La política de seguridad de ‘Fico’:
del fake news al fake.gov

Hace poco más de un año, el periódico universitario De la Urbe de la Universidad de Antioquia y La Silla Paisa publicaron “La bodega de ‘Fico’, que cuenta cómo el equipo de redes sociales de la Alcaldía creó una serie de perfiles falsos en Twitter y Facebook, a través de los cuales atacaron a los detractores del Alcalde, se reivindicó a sus amigos y se ensalzó su gestión.

Luego, la Fundación Para la Libertad de Prensa publicó el informe “Fico, el alcalde vanidoso”, sobre la alta inversión de presupuesto público que hizo el Alcalde entre los años 2016 y 2017 para fortalecer su imagen y la de su gobierno.

Si se hace un breve repaso por la imagen que ha construido Gutiérrez, se encuentra la clara intención de hacerse ver como un hombre recio frente al crimen.

El Alcalde “participando” y narrando por twitter la captura de ladronzuelos de menor talante. El Alcalde anunciando más cámaras de vigilancia o equipos como el helicóptero para que la policía controle acciones delincuenciales. El Alcalde presidiendo ruedas de prensa por cada operativo policial en que se anuncia la captura de delincuentes de bagatela o de líderes de organizaciones criminales.

¿Será que la imagen de alcalde securitario esconde algo detrás? Si se observan los resultados, el gobierno de Federico Gutiérrez no solo es sospechoso de usar fake news, sino que, en sí, es un costoso fake gov, un “gobierno de mentiras”.

Para concluir de esa manera, basta ver el alto costo planeado e invertido en infraestructura de seguridad durante la Alcaldía de Gutiérrez.

Además de los gastos en publicidad, el Plan de Desarrollo de la Alcaldía se propuso un gasto de 277 mil millones de pesos para esa infraestructura durante los cuatro años de gobierno. De los cuales, según información de la Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín, en diciembre del 2018 se habían ejecutado 264 mil millones, un altísimo monto de recursos públicos para Infraestructura y dispositivos para la seguridad como cámaras y equipos para la Policía.

(Según la Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín, a marzo del 2019 ya se habían instalado 2.350 cámaras de seguridad en la ciudad, esperando instalar 2.761 en diciembre, es decir, 1 cámara de vigilancia cada 139 metros cuadrados; la distópica sociedad de control que presagiaba Gilles Deleuze).

Entre estos se encuentra el famoso “ficóptero”, la aeronave que costó más de seis mil millones y que tiene otros costos altos en su operación –se habla de un promedio de 30 millones por vuelo.

Pero además de costoso, lo más preocupante es que el gobierno securitario de Gutiérrez tiene como reflejo el fracaso.

En materia infraestructural, el “ficóptero”, su emblema, hasta enero del mismo 2018 había permitido la captura de 152 personas, la recuperación de siete carros y cinco motocicletas ¿La inversión vale la pena?

Aunque varias de las puestas en escena de Gutiérrez y su administración se han instalado en torno a la lucha contra la comisión de hurtos, otra vez las cifras ponen en entredicho la imagen gubernamental y hacen que los grandes operativos que se anuncian parezcan pantomimas.

La Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín da cuenta de que al 2018 los hurtos se doblaron, al aumentar en un 107 por ciento, siendo las entidades financieras y las personas las más afectadas, habiendo una única disminución en establecimientos comerciales, pero de apenas un 2,4 por ciento. Y eso que la cuantificación se hace con base en las denuncias presentadas, lo que muy probablemente significa un subregistro.

(Todas las cifras del informe de la Veeduría aún se encuentran sin publicar; su exposición se hará finalizando el mes de mayo, donde además se contendrán cifras e indicadores sobre desplazamientos forzados, extorsiones y la especificidad de los asesinatos en contra de las y los jóvenes de Medellín).

Pero la situación es mucho más grave, la imagen ruda del Alcalde se deshace entre la dinámica de homicidios que aqueja a la ciudad. Según cifras contenidas en el informe diario de homicidios del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la misma Alcaldía –SISC–, a la fecha da cuenta de que en el 2019 se han cometido 48 asesinatos más que el año anterior, con un total de 275.

Esa situación creciente se corresponde con la dinámica que han tenido los asesinatos en el gobierno de Gutiérrez, durante el que esa práctica ha tenido un incremento sostenido, pasando de 544 homicidios cometidos durante el 2016, a 582 en 2017 y 632 en el año 2018.

El contraste entre los fracasos de la política de seguridad y la “mano dura” contra la criminalidad que se han empeñado en mostrar el alcalde y sus colaboradores, son parte de la ecuación que da en un resultado simple, la gobernabilidad de este alcalde ha sido de mentiras.

La constatación de la importancia que Federico Gutiérrez asigna a la publicidad para su buena imagen, y sus malos resultados en materia de seguridad, preocupan al menos por tres asuntos.

– Primero, la estrategia comunicativa y de gobierno de la administración local de Medellín se adscribe en –lo que han llamado– la “posverdad”, es decir, la táctica política que acude a los medios de información masiva y divulga propaganda contra los adversarios o en su favor o de sus amigos, apelando a la emoción más que a la razón de los receptores, lo que erosiona fundamentos muy importantes del deber ser del orden político en la modernidad.

– Segundo, que para lograr ese objetivo, se acude al uso de la virtualidad y otras tecnologías de la comunicación que difunden información, no necesariamente falsa, pero que sí ayuda a construir una falsa realidad, o mejor, una percepción falsa de la misma.

– Tercero, que eso se hace con recursos públicos.

Probablemente la situación sería menos peor si esta administración o la que inicie su periodo el próximo año se toma en serio el Acuerdo 021 de 2015, con el cual se estableció la Política Pública de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín.

Claro. Ese documento no es perfecto, requiere de no pocos ajustes, pero al menos parte desde el enfoque de los Derechos Humanos, en el que la seguridad se asume como un asunto integral y no desde la repetida e inepta idea de que más policías, más cámaras y más bravuconadas de los administradores bastan para resolver problemas graves de violencia, para lo que se deben atender también la inequidad social y los rasgos autoritarios de la cultura.