Bases económicas para una Segunda República

Memoria y razones de la nación que somos. El “orden”, la estratificación y el poder impuestos por los blancos peninsulares, mediante la violenta, corrupta y expoliadora Colonia, perduraron tres siglos. La insurrección de Los Comuneros (1781) fue el antecedente popular de las guerras de independencia y la primera negación, absoluta y violenta, hecha con armas y por medio de una compacta red de comunes de labriegos y aldeanos, de la soberanía de la corona española. La temprana derrota que vivieron estos insurrectos dejó una amarga lección para las futuras sublevaciones populares: la ingenua creencia que podía lograrse una conquista revolucionaria por medio de la negociación política con el poder real y el error de confiar en la mediación “neutra” de los jerarcas de la Iglesia2.

En este contexto y dinámica, la Independencia de Colombia fue el final de un proceso histórico que permitió la emancipación del Imperio español, dando fin al período colonial. El triunfo de los patriotas condujo a una organización institucional que amplió las bases de sustentación del sistema hispano-colonial. El pueblo desempeñó un papel de símbolos abstractos, mitos y creencias republicanas. Se promulgaron constituciones liberales cómodas que sirvieron de careta al caudillismo, a las oligarquías y a toda clase de negocios, demagogias e intereses de las clases dominantes. La independencia no fue una revolución burguesa, en sentido exacto, sino un rompimiento –dentro del sistema feudal que había estructurado España– entre el feudalismo colonial y el feudalismo autonomista de los criollos. El capitalismo sólo llegaría a Colombia, de manera orgánica y moderna, hasta mediados del siglo XX.

Esas fuerzas contrarrevolucionarias –la antigua aristocracia esclavista, terrateniente y minera, la jerarquía católica, los militares cargados de tierras y privilegios, los gobiernos y transnacionales imperiales, las clientelas intelectuales y burocráticas, los comerciantes y banqueros– no solo obturaron las vías de acceso popular al Estado republicano, sino que restablecieron los mecanismos del sistema colonial de hacienda pública3 y, además, anclaron a sus intereses las relaciones sociales, las expresiones culturales, políticas y los contenidos educativos de la “nueva ciudadanía”. Desde entonces, tres grandes vertientes de opinión y lucha política determinan y dan contenido a la dialéctica de los conflictos sociales: el liberalismo, el conservatismo y, más tarde, el socialismo.

La situación económica de la Nueva Granada en los primeros años republicanos fue de crisis y decadencia. La minería ya había declinado en las últimas décadas del siglo XVIII y en los primeros años del XIX. La agricultura del Nuevo Reino había mantenido un desarrollo lento debido a las trabas externas, la débil vinculación con mercados internacionales, y a las limitaciones internas como la falta de capitales, el régimen de impuestos y el uso de métodos y técnicas tradicionales. No obstante, la agricultura se consideró como la actividad redentora para el futuro de la nación.

El país se acostumbró a vivir por encima de sus capacidades, con crónicos déficit fiscales, antagonismos políticos por la apropiación presupuestal, una deuda pública estructural y una dependencia adictiva de los recursos naturales y energéticos. Fue evidente la precariedad del control del Estado sobre la mayor parte del territorio nacional. Además, la Primera República manifestó tendencias al regionalismo y al caudillismo, fruto de la diversidad geográfica y socioeconómica, atizando los conflictos entre centralistas y federalistas, civilistas y militaristas, pacifistas y guerreristas, librecambistas y proteccionistas, liberales y conservadores, laicos y clero, colonialistas y revolucionarios, moderados y radicales, oligarquías y trabajadores, ricos y pobres, terratenientes y minifundistas, patriotas y realistas. Estos antagonismos se transformaron, agudizaron y complejizaron hasta arraigarse como destino nacional durante las siguientes dos centurias.

El Estado, los privilegios y ventajas otorgados por el Estado y el capital estaban reservados a las clases dominantes, a la cúspide de la pirámide social. Los de abajo, los pobres, explotados y oprimidos serían, en cambio, abandonados a su propia suerte para que sobrevivieran de la forma que pudieran, pacífica o violentamente, por medios legales o ilegales, legítimos o ilegítimos. El carácter de Estado autoritario, corporativista y patrimonial se expresa, desde entonces, en cuatro tendencias políticas: las familias ricas y los partidos políticos hegemónicos se sirven de los bienes y recursos del Estado como si fueran suyos, el reforzamiento creciente de los aparatos de represión, la ilegalización de las luchas sociales y la cooptación de grupos de interés mediante la entrega de dadivas a cambio de lealtades políticas.

Colombia hoy

En la historia del país, desde su constitución como nación, la violencia es expresión del poder real. La finalidad de la violencia étnica, de castas y de clases no ha sido el dominio y la explotación sino, más bien, el exterminio, y por ello se introdujeron tácticas bélicas inéditas en el Nuevo Reino de Granada (perpetuadas a pesar del paso del tiempo), como la política de tierra arrasada, el terror, el sometimiento colectivo por inanición, el desplazamiento forzado, el despojo, la manipulación, el chantaje y la pobreza inducida (ver recuadro Memoria de exterminio). La concentración de la riqueza, la exclusión popular, los genocidios y la rotura del tejido social son su resultado.

No es casual que la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, la exclusión, el desempleo y el trabajo precario e informal, en todas sus dimensiones, continúen como desafíos centrales para la sociedad colombiana. El desarrollo incluyente y sostenible, la democracia radical y plural, el trabajo digno y la garantía universal de los derechos humanos son la condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera. También es una verdad evidente que sin paz es imposible generar bienestar colectivo y desarrollo (Gráfico 1).

Es una deuda del establecimiento con el conjunto social, la cual está distante de cumplirse, datos recientes así lo reafirman. La reducción de pobreza monetaria se estancó en 2016, mientras que en 2017 la pobreza en términos de ingresos se había situado en 26,9%, en 2018 ascendió a 27,0. Al desglosar la cifra nacional, se encuentra que en las cabeceras urbanas el índice de pobreza fue de 24,4%, mientras que en las zonas rurales asciende al 36,1%. Históricamente el grado de incidencia de la pobreza es más aguda en las zonas rurales que en los centros urbanos. Los datos del último censo agropecuario (2016) muestran que el 0,1% de las explotaciones agropecuarias tiene más de 2.000 hectáreas y controla el 60% de la tierra, mientras que el 81% de las explotaciones tiene un promedio de sólo 2 hectáreas y ocupa menos del 5% de la tierra. Pese a toda esta evidencia, el gobierno Duque (2018 – 2022), enemigo de los acuerdos de paz, ha bloqueado, entre otros, el capítulo de desarrollo rural.

La precariedad del mercado laboral agrava la pobreza y la desigualdad. En particular, el desempleo es un problema que se vuelve estructural a partir de la década de 1960, cuando el impacto de “La Violencia” (1946 – 1966) arrojó a más de dos millones de campesinos, despojados de sus tierras, a habitar y malvivir en los cinturones de miseria de las grandes urbes. Durante la década de 1950 la tasa media de desempleo fue de 3,1%; de 1960 a 2019 el promedio anual se eleva por encima del 11%.

El país se mantiene en el grupo de siete naciones con las peores distribuciones de ingreso del planeta. El Dane reveló un aumento en la concentración del ingreso entre 2017 – 2018: pasó de 0,51 a 0,52. Durante los últimos sesenta años registra una media de 0,535, con tendencia a agudizarse a partir de la década de 1990, cuando tomo fuerza el modelo neoliberal, la violencia paramilitar y la financiarización de la economía.

A pesar del paso del tiempo y de las reiteradas promesas de cada candidato presidencial, el modelo económico colombiano prosigue y se fundamenta sobre la polarización de la distribución del ingreso y la riqueza, en el bajo nivel de vida de la población trabajadora, en la preservación de un enorme contingente de mano de obra barata e ignorante y en la explotación semigratuita y depredatoria de los recursos naturales y energéticos (elementos que constituyen la ventaja comparativa de los países capitalistas periféricos y dependientes). El petróleo y la minería han inhibido el desarrollo de los demás sectores de la economía y contribuido al desplazamiento forzado.

Al mismo tiempo, al Estado colombiano lo caracteriza su estructura de poder excluyente y la represión social; en medida insignificante actúa como empresa, como órgano de gestión, garantista de justicia y derechos humanos, proveedor de servicios de calidad o promotor del desarrollo humano sostenible. De una parte, es un Estado tramposo, burocrático y corrupto que provoca un clima de inseguridad jurídica y operativa, el cual afecta negativamente a la inversión y a la productividad; de otra, la estructura impositiva de carácter regresivo y arbitrario se expresa, por ejemplo, en el tributo del 19% sobre los productos y servicios que integran la canasta familiar, lo que ahonda la desigualdad y genera pobreza entre las clases trabajadoras y caída de la productividad laboral. Además, la inestabilidad macroeconómica impacta negativamente el crecimiento económico y el bienestar social.