Sobre la responsabilidad política

Poco se conoce aquí el significado de responsabilidad política. Para descubrirlo, vale la pena recordar el escándalo que estalló en Francia en 1991, cuando el ex primer ministro Laurent Fabius renunció a su inmunidad parlamentaria para que lo juzgaran por “atentar involuntariamente contra la vida” de los pacientes de un hospital que, durante su mandato, se contagiaron de SIDA por recibir transfusiones de sangre contaminada. Entonces se consideró que la demora en tomar medidas preventivas causó la tragedia. Al explotar el escándalo, Francois Mitterrand, presidente al ocurrir el suceso, declaró que los ministros debían “rendir cuentas de sus actos”. El ex ministro de Salud, Edmond Hervé, fue condenado. Y Fabius, no obstante que la Corte lo absolvió, ostenta en su hoja de vida el poco honorífico calificativo de haber sido “considerado responsable, pero no culpable” del hecho.

Sin embargo, en Colombia, ¿quién asume la responsabilidad política por tantos horrores, por ejemplo, el asesinato e intento de desaparición del cadáver del ex Farc Dimar Torres por parte de un miembro del Ejército? ¿Quién responde por los homicidios de 20 líderes sociales en mayo, de los cerca de 500 acribillados desde la firma de los Acuerdos de Paz y del asesinato, después de la misma firma, de 135 ex combatientes de las Farc? ¿Y quién por el hecho de que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Caparrapos y demás bandas de narcotraficantes se paseen como Pedro por su casa por territorios en los cuales los pobladores desconfían de la mayoría de los policías y soldados pues piensan que protegen a los mafiosos? ¿Y quién responde porque las antiguas zonas de las Farc estén copadas tanto por ellos como por el ELN y los desertores de esa guerrilla? ¿Y quién porque el mes pasado, en el Bajo Cauca, durante varios días, los Caparrapos dispararon indiscriminadamente, desde sus motos, contra casas y locales comerciales sin que nada pasara? ¿Quién responde por las amenazas de las Águilas Negras contra defensoras de derechos humanos y por la estigmatización de los líderes sociales la cual propicia que los maten, según dicen ellos? ¿Quién responde por la falta de protección efectiva de esos líderes, por el lenguaje incendiario y, en ocasiones, con tono de justificación, utilizado por el Ministro de Defensa, y por su falta de condenas contundentes de los asesinatos y atentados contra los líderes sociales? ¿Quién responde porque, como por fortuna lo denunció The New York Times, en el Ejército se regresara a los estímulos por cadáveres en vez de establecer estímulos por disminución de asesinatos en las zonas? ¿Quién responde por tanto horror?

Por lo menos, deberían responder los comandantes del Ejército y de la Policía, como directos responsables de lo que se haga y deje de hacer para salvaguardar la paz y la seguridad en el país; y el ministro de Defensa, como responsable político de todo lo que ocurra o deje de ocurrir en las instituciones bajo su mando.

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Ante el despido de Daniel Coronell de la revista Semana, y los desafortunados hechos que lo rodearon, no puedo menos que expresarle mi respeto y mi solidaridad a ese columnista irremplazable. Ojalá los implicados en los hechos reflexionen, recapaciten y rectifiquen el rumbo, y los lectores de Semana, revista que se ha distinguido por destapar los peores entuertos de los poderosos, podamos volver a tener el privilegio de leer en sus páginas las columnas de Coronell.

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