¿El retorno de los falsos positivos?

El artículo de “NYT” y otros hechos han prendido una alarma justificada

Frente a la polémica suscitada por el artículo de The New York Times de manera justa se prendieron alarmas con relación al riesgo de que se vuelvan a producir masivamente casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas contra personas civiles, a partir de nuevos lineamientos de actuación operativa y sus indicadores de seguimiento. Si bien las ejecuciones extrajudiciales no son un fenómeno masivo, como lo fue durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe, sí se han registrado casos con posterioridad, teniendo alto impacto el reciente asesinato del excombatiente de las Farc, Dimar Torres, tras ser capturado por efectivos del Ejército en Catatumbo, lo cual exige revisar causas, motivaciones y circunstancias de su ocurrencia. Pero así mismo, Human Wright Whach y otras ONG de derechos humanos, ya traían un debate con relación al riesgo que representa el ascenso de oficiales comprometidos con casos de “falsos positivos” a la nueva cúpula militar, elegida por el presente gobierno nacional.

Ascenso a la cúpula militar de oficiales relacionados con “falsos positivos”

El pasado 14 de mayo se conoció sobre la carta enviada al presidente Iván Duque por un grupo de senadores de EE. UU. quienes afirman llevar años haciéndole seguimiento a los casos de ejecuciones extrajudiciales/ “falsos positivos” que han comprometido a las FFMM en Colombia. Entre ellos Patrik Leahy, demócrata de la comisión de apropiaciones; Bell Cardin y Chris Van Hollen, del Subcomité para el hemisferio occidental. En su misiva expresaron preocupación por el nombramiento de nueve militares en altos puestos de mando de las FFMM de Colombia, pese a estar señalados por informes de ONG de derechos humanos de haber tenido responsabilidades en estructuras militares comprometidas con las masivas ejecuciones extrajudiciales, cometidas contra inermes pobladores campesinos o de zonas marginales urbanas, falsamente señalados y legalmente acreditados como supuestos integrantes de la guerrilla dados de baja en combate.

La carta destacó en particular también el caso del comandante del Ejército, mayor general Nicasio de Jesús Martínez, como uno de los altos oficiales señalados. Afirma la carta: “Queremos hacerle saber que estamos preocupados por un reciente informe de Human Rights Watch (HRW). Este reporte, titulado “Colombia, nuevos comandantes del Ejército asociados con asesinatos”, documenta el nombramiento de oficiales de altos cargos del Ejército a pesar de existir evidencia creíble de que estuvieron vinculados a graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto (…) cualquier persona que haya sido vinculada a crímenes tan terribles, como los que documenta HRW, debería ser suspendida de cargos con responsabilidad de mando y ser inelegibles para un ascenso hasta que el caso sea investigado y plenamente resuelto”1.

En su carta, también le expresan a Duque estar “decepcionados porque los altos oficiales que supuestamente dieron las órdenes y luego encubrieron los crímenes han evadido la justicia”, y le piden remediar la situación. (…) También expresan preocupación por la seguridad del sargento Carlos Alberto Mora, cuyo testimonio sirvió para condenar a ciertos oficiales responsables de falsos positivos (…) “Nos preocupa que tras su regreso a Colombia ha sido ignorado y maltratado en las Fuerzas Armadas. Y estamos en alarma por su seguridad tras conocer que oficiales contra los que declaró ya han salido de prisión”, sostienen los legisladores antes de pedirle a Duque que lo nombre en un puesto militar en el extranjero para protegerlo2.

A pesar de los debates en el Congreso y las denuncias y discusiones al respecto de las ONG de derechos humanos, el gobierno nacional del presidente Duque mantiene la cúpula militar con la participación de las personas cuestionadas por este tipo de antecedentes.

Detención arbitraria, maltratos y asesinato
de Dimar Torres por efectivos del Ejército

El excombatiente de las Farc Dimar Torres acogido al acuerdo de paz y quien tenía especial liderazgo comunitario en la vereda Campo Alegre, Convención, Norte de Santander, fue capturado, golpeado, asesinado e intentado desaparecer su cadáver el pasado 22 de abril, por integrantes de un contingente del Ejército Nacional, del Batallón de Operaciones Terrestres No 11. Los militares lo capturaron de forma arbitraria en un retén cuando iba en la tarde de retorno para su casa, fue llevado hasta otro reten y, en presencia del colectivo militar, fue gravemente golpeado, al parecer torturado, y luego baleado. Los militares intentaron desaparecer su cadáver, para lo cual cavaron una fosa.

Gracias a la resistencia civilista que asumieron los pobladores del lugar de manera colectiva trascendieron los hechos. Ante la desaparición de Dimar Torres los pobladores se hicieron presentes ante este contingente militar, como se evidencia en las grabaciones que captaron, los efectivos oficiales les negaban que lo hubieran retenido, que lo tuvieran y pretendieron de tal forma el ocultamiento. Pero ante la sospecha y la evidencia de su retorno confirmado a la casa teniendo que cruzar el sitio militarizado, incursionaron en el lugar donde acampaban, de forma que ubicaron la fosa, las herramientas de trabajo para hacerla, la atención con limonadas que otros militares les brindaban y el cadáver heridas y señales de maltratos y posibles torturas.

La Comisión de Paz del Senado se hizo presente y el hecho trascendió. El comandante de la tropa en la región, el general Diego Villegas, de forma digna y también valiente, ante las evidencias del hecho, pidió perdón por lo sucedido ante la comunidad, hecho por el cual luego ha sufrido críticas y maltratos desde los mismos militares con posterioridad, según informaciones que han trascendido. En materia de aplicación de justicia inicialmente fue capturado el cabo del Ejército Daniel Gómez, al ser reconocido como autor directo de disparos de fusil que le causaron la muerte a Dimar Torres. Luego la Fiscalía vinculó al proceso judicial por este caso al teniente coronel Jorge Armando Pérez, quien estaba en el lugar de los hechos al mando de este contingente implicado en el crimen, acusado de favorecimiento por encubrimiento, puesto que como lo estableció la Fiscalía tenía conocimiento directo de los hechos y lo negó luego ante las autoridades judiciales y administrativas.

A pesar de las evidencias que ya existían el Ministro de Gobierno Botero afirmó que era un hecho aislado, incluso aseveró que supuestamente Dimar Torres había forcejeado con un soldado por el arma, lo que explicaría y quizás justificaría su homicidio, versión fuertemente criticada por muchos sectores por su intento de ocultamiento de la dimensión de los hechos ocurridos y la implicación hacia el colectivo de autores comprometidos con las distintas violaciones producidas contra la víctima. Igualmente, tanto el presidente Duque como de nuevo el ministro de defensa Botero han afirmado con relación al tratamiento de este caso y en contrario a los hechos ya evidenciados y comunicados por la Fiscalía que no existió encubrimiento: “Las acciones del Estado hablan por sí solas: no se presentó ningún encubrimiento y las investigaciones avanzan con resultados tangibles”3.

Por su parte, el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez en sus declaraciones también hace referencia solo al soldado inicialmente señalado de haber hecho los disparos, pero omite reconocer la responsabilidad del comandante local en encubrimiento según lo ha calificado la propia investigación judicial: “Recibimos información a través de la Inspección y de los comandantes y, quizás el que ha hecho esas aseveraciones desde el comienzo, mentirosas, ha sido el mismo suboficial. Por eso está con medida de aseguramiento. Lo que hicimos fue darle total transparencia a ese caso”4.

La polémica tras el artículo de The New York Times

Artículo de The New York Times denuncia el instructivo de la comandancia del Ejército colombiano para duplicar bajas ocasionadas contra guerrilleros o presuntos integrantes de organizaciones ilegales en el plan operativo del presente año, definido en enero en reunión con los cincuenta principales mandos de estructuras militares en la base militar de Tolemaida, a partir de disminuir el margen de protección frente a civiles sospechosos, lo que conllevaría a nuevo ciclo de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. Según la documentación y los testimonios recogidos con altos mandos militares, la orden emanó de un formato entregado por el comandante del Ejército Nacional, general Nicasio Martínez, titulado Planteamiento de Objetivos 2019. Los militares participantes en la reunión tuvieron que firmar el documento, registrando altas metas de resultados en bajas, capturas y consecución de entregas en sus jurisdicciones5.

“En esas entrevistas, los oficiales se declaran preocupados por la presión sobre ellos para producir bajas y sostienen que esto podría provocar un regreso a la época de los “falsos positivos”, cuando miembros del Ejército terminaron asesinando civiles y luego haciéndolos pasar por guerrilleros, como consecuencia de una directiva que los premiaba por las bajas alcanzadas”6.

La alarma es alta cuando el diario cita a oficiales que explican la orientación de disminución de porcentajes de fiabilidad de estándares de protección de la población civil, de forma que se explicó en términos de: “no se buscara la perfección”, al emprender un operativo de ataque contra integrantes de agrupaciones ilegales, que pueden ser también personas civiles sospechosas de serlo. Según la información referida la exigencia anterior al respecto era del 80%, pero habría sido reducida al 60% o 70%. Al respecto afirma el artículo: “Algunos oficiales han dicho que se los instruyó a que bajaran sus estándares en cuanto a la protección de civiles y que eso ya se ha prestado para muertes sospechosas innecesarias”7.

En conformidad con las fuentes citadas el prestigioso diario de EEUU afirma que en otra reunión en febrero de este año, en Cúcuta, fueron reunidos altos mandos militares y personal responsable de inteligencia militar, de forma que se entregó allí instrucción de una gruía operativa, bajo el concepto de “hacer lo que sea para elevar resultados”, incluida expresamente la referencia a establecer alianzas con grupos armados ilegales para combatir a otros grupos armados ilegales o personas supuestamente en la criminalidad, lo que daría lugar a habilitar nuevamente la promoción de formas de incentivación o creación de estructuras paramilitares8.

A propósito de estas prácticas que han generado en buen grado la masiva tragedia humanitaria en Colombia durante las décadas recientes, bien afirmaba a propósito de lo que está ocurriendo con la matazón actual de líderes sociales y excombatientes de las Farc el periodista, exministro y exsenador Juan Lozano:

“Cuando el Estado se alía con criminales para derrotar a otros criminales, no solo se degrada ética y políticamente, sino que, además, desciende al mismo nivel de los asesinos y deja al país sumido en un baño de sangre. (…) cuando estamentos estatales se hacen los de la vista gorda o estimulan métodos ilegales para perseguir o dar de baja sujetos u organizaciones ilegales, se convierten ellos mismos en ilegales, en criminales, deslegitiman el Estado, manchan sus instituciones y erosionan la base de credibilidad y confianza del Estado en el Estado de derecho”9.

El autor del artículo del NYT Nicholas Casey, tras ser señalado por la senadora del Centro Democrático de haber sido “pagado por las Farc”, de forma también que se difundió por redes sociales un montaje en su contra de falsas fotos donde estaría con guerrilleros de las Farc antes del acuerdo de paz, de manera que tuvo que abandonar el país, al constituir tal señalamiento una grave amenaza mortal, dadas las circunstancias de inseguridad, estigmatización y ataques de violencia política vigentes en el país. Al respecto declaró Casey: “He tenido que tomar la medida de mantenerme fuera del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas (…) por María Fernanda Cabal y replicadas por varios políticos…”10.

En todo caso el asunto del riesgo de nuevas ejecuciones extrajudiciales masivas con tal tipo de nueva disposición para las tropas oficiales cobró fuerza en la discusión pública. Un editorial del diario El Tiempo advirtió que NYT entregaba una alarma que exigía tomar medidas para “no volver al pasado”, con referencia las masivas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las FFMM contra civiles inermes, durante los gobiernos de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010, pero se equivocó al señalar que esta situación había sido cometida solo por “algunos integrantes de la fuerza pública”, cuando informes internos e internacionales de DDHH, las investigaciones judiciales y el informe del relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales sobre Colombia en 2010, dejan en claro que tal situación comprometió una política, sus indicadores de eficiencia adoptada y el compromiso de estructuras militares de muchas regiones del país en la comisión de estos hechos, desde altos mandos hasta tropas11.

Por su parte, el senador de EE. UU. Patrick Leahy le pidió al gobierno colombiano exigirle “pruebas” a la congresista María Fernanda Cabal, sobre su afirmación que el trabajo periodístico de NYT, a través del periodista Nicholas Casey, había sido desde años atrás y ahora financiado por las Farc. Recordó que él lideró la expedición de una ley de su país que prohíbe el apoyo a miembros de fuerzas armadas implicados en violaciones a los derechos humanos. Al respecto, el mismo senador declaró al diario El Tiempo: “En el pasado, el Ejército (colombiano) violó las leyes de la guerra de manera repetida al asesinar civiles para elevar el conteo de bajas, sin que por ellas se haya castigado a quienes ordenaron y permitieron esta práctica. El general (Nicacio) Martínez se ha visto implicado, y que ahora el Ejército quiera reafirmar el uso de esas tácticas debe ser condenado con mucha firmeza por EE. UU.”12.

Al ser preguntado el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, por periodistas de El Tiempo sobre si se han incentivado bajas en combate y si se ha medido la efectividad bajo ese parámetro respondió: “No nunca lo hemos hecho (…) Eso de los “falsos positivos” serán las autoridades las que digan si hubo o no. Yo creo que hay malas interpretaciones y en algunos sectores se malinterpreta y lo quieren volver de esa manera en contra de la institución, para tener algunas ganancias de otro tipo”13. Lo cual desconoce las evidencias de los más de tres mil casos de este tipo ya llevados a la actuación de la justicia y las denuncias que pueden implicar hasta más de siete mil casos, en palabras de los mismos militares que han reconocido la situación podrían llegar a ser cerca de diez mil casos.

De otra parte, el general Nicasio Martínez aclara que existe ahora capacitación en derechos humanos y de derecho humanitario y que la elevación de la efectividad se ha orientado, pero con relación a los retos crecientes de los grupos armados ilegales en la actualidad. “Ante la creciente amenaza lo que queremos es incrementar los resultados”, al respecto, hace referencia al ELN, las disidencias de las Farc y las redes del narcotráfico.

Sin embargo, a pesar de las descalificaciones hechas por el Ministerio de Defensa al artículo de NYT referido pues en nombre del gobierno colombiano el canciller Carlos Holmes Trujillo y el ministro de defensa Guillermo Botero enviaron una carta al NYT, de la cual trascendió que calificaron el artículo referido de “visión tendenciosa, parcial y distorsionada”, pero finalmente anunciaron suspender la directriz de seguimiento a indicadores de eficiencia militar medidos por bajas ocasionadas. “Yo pienso que esa directriz la vamos a cambiar, la vamos a quitar. Y que no hubo mala interpretación en otras personas que no son miembros de la institución. Quienes están en la institución fueron absolutamente claros…”14. No obstante, el ministro Botero insiste en desconocer el profesionalismo y la seriedad de la publicación de NYT, al señalarla como un hecho de “desprestigio” al estamento militar y no de crítica constructiva para el mejoramiento de su actuación: “Espero que afirmaciones que perjudican a las Fuerzas Militares, y concretamente al Ejército o la Policía, sin el debido sustento, no vuelvan a ocurrir”15.

Al final del debate, como lo reconocen voces como las de congresistas y columnistas de prensa, la crítica pública surtió efecto, ante el impacto conseguido se tuvieron que pronunciar altas autoridades y se produjo el anuncio oficial de revisar este tipo de lineamiento en la actuación militar: “El hecho de que retiraran esas directrices es un reconocimiento de que ese tipo de política podía afectar a la sociedad civil. Si el New York Times no lo saca, estuviésemos viviendo una situación de falsos positivos 2.0. Fueron conscientes y hay ahí una responsabilidad política detrás”16. “La noticia cayó como una tormenta y obligó a las explicaciones del presidente, del Ministro de Defensa y del comandante (del Ejército), quienes, a pesar de enfatizar que la directriz era correcta y no atentaba contra la ley, tuvieron que proceder a desaparecerla. Qué tal, se revive la modalidad de los “falsos positivos” y se asciende a oficiales que, según senadores gringos, están vinculados a la anomalía”17.

El compromiso debido de las FFMM
con la construcción de la paz y los DDHH

El concepto principal debe ser el de presencia territorial y soberanía del Estado. El nuevo contexto de construcción de paz debe tener como indicador de eficiencia militar ante todo la presencia, el control territorial y la preservación del orden público en los territorios donde han cesado las hostilidades de guerra y se avanza o debe avanzar en la implementación del acuerdo de paz. No se puede en tal sentido constituir en la orientación estratégica central el retorno a una política de guerra y confrontación bélica, por supuesto, sin desconocer que hay escenarios de confrontación militar necesarios de encarar por las FFMM simultáneamente. Tampoco se puede poner como primer indicador de eficiencia militar a las bajas ocasionadas, ni mucho menos hablar de duplicarlas, sobre lo cual debe esperarse una revisión y rectificación efectiva desde el Ejército a tono con la polémica surgida y el anuncio hecho de suprimir tal tipo de orientación.

“…hoy más que nunca, resulta imperativo que la Fuerza Pública enfrente con los instrumentos, las armas y los procedimientos legítimos toda organización armada, con contundente simetría, con cero tolerancias a la violación de los derechos humanos, vengan de donde vengan y sin ningún contubernio con agentes irregulares”18.