaidó, el gobierno de Duque parte del supuesto según el cual existe un interés de las naciones en que ciertos mínimos consustanciales a las democracias contemporáneas sean observados por los Estados. Si estos mínimos no son respetados, debería haber una consecuencia por parte de la comunidad. Resulta al menos contradictorio entonces la comunicación enviada por el Estado colombiano a la CIDH donde le pide a esta Corte mesura en sus pronunciamientos y su interpretación de obligaciones derivadas de los tratados, acogiendo una teoría más cercana a la que el gobierno de Nicolás Maduro ha tenido al respecto del rol de las cortes internacionales en los asuntos vernáculos: los Estados son soberanos en sus políticas internas y en el diálogo que la creación e implementación de estas políticas pueda tomar. No es el lugar de otros Estados ni de organismos multilaterales tomar partido o expresar sus opiniones porque cualquiera de esas actividades es inmiscuirse donde no es su prerrogativa hacerlo.

¿En donde deja esta contradicción de base al gobierno del presidente Duque en cuanto al retiro de la visa de dignatarios colombianos? Si mantiene su línea argumentativa inicial, podría apelar al principio de no intervención como punto estructural del diálogo respetuoso entre naciones democráticas y solicitar diplomáticamente las razones por las cuales el gobierno estadounidense decidió levantar los permisos migratorios. Si sigue el camino trazado por la declaración a la CIDH, esta forma de presión a funcionarios del Estado colombiano por parte de EE. UU. Estaría dentro de las potestades propias de los Estados en cuanto a quien le otorga tránsito dentro de sus fronteras, razón por la cual, solo quedaría asentir y bajar la mirada.

El problema real no es sobre una posición de fondo o de otra, los argumentos en uno y otro caso existen, es la falta de consistencia lo que no permite pronosticar como actúa un gobierno.