¿Ejecuciones extrajudiciales
en el gobierno Uribe – Duque?

Como es de público de conocimiento, el artículo del periodista Nick Casey dado a conocer el pasado fin de semana a través del diario The New York Times prendió las alarmas sobre el posible retorno de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, desató críticas contundentes al gobierno Uribe – Duque por parte de sectores de oposición, produjo los acostumbrados ataques difamatorios procedentes de varios integrantes del partido de Gobierno, en este caso, hacia el reportero y el medio de comunicación, e incluso generó el rechazo de personalidades de reconocimiento internacional, tales como José Miguel Vivanco, director de la organización Human Rights Watch, y el veterano Senador demócrata del Congreso de los Estados Unidos Patrick Leahy. Si bien se han realizado análisis muy detallados sobre este acontecimiento a lo largo de la última semana, es necesario insistir en la gravedad de estos hechos, especialmente porque las afirmaciones de Casey están basadas en testimonios de altos oficiales del ejército de Colombia y en documentos que evidencian la presión de la cúpula militar hacia sus tropas, con el beneplácito del Ministerio de Defensa, para incrementar las llamadas “afectaciones”.

En términos castrenses, “las afectaciones” comprenden la suma aritmética de bajas, capturas y desmovilizaciones individuales en el territorio nacional, tanto de guerrilleros y bandas delincuenciales como de disidencias de las Farc. Según lo relatado por Casey, existe un plan del ejército, orientado por su actual comandante, el General Nicacio Martínez, que exige duplicar el número de “afectaciones”, adelantar operaciones militares con solo un 60 o 70 por ciento de “credibilidad y exactitud”, en relación con cualquier sospechoso, y ejecutar ataques letales “con perfección” aunque esto implique poner en peligro a civiles inocentes. Este plan se complementa con una serie de incentivos a los soldados, suboficiales y oficiales que cumplan con estas metas. Como se puede apreciar, además de revivir el llamado “body count” (modelo de evaluación que consiste en contar muertos como estrategia para desarticular grupos armados), el plan vuelve equiparables las capturas y las desmovilizaciones individuales con los muertos, presiona a los altos mandos para la obtención de resultados, al pedirles cuentas sobre el número de días que no logran afectaciones, y cruza la delgada línea del respeto a la población civil en el marco de la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario. En suma, el panorama expuesto parece evidenciar el retorno de la sociedad colombiana a los llamados falsos positivos.

Los falsos positivos constituyen uno de los hechos más dolorosos del conflicto armado interno del país. A finales de 2008 se dio a conocer, a través de distintos medios de comunicación, como varios integrantes del Ejército Nacional asesinaron a jóvenes de distintos lugares de Colombia, haciéndolos pasar como guerrilleros dados de baja en combate –4.382 personas entre 2002 – 2008, según la Fiscalía General de la Nación. Estas ejecuciones extrajudiciales tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate. Los jóvenes asesinados eran oriundos de los municipios de Soacha y Bogotá́ –principalmente de la localidad de Ciudad Bolívar–, y de los departamentos Norte de Santander, Antioquia, Boyacá́, Huila, Valle y Sucre. El informa de la Fundación para la Educación y el Desarrollo (Fedes, 2011) señala que estos hechos están claramente relacionados con la política de seguridad democrática, promovida en aquel momento por el presidente Álvaro Uribe, la cual se intensificó a través de estrategias como la oferta que se hizo a los militares, según la directiva ministerial 029 de 2005, que consistía en otorgar $ 3.800.000 (US 1.500) por cada guerrillero o paramilitar muerto. Algunos integrantes del ejército responsables de estos hechos fueron investigados por la justicia ordinaria, situación que trajo consigo algunas condenas hasta 2018. Con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dentro del caso 003 (Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado), se han presentado ante la sala de reconocimiento 55 militares, quienes se han comprometido con la verdad para esclarecer lo que ocurrió con los miles de jóvenes presentados como muertos en combate y las razones que llevaron a que esta institución realizara esta práctica. Uno de los ex - militares que se sometió a este tipo de jurisdicción es el General (r) Mario Montoya, comandante del ejército entre 2006 y 2008.

Con motivo de la desobligante declaración de este excomandante militar ante la JEP el pasado 13 de septiembre de 2018, la periodista María Jimena Duzán, en su columna de la revista Semana del 16 de septiembre de 2018, explicó a partir de sus fuentes de información una serie de detalles sobre la influencia de Montoya en el incremento de los falsos positivos en el país. Señaló que Montoya, al exigir resultados operacionales, cuestionaba duramente a los comandantes de unidad cuando estos no presentaban bajas así no tuvieran situaciones explícitas de orden público en sus jurisdicciones, y que se le recuerda porque, con frecuencia, exclamaba ante la tropa: “no quiero regueros de sangre, quiero ríos de sangre”. Duzán señala que, a partir de la reportería que adelantó con motivo de la escritura del libro titulado Santos paradojas de la paz y del poder, el General (r) Óscar González, ex – jefe del Comando Conjunto del Caribe, otro de los militares investigado por estos hechos, consecuente con la línea de Montoya, afirmaba abiertamente que deseaba ver el estadio Atanasio Girardot de Medellín lleno de bajas. Luego del escándalo de los falsos positivos en 2008, el 18 de febrero de 2009, el presidente Uribe nombró a Mario Montoya embajador de Colombia ante República Dominicana.

Volviendo al caso Casey y al revuelo producido desde el fin de semana pasado, es importante recordar algunas reacciones del gobierno Uribe – Duque y de algunos integrantes de su partido. En primer lugar, el ministro de defensa, Guillermo Botero, y el General Martínez, negaron que se estuviera presionando a las tropas para incrementar las bajas, que se trata de asuntos operacionales normales y que sus actuaciones están plegadas a la Constitución y la ley. Extrañamente, al día siguiente, fue publicado un twit de la cuenta oficial del ministerio de Defensa que afirmaba: “los líderes sociales que están siendo asesinados por grupos armados ilegales, son en su mayoría criminales dedicados al narcotráfico, por lo que se requiere enfrentar este fenómeno de manera coordinada con los gobiernos locales…”. A la par, la senadora del partido de gobierno, María Fernanda Cabal, fiel a su estilo camorrero, se le ocurrió publicar una foto-noticia falsa en la que aseguraba que quien aparecía en la imagen (acompañando a combatientes de las antiguas Farc) era Casey, y que seguro le habrían pagado por publicar el artículo. El arrebato de la esposa de uno de los más poderosos ganaderos de Colombia, hizo que el senador estadounidense Patrick Leahy exigiera pruebas de las acusaciones. Por último, en una actitud casi desesperada, el canciller Carlos Holmes Trujillo y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, enviaron una carta al editor del diario en cuestión. En la misiva, los representantes del gobierno afirman que el artículo muestra una visión tendenciosa, parcial y distorsionada de los esfuerzos que el Estado colombiano hacen para estabilizar los territorios, consolidar la seguridad, proteger a la población y garantizar los derechos humanos. Curiosamente, a la par con la divulgación de la carta, Holmes Trujillo publicó un twit que dice: “La victoria del NO en el plebiscito y su elección con la votación mas alta de la historia son la fuente del mandato que el presidente @IvanDuque está empeñado en cumplir…”.

Tanto los antecedentes relacionados con los falsos positivos como el escándalo internacional desatado por las denuncias del diario The New York Times parecen no importarle al gobierno Uribe – Duque. La postura fue evidente desde el momento en que se les dio por nombrar al general Fernando Navarro como comandante de las fuerzas militares y al general Nicacio Martínez como comandante del Ejército. Mientras que el primero ha sido cuestionado en el pasado por presuntamente manipular investigaciones relacionadas con falsos positivos, el segundo hizo parte de la décima brigada del ejército en el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe, la cual ha sido frecuentemente asociada con ejecuciones extrajudiciales. Por otro lado, resulta muy cuestionable la insistencia del gobierno cuando afirma que este tipo de directrices y planes son “normales”.

En esta dirección, es necesario saber qué relaciones posibles existen entre estas orientaciones del alto gobierno con el incremento de asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc. Es perentorio saber qué móviles están detrás del asesinato del excombatiente Dúmar Torres, el pasado 22 de abril en la vereda de Campo Alegre (Convención, Norte de Santander), al parecer, con la participación de un suboficial del ejército. Por último, es fundamental problematizar, según datos del Ministerio de Defensa (citados por Pascual Gaviria en su cuenta de twitter), por qué el número de “delincuentes dados de baja” por acciones militares pasó de 8 en 2017 a 27 en 2018, y a 63 en 2019. Continuando con lo publicado por Gaviria, habría que contrastar los 1129 capturados en 2019 con los 720 de 2018. Por último, llama la atención que mientras en 2017 hubo 283 desmovilizados (por fuera del Acuerdo de Paz), en 2019 van 106. Lo anterior parece no ser coherente con las declaraciones de Botero y Martínez, en las que indican que el gobierno prioriza las desmovilizaciones y las capturas más que las eliminaciones.

Al finalizar esta columna salió a la luz pública el editorial del diario New York Times como respuesta a la carta del gobierno de Colombia. De manera contundente, el diario afirma que “el actual presidente, Iván Duque, y sus aliados de derecha, sabotearon el progreso pacífico bajo el acuerdo en el cual el gobierno debía trabajar con los rebeldes para reemplazar la producción de coca con otros cultivos”. Según el editorial, la paz en Colombia se estaría desintegrando por cuenta no solo del retorno a los falsos positivos sino también por la guerra que se le ha hecho a la JEP para sus deslegitimación y eliminación. Por esta razón, es necesario que el gobierno Uribe – Duque le hable claramente al país, así como lo suelen hacer de vez en cuando sus funcionarios y congresistas aliados a través de redes sociales. Parece que lo publicado por Holmes Trujillo en twitter es uno de sus fundamentos: están convencidos que haber ganado el plebiscito y las elecciones presidenciales los habilita para acabar con el Acuerdo de Paz, volver a la guerra y traicionar el Estado Social del Derecho. Esta falsa creencia les está saliendo mal, pues son evidentes los cuestionamientos de muchos gobiernos y organismos internacionales, incluso de sectores influyentes al gobierno de Estados Unidos, a estas políticas de guerra, inspiradas en el fanatismo de la ultraderecha uribista, las cuales deberían ser desterradas para empezar a transitar hacia la paz con justicia social. Quizás sea bueno que el alto gobierno revise la advertencia del diario The new York Times: “Hoy, casi tres años después, y con la nación liderada por oponentes de los acuerdos, la paz se estaría desintegrando, lo cual sería un desastre para el país, para la región y para la causa de la democracia”.