¡Hágale mi cabo, pégueselo! Relato de otro juvenicidio perpetrado por el Ejército Nacional de Colombia

“¡Hágale mi cabo, pégueselo!” fue la frase pronunciada el pasado 27 de julio por un soldado de la base militar La Lizama, perteneciente a la Quinta Brigada del Ejército, con sede en Barrancabermeja (Santander), registrada en algunos videos que han circulado en los últimos días, los cuales demuestran la acción premeditada de un militar quien, en posición de francotirador, descarga 6 tiros de fusil contra la humanidad de Rafael Caro, un joven de 16 años que segundos antes había saltado la trinchera que divide el espacio castrense del territorio civil. Luego de quedar gravemente herido, y tras ser rescatado por un civil quien fue amenazado de “recibir plomo” si ingresaba a la base militar, Rafael falleció en un centro asistencial. El escándalo mediático originado por las descarnadas imágenes obligó al Fiscal General (e), Fabio Espitia, a ordenar la exhumación del cuerpo del joven, luego de asegurar de manera apresurada que el informe de balística indicaba que el disparo no iba dirigido hacia ninguna persona, situación que configuraría un homicidio culposo, no un homicidio doloso. Esta versión, al parecer, se inspiró en las declaraciones que antes ofrecieron el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el comandante del Ejército Nacional, General Nicacio Martínez, quienes afirmaron que la situación ocurrió como consecuencia del “rebote de una bala”.

Si bien para muchas personas el anterior relato no es más que la descripción de un accidente ocurrido tras la acción desafiante de un joven que ingresó sin autorización a una base militar, en realidad se trata de un hecho de extrema gravedad para la sociedad, el cual evidencia no solo la función mortífera del Ejército Nacional hacia los jóvenes colombianos, sino también la posición cómplice del Gobierno Nacional que legitima una vez más la política de la muerte hacia quienes considera residuales y sacrificables. Hasta el momento la opinión pública, por la vía de la información que circula en redes sociales digitales, ha conocido 5 videos relacionados con este caso. El primer video muestra a algunos jóvenes de civil agrediendo verbal y físicamente a unos soldados de esta base militar. Este material hizo que muchas personas se indignaran debido al irrespeto de estos jóvenes hacia los soldados. Al respecto, la vicepresidente, Martha Lucía Ramírez, publicó en su cuenta de Twitter: “Los rufianes que tratan así a la fuerza pública deben saber que los soldados y policías no están solos y deben hacer valer su autoridad y hacer respetar el uniforme que portan. Colombia no quiere ver a sus soldados intimidados por rufianes armados de piedras exigiendo derechos (sic)”.

Luego de semejante declaración, la cual, dicho sea de paso, además de imprudente, demuestra el talante autoritario de un gobierno que ignora las garantías constitucionales del Estado Social de Derecho, se divulgó un video producido días atrás en el que se muestra una requisa adelantada por unos soldados hacia Rafael. En esta ocasión, las imágenes muestran al joven evidentemente golpeado como consecuencia del abuso militar. Por último, a lo largo de la última semana, se dieron a conocer dos nuevos videos que fueron registrados, al parecer, por personal de la base militar. En ambos registros, tomados desde distintos ángulos, se evidencia que Rafael salta la barda y que, efectivamente, ingresa al batallón sin autorización. También se demuestra que un grupo de soldados, entre ellos un suboficial al que llaman “mi cabo”, está preparado para efectuar el tiroteo sobre el cuerpo del infractor. Parece que los involucrados estuvieran esperando con ansiedad la agresión mortífera hacia el solitario joven de 16 años. En el video es claro que no median palabras entre los involucrados, que no se aplica ningún protocolo para detener al joven, ni mucho menos que se utilice algún procedimiento para reducir al invasor. Las imágenes también constatan que el joven, aunque infringió una norma que prohíbe el ingreso a una zona militar, no agredió a nadie, ni llevaba consigo armas de fuego o artefactos explosivos. A cambio, en tono procaz, sobresale el enunciado: “hágale mi cabo, pégueselo”.

Días después, la revista Semana publicó un audio en el que Rafael, minutos antes de su asesinato, le contó telefónicamente a su madre que había sido agredido por los militares, entre ellos, por alguien de nombre Jersin. En sus palabras, relató: “Sí, me pegaron dos planazos en el brazo y casi me mochan la cabeza de un machetazo, y a John, a John, le pegaron un planazo en la espalda”. Aunque la madre le pide que se calme y que procederá a colocar la denuncia ante la Fiscalía, el audio termina con la firme decisión de Rafael de resolver el problema por su cuenta. Y es que, al parecer, este abuso de autoridad por parte de los soldados se ejercía no solo hacia Rafael sino también hacia los jóvenes de la vereda. En la misma nota de Semana, su hermano Sergio aseguró: “Cuando lo iban a requisar le hacían quitarse prácticamente toda la ropa y a él no le gustaba eso. Y él les decía ‘yo no tengo nada’ (...) pero le decían: ‘Loca marica’”. Asimismo, Óscar, otro hermano, explicó: “los soldados siempre llegan a hacerle requisas a los muchachos, de mala gana y a pedirles vicio. Y como no tienen, entonces, los cogen a esculcarlos a la fuerza –que para eso es la supuesta requisa– con fotos y videos”.

Este lamentable hecho sugiere varias preguntas: ¿Es posible que un joven asuma un riesgo de esta naturaleza, invadiendo una zona militar prohibida, por capricho o simplemente por buscar pleito? ¿Qué relación existe entre el hostigamiento permanente de los soldados hacia los jóvenes de la vereda, especialmente a Rafael, con los hechos que lo condujeron a saltar la barda en aquel momento? ¿Existía un plan para conducir a Rafael a cruzar el cerco que lo llevaría a su muerte? ¿Por qué el suboficial se encontraba en posición de combate y disparó deliberadamente justo en el momento que Rafael entró a la base militar? ¿Cuál es el afán del Fiscal (e) al asegurar ante los medios que en este caso no existe homicidio doloso? ¿Por qué el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el comandante del Ejército Nacional, Nicacio Martínez, aseguraron sin prueba alguna que la muerte del joven fue producto del rebote de una bala?

Esta reflexión no pretende acusar a nadie ni especular sobre los móviles del asesinato. Esta es una labor de obligatorio cumplimiento para la justicia penal militar, la justicia ordinaria y las autoridades disciplinarias. Sin embargo, las imágenes parecen demostrar que nos encontramos frente a un nuevo juvenicidio perpetrado por el Ejército Nacional de Colombia. De acuerdo con José Manuel Valenzuela (2015) y Germán Muñoz (2015), el juvenicidio es un proceso de deshumanización y aniquilamiento de los sujetos jóvenes a partir de la articulación de fenómenos como la precarización, la pobreza, la desigualdad, la estigmatización y el estereotipamiento de las conductas juveniles. Así, con el fin de combatir la delincuencia y garantizar la seguridad, a partir de la legitimación social del autoritarismo de Estado, en este caso representado por el Ejército Nacional, se banaliza el mal hacia estas personas y se admite su eliminación. Al parecer, esto fue lo que le ocurrió no solo a Rafael Caro, sino también al excombatiente Dimar Torres, al grafitero Diego Felipe Becerra, al activista Nicolás Neira, y a más de 10.000 jóvenes asesinados y desaparecidos por cuenta de los llamados falsos positivos en los tiempos oscuros de la Seguridad Democrática. Este último dato fue revelado por el diario The Guardian en 2018.

La precarización de las condiciones de vida de los jóvenes, la falta de oportunidades para estudiar y trabajar, la represión de la que son víctimas por parte de las fuerzas militares y policiales debido a su presunta peligrosidad son, entre otros, factores que configuran lo que Valenzuela (2015) llama indefensión ciudadana. Esto significa que el orden social hegemónico disminuye las opciones disponibles para que los jóvenes construyan mecanismos reflexivos que acompañen la justa indignación que recorre sus experiencias en la vida cotidiana. En Colombia, dicho ordenamiento social está basado no solo en el autoritarismo sino también en la necropolítica (Mbembe, 2011). En otras palabras, los poderes legales e ilegales en Colombia, entre ellos, el poder que ejerce a diario el Ejército Nacional en muchos lugares de Colombia decide qué jóvenes pueden vivir y qué jóvenes deben morir, tal como le ocurrió a Rafael. Si el promotor del retorno de los falsos positivos en el gobierno de Uribe-Duque, el mismo que exigió a sus tropas duplicar el número de bajas incluso con el apoyo de grupos ilegales, en lugar de ser censurado fue ascendido a General de cuatro soles por el Congreso de la República, ¿Qué mensaje les envió el establecimiento a los soldados subordinados a oficiales y suboficiales? ¿Será que, tras el premio al jefe que banaliza la deshumanización de los colombianos, los soldados y suboficiales bajo su mando se sienten con licencia para matar jóvenes pobres, precarizados y sin oportunidades?

La vicepresidente, Martha Lucía Ramírez, se equivoca al llamar “rufianes” a Rafael y a los jóvenes que, según la información, fueron sistemáticamente agredidos por personal militar armado. De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, no hay comparación ni proporcionalidad entre un soldado armado con fusil y un joven civil infractor. Los protocolos indican que los militares deben actuar con procedimientos limitados con arreglo al respeto a los derechos humanos, incluso los derechos de aquellos que infringen la ley. La idea de la vicepresidente de “hacer valer su autoridad y hacer respetar el uniforme que portan” es otro pésimo mensaje para los militares subordinados y la opinión pública. Infortunadamente los soldados que propiciaron las condiciones para que Rafael se dejara provocar y terminara expuesto como carne de cañón ante las balas de su verdugo, asumieron que hacerse respetar los habilita para humillar y eliminar. El éxito del régimen necropolítico que padecemos no es la legitimación de la muerte como política de seguridad. Su éxito es que jóvenes pobres (soldados subordinados a los señores de la guerra) están acabando con la vida de otros jóvenes pobres.