Deber de memoria,
reconciliación y justicia transicional

El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno de Colombia y las extintas Farc – EP no ha sido el primer proceso que busca cerrar un ciclo de violencia política, implementar acciones de justicia para dar con los responsables materiales e intelectuales de los hechos victimizantes y propiciar mecanismos para que los excombatientes participen en el sistema democrático vigente. Este interés por transitar de la guerra a la paz, o de evitar la profundización de la barbarie, casi siempre se ha apoyado en plataformas jurídico – políticas excepcionales que permitan llevar a cabo estas medidas. En la Edición 641 de este Semanario, el exmagistrado Armando Novoa expuso cómo, frente a determinados ciclos de violencia en Colombia, los procesos de paz han estado acompañados de reformas judiciales significativas. A modo de ejemplo, mientras el Frente Nacional definió el reparto del poder político entre liberales y conservadores, los acuerdos en los inicios de la década de 1990 hicieron posible la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente que trajo consigo la Constitución de 1991. En la historia reciente, el Acuerdo de 2016, el cual, dicho sea de paso, busca ser destruido por las fuerzas más retardatarias de la sociedad, entre ellas el partido de gobierno, no solo busca superar el conflicto armado padecido en los últimos 50 años sino también poner en el centro a las víctimas, a partir de un modelo de justicia transicional con énfasis en el esclarecimiento, la reparación y la restauración.

Tal como se ha explicado en varias ocasiones, el punto cinco del Acuerdo de Paz estableció el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, el cual está conformado por: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas; y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este sistema tiene como propósito consolidar las condiciones institucionales suficientes y apropiadas (transitorias y temporales) para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado y contribuir a la reconciliación nacional. Si bien las tres instancias tienen competencias particulares, cada una debe trabajar de manera coordinada desde el enfoque territorial, diferencial y de género. Por otro lado, las medidas adoptadas, especialmente desde la JEP, deben estar orientadas por los principios de reparación y restauración con el fin de satisfacer las necesidades y la dignidad de las víctimas, en el marco del derecho a la verdad plena, la justicia, la reparación y la no repetición.

Estas pretensiones, que bien podrían ser compartidas por cualquier persona o grupo de la sociedad que valora la vida, respeta las libertades y derechos constitucionales, y es capaz de experimentar sentimientos de compasión por los que han sufrido la barbarie, infortunadamente dividieron a la sociedad colombiana. Las razones por las que determinados sectores rechazan sistemáticamente este proceso, y hasta buscan su eliminación por distintas vías, han sido ampliamente analizadas por académicos, juristas y medios de comunicación críticos. De hecho, en este Semanario he expuesto esta problemática a partir de varias hipótesis: el pánico social como instrumento para que las élites políticas, empresariales y latifundistas se sostengan en el poder; una política de la muerte, en la cual, quienes detentan el poder político y militar, por la vía del Estado de excepción, deciden quiénes deben morir y quiénes pueden vivir en los territorios (Necropolítica según Mbembe); estrategias de desinformación y manipulación de los medios de comunicación hegemónicos que moldean la opinión pública y buscan conducir las conductas (gubernamentalidad según Rose); y estrategias de gobierno que banalizan el mal como consecuencia de la erosión de la ética pública (a propósito de casos como el ministro de defensa, Guillermo Botero, y el ascenso de Nicacio Martínez a General de cuatro soles). Más allá de reiterar estas hipótesis o de ensayar otras, en esta oportunidad propongo un análisis complejo pero que busca aportar otros elementos al debate público sobre este modelo de justicia transicional. Se trata de la existencia de una tensión incómoda entre la verdad plena a favor de la reparación y la restauración de las víctimas (deber de memoria) y la posibilidad de cerrar este ciclo de violencia mediante medidas de reparación que admitan ciertas dosis de olvido como estrategia de reconciliación nacional.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, este debate ha estado presente en los procesos de paz que buscan dar respuesta a los daños padecidos por las víctimas, a la par con la existencia de actores de la sociedad que pretenden “pasar la página”, y que encuentran en la memoria plena de los hechos atroces riesgos que pueden traer consigo sentimientos de venganza o la imposición de una versión única y cerrada de lo ocurrido. A partir de su experiencia como acompañante en varios acuerdos de paz en el mundo, Jean Paul Lederach (2012) ha mostrado cómo para algunas personas y grupos el deber de memoria es una política fundamental en la superación de largos y degradados conflictos armados, y que su aporte es crucial para resarcir los daños hacia las víctimas. Sin embargo, también menciona cómo el deber de memoria ha sido cuestionado en algunos casos dado que, supuestamente, estas medidas no logran resolver las deudas históricas de justicia y verdad, y porque se convierten en reconciliaciones forzadas por la coyuntura. Esta segunda postura asume que el deber de memoria nos ancla en el pasado y restringe la reconciliación nacional. También considera que el deber de memoria se puede convertir en exceso de memoria, esto es, una suerte de sacralización del pasado que lo vuelve estéril y que cierra la posibilidad de construir colectivamente el porvenir.

Esta tensión es objeto de debate no solo en el derecho internacional sino también en la filosofía y las ciencias sociales. Aunque parece evidente que el deber de memoria es una obligación moral y política, especialmente si se busca finalizar un conflicto armado y construir una paz estable y duradera, es necesario analizar los riesgos y posibilidades de ambas posturas. En primer lugar, parece que la memoria de los hechos atroces contribuye significativamente a entender el presente, incluso a resistir el olvido. Sin embargo, paradójicamente, la memoria del dolor puede recordarse y ser narrada con el propósito de exorcizar el trauma. De acuerdo con Jefferson Jaramillo (2011), quien se apoya en Todorov y Reyes Mate para examinar este problema, el exceso de memoria, no debidamente tramitada tanto por las víctimas y victimarios como por el gobierno, puede provocar la clausura de algunas verdades en nombre de la reconciliación, lo cual, a su vez, puede forzar cierto tipo de perdones. Por su parte, las restricciones a la memoria, la generación de cierres a las versiones de lo ocurrido en nombre de lo nacional, o como encubrimiento de algunos perpetradores, puede anclar a ciertos sectores en el resentimiento y estancar la posibilidad de reconciliación.

Aunque no se trata de una salida “salomónica” o maniquea al problema, es necesario considerar un equilibrio reflexivo (Orozco, 2009) frente al proceso de justicia transicional que actualmente se adelanta desde la JEP. Una vez superados los intentos de su destrucción por cuenta de las fallidas objeciones del partido de gobierno, la JEP cuenta con las condiciones constitucionales para continuar su labor, orientada por una política de la memoria de los hechos del conflicto armado que contribuya a la reparación de las víctimas. Dicha política de la memoria, a la cual podríamos llamar memoria ejemplar (el término lo propuso Todorov), ha de estar guiada por el equilibrio reflexivo. A manera de ejemplo, el pasado 3 de julio, dentro del caso 003, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, desde el equilibrio reflexivo, la Sala de Reconocimiento permitió que una víctima asistiera a la versión de un sargento del Ejército, vinculado a varios casos de ejecuciones extrajudiciales. La persona (hermana de un joven ejecutado por falsos positivos) estuvo presente en una sala alterna, desde donde observó en tiempo real la versión del compareciente. De acuerdo con el portal Web de la JEP, después de escuchar una primera versión sobre los hechos, la víctima pudo transmitir sus preguntas, a través de su representante. Al salir de la diligencia, la víctima manifestó:

“Fue un privilegio haber podido estar acá, sé que hubo muchos casos como los de mi hermano y que el suyo se esté aclarando me da mucho orgullo. Me satisface ver que la historia se está contando de otra manera, porque ellos habían deshonrado su nombre. Aunque es duro revivir todo, me alivia que la verdad vaya saliendo, la he buscado toda mi vida” (Disponible en: “Comienza la participación de las víctimas en las versiones de la JEP”).

Es claro que la arquitectura institucional y jurídica de la JEP no es perfecta y que en el camino se deben ir corrigiendo muchos aspectos para su pleno funcionamiento y el logro de sus objetivos. También es claro que existen muchas presiones (incluso amenazas de muerte a integrantes de esta alta corte) para evitar que se conozca a profundidad la verdad de ciertos hechos que involucran, además de las extintas Farc, a sectores muy poderosos de las élites políticas y económicas, así como integrantes de la fuerza pública. Sin embargo, el testimonio de esta mujer víctima, quien manifestó sentirse restaurada una vez logró escuchar la versión del artífice de la muerte de su hermano ante la Sala de Reconocimiento, así como formular preguntas a través de su representante, evidencia avances considerables en relación con el equilibrio reflexivo que ha de guiar la labor de este modelo de justicia. En primer lugar, si bien la JEP no busca enfrentar a las partes, sí está garantizando condiciones para que las víctimas puedan conocer directamente de los presuntos victimarios las versiones de los hechos. Por otro lado, más allá del carácter compensatorio entre el tipo de daño y la profundidad de la pena a los perpetradores, este tipo de justicia está contribuyendo a la restauración de la dignidad de las personas a partir del esclarecimiento de la verdad. La mujer víctima en mención así lo ratifica cuando manifiesta que le “alivia” saber que no se seguirá deshonrando la memoria de su hermano fallecido. Esto supone, entonces, el surgimiento de otra narrativa sobre lo que ocurrió con los llamados falsos positivos.

Todorov explica que los hechos dolorosos del pasado pueden leerse de manera literal o de modo ejemplar. La lectura ejemplar tiene lugar cuando la sociedad es capaz de extraer lecciones de ese pasado que se convierte en principio de acción para el presente. Aquí es necesario que los involucrados sean capaces de proponer acciones para avanzar en esta vía. Producto del Acuerdo de Paz, con las excepciones conocidas, el actual partido Farc está cumpliendo con su presencia y esclarecimiento de hechos tanto en los espacios institucionales de la JEP como en encuentros de perdón y reconciliación con víctimas en distintos lugares de Colombia. Asimismo, algunos integrantes de la fuerza pública y exfuncionarios también están aportando al esclarecimiento de hechos al acogerse a la JEP. Estos hechos de paz, los cuales empiezan a revelar detalles, condiciones y móviles del pasado violento, deben convertirse en objeto de reflexión y acción por parte de la sociedad civil. Deben ser una motivación para construir conjuntamente la memoria ejemplar que tanto necesitamos, esto es, una narrativa colectiva y compartida que permita no solo la reconciliación nacional sino también la reconciliación social.