La crisis de la obediencia y la virtud del disenso

Es común escuchar que la institucionalidad está en crisis, que los poderes del Estado se atacan entre ellos a la menor oportunidad, mermando la capacidad de gobernar y sumiendo a la ciudadanía en una incertidumbre insoportable. Tal vez no es clara la virtud del disenso entre los poderes públicos, ni los riesgos que implica una obediencia absoluta entre ellos. Un pequeño repaso sobre los casos de Venezuela y Colombia, pueden dar luces al respecto.

En Venezuela, desde la Constitución de 1999 el presidente empezó a adquirir cada vez mayor potencia. Bajo la figura del comandante Chaves, el ejecutivo empezó a expandir su espectro de poder con la bandera de la revolución bolivariana en sus manos, amenazando los límites saludables dentro de una democracia. El Tribunal Supremo de Justicia de dicho país, plegándose al poder del presidente, transformó los cimientos del derecho constitucional para consolidar una doctrina de obediencia del Tribunal a las posiciones que adoptara el ejecutivo, antes que, de control a sus límites, pues el derecho constitucional debía soportar las posiciones de quien representa mejor los intereses del pueblo bolivariano. La Asamblea Nacional de Venezuela fue quién se resistió a la expansión del poder ejecutivo, siendo el espacio en donde se fortalecía la oposición. El choque que tuvo con los otros dos poderes terminó en su respectiva desarticulación. En otras palabras, cuando la colaboración entre las ramas del poder público se confunde con obediencia, el resultado es una crisis democrática.

A diferencia de Venezuela, en Colombia el Congreso, las cortes y el presidente parecen ir en direcciones diferentes: en el Congreso las mayorías aún no son claras, los partidos independientes tienen la última palabra sobre los proyectos de ley que se radiquen el Congreso, ya sea del Gobierno o de la oposición; las cortes toman decisiones que resultan controversiales ante la opinión publica pero que se ajustan al marco legal y jurídico, en contravía muchas veces de la voluntad de los órganos de representación política; y el presidente maniobra el timón entre las contingencias naturales de la vida política, mientras implementa las ideas políticas que fundan su mandato. A esto lo han catalogado como una crisis institucional porque parece minar la gobernabilidad del ejecutivo, pero, en el fondo, es la muestra de salud más importante que ha dado nuestra democracia en años.

El disenso entre los poderes públicos es una virtud democrática que en Colombia aún no aprendemos a valorar. Desde la Constitución de 1991 todos los presidentes, desde César Gaviria hasta Juan Manuel Santos, mantuvieron un fuerte control sobre el Congreso, que les permitía convertir sus banderas fácilmente en legislación. En estos casos fue la Corte Constitucional la institución que sirvió de foro para zanjar las diferencias entre las políticas de cada gobierno, con el desarrollo y ejercicio de los derechos de las minorías políticas. Que fuera la Corte la represa para contener el poder del presidente, a pesar de que mostraba la fortaleza de nuestras instituciones, era un síntoma de un evidente autoritarismo enraizado en la potencia que concentra el ejecutivo y en la debilidad del legislador para enfrentarlo.

Ahora que ya no es solo Corte, sino que el Congreso se ha convertido en un espacio que no se pliega tan fácilmente ante los designios del Gobierno, emerge la idea de una crisis institucional. Pero, por el contrario, lo que está en crisis es el autoritarismo al que lastimosamente nos acostumbrados. La autonomía de cada uno de los poderes públicos se traduce en que el poder, como decía Montesquieu, controle al poder. La crisis de la obediencia de un poder a otro, contrario a lo que se piensa, es una celebración de la democracia.