El Estado de terror, o de opinión

Los revolucionarios franceses estallaron en jubilo después de la toma de la Bastilla. A sus ojos, se derrumbaba el símbolo del poder monárquico y se abría la posibilidad de construir un nuevo mundo. El fervor era tan intenso que las atrocidades que empezaron a moldear los contornos del sueño revolucionario, como la ejecución de Rey Luis XVI y de su esposa María Antonieta, se vieron como contingencias necesarias para cerrar la página de la monarquía absoluta. Nadie percibía el peligro de cumplir la manifiesta voluntad del pueblo que pedía a gritos la cabeza del monarca; ni se percataron de la voracidad que tiene el exacerbado apetito popular hasta que su nombre o el de algún familiar apareció en el infame periódico: El amigo del pueblo, sellando su destino a morir en la guillotina. Habían engendrado, sin darse cuenta, El Terror.

La zozobra era tal que las habladurías se convertían en sentencias de muerte. Todos se cuidaban de hablar mal de la revolución, de que no se les escapara una solo palabra que los calificara como sus enemigos. Sin embargo, la precaución no era garantía suficiente y los odios y envidias se convertían en condenas. No obstante, bajo la pila de cadáveres, la revolución avanzaba en su plan de reforma: se crearon impuestos a la herencia, se proyectó una primera versión del Código Civil y se suprimieron las congregaciones religiosas. Era imposible, para la sociedad francesa, dar cuenta de los cambios que estaban sucediendo y discutir sobre sus beneficios y problemas, si su mayor preocupación era la misma supervivencia, si debían buscar su nombre todos los días en periódico para saber su expectativa de vida.

El Terror, en gran medida, ilustra la forma más radical de un estado de opinión: en la superficie un pánico generado por la incertidumbre que inmoviliza a la sociedad y, por debajo, reformas de carácter estructural que pasan desapercibidas por la misma zozobra. La nobleza de conectar la política con la opinión pública se trasforma fácilmente en la pesadilla de la incertidumbre; y como es estudiado a fondo por la ciencia política, las decisiones que se toman individual y colectivamente en estados de incertidumbre adolecen de calidad, cercenan la capacidad de buscar soluciones ponderadas a los problemas sociales y favorecen a los extremos. En otras palabras, en un incendio a quien dice que lleva agua se le abren las puertas a pesar de que lleve gasolina.

Los riesgos que encarna el Estado de Opinión para la democracia son tan elevados que sus posibles ventajas no son representativas. Quiénes apelan a esta figura no son tan ingenuos de pensar que es una solución a los problemas del Estado de Derecho, que los tiene; sino que la alientan porque se sienten cobijados por los fervores populares y bajo tal manto piensan reconfigurar aquellos aspectos que consideran inconvenientes. Resulta mucho más fácil destruir la institucionalidad y reacomodar los poderes, si se adopta el rol de la vocería popular para amplificar y exacerbar legítimas demandas de justicia. Entronar la opinión popular y hacerla prevalecer sobre las garantías constitucional, tiene, no obstante, el evidente peligro de la incertidumbre.

En contraposición, antes que el Estado de Opinión, lo que sí es necesario fortalecer en Colombia son los mecanismos de democracia participativa, cuyo principal objetivo es institucionalizar espacios de dialogo entre el Gobierno (o los gobiernos, en el caso de alcaldías y gobernaciones) y la ciudadanía, más no desbordarlos. La clave está en que dichos espacios tengan la fortaleza suficiente para obligar a los gobiernos, más no para suplantar a estos espacios de poder. Así, de pronto, no dejamos entrar a quien lleva la gasolina haciéndola pasar por agua.