¿En qué va el Acuerdo de Paz
a un año del gobierno Duque?

En el marco de la función de control político del Congreso de la República, los Representantes y Senadores abajo firmantes, hemos venido adelantando un proceso de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc.

A través del informe titulado ¿En qué va el Acuerdo de Paz a un año del gobierno Duque? Los congresistas recogen los principales retos que han identificado a lo largo del primer año del Gobierno del presidente Iván Duque, y formulan recomendaciones para garantizar su efectiva implementación.

“Desde distintas tendencias políticas, estamos convencidos de que la mejor manera de garantizar la no repetición del conflicto armado y la transformación de los territorios más afectados por la guerra es cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el Acuerdo de Paz”, señala el informe.

De igual forma destacan que “El Acuerdo suscrito entre el Gobierno y las Farc en 2016 puso fin a más de medio siglo de conflicto armado y logró que 13.000 excombatientes dejaran las armas e hicieran tránsito a la legalidad. Pero garantizar su no repetición y hacer sostenible el proceso de construcción de paz, es aún una tarea pendiente.

Como lo ha señalado el Profesor John Paul Lederach del Instituto Kroc, el 50% de los países vuelven a la guerra durante los primeros 5 años después de la firma de un acuerdo de paz. En Colombia llevamos 2 años y medio desde la entrada en vigor del Acuerdo y, aunque en 2017 tuvimos la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años, 2018 demostró que ese proceso era supremamente frágil y que la violencia podía recrudecerse en cualquier momento.

Los puntos del Acuerdo de Paz no fueron capricho de las partes en la mesa de conversaciones. Fueron incluidos justamente como garantía de que el conflicto no volviera a resurgir. Implementarlos implica atacar de manera directa las condiciones que permitieron que el conflicto se perpetuara durante tantos años”.

Por considerar que es de suma importancia para la paz de Colombia, extractamos del informe las Principales recomendaciones.

1. Crear una mesa multipartidista para sacar adelante los proyectos de ley y reforma constitucional necesarios para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, incluyendo la ley de tierras y adjudicación de baldíos, la reforma política, las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, la garantía del derecho al voto en la ruralidad, la jurisdicción agraria, el tratamiento penal especial de cultivadores, la prórroga de la Ley de víctimas, el sometimiento de bandas criminales, y la reforma a la Ley orgánica de planeación.

2. Corregir el trazador presupuestal de paz en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2020, garantizando que los 9.8 billones necesarios para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz se destinen de manera efectiva a la transformación de los territorios más afectados por la guerra. Esto implicará desagregar el Presupuesto en las 16 subregiones PDET, destinando al menos 4,67 billones para avanzar en su implementación durante 2020. Implica, también, incluir el Acuerdo de Paz como una prioridad en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para garantizar que los 37,1 billones que presentó el Gobierno en el PND tengan sustento en las cuentas fiscales de los próximos 10 años.

3. Desagregar dentro del trazador presupuestal de paz en el proyecto de Presupuesto General de la Nación, los recursos destinados para la implementación del capítulo étnico y el enfoque de género en la implementación del Acuerdo.

4. Fortalecer y dotar de capacidades técnicas y presupuestales a la Agencia Nacional de Tierras para garantizar que ésta pueda, a través del Fondo de Tierras, dotar al año 250.000 hectáreas de baldíos y formalizar 700.000 hectáreas de predios privados para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.

5. Acelerar el proceso de formulación de los Planes Nacionales y de la Hoja de Ruta Única para la intervención territorial, garantizando la participación de las comunidades en la priorización de los proyectos para asegurar su legitimidad y pertinencia, y continuando con la ejecución de obras PIC para afianzar la confianza en el proceso.

6. Elaborar, cuanto antes, el Plan de Zonificación Ambiental pactado en el Acuerdo de Paz, con el fin de contribuir al cierre de la frontera agrícola y la reducción de la deforestación.

7. Diseñar y publicar lo antes posible la ruta de reincorporación de excombatientes de las Farc con el fin de generar la autonomía social y económica de los excombatientes y promover escenarios de convivencia y reconciliación. Esta ruta debe permitir vincular al 100% de los excombatientes a un proyecto productivo, dentro del plazo máximo de 1 año.

8. Iniciar un proceso de reforma al sector seguridad para trazar una política de seguridad territorial adecuada al nuevo contexto operacional y enfocada en la protección de la población, garantizando la distribución de roles y misiones y la regulación del uso de la fuerza para cuidar el campo, y asegurando que los recursos para las ZEII no comprometan los recursos de los PDET.

9. Concertar con el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación un plan para el fortalecimiento de la capacidad de administración de justicia en las zonas PDET, con el fin de elevar la presencia de jueces, fiscales, e investigadores técnicos de policía judicial, a las tasas nacionales.

10. Diseñar de la mano de las comunidades una estrategia para la articulación de los PDET con el PNIS, de tal forma que los recursos disponibles se concentren en el desarrollo rural y en la generación de alternativas sostenibles de productividad.

11. Garantizar que la erradicación forzada sea la última opción, y plantear los procesos de erradicación y de sustitución concertada como dos componentes de una misma estrategia, que se planeen, ejecuten y a los que se les haga seguimiento en cada territorio de manera conjunta.

12. Poner en marcha cuanto antes el proceso de adecuación de la Política de Reparación de Víctimas teniendo en cuenta los insumos del Amplio Proceso Participativo llevado a cabo en 2017 e incluyendo como ejes: prorrogar la ley; agilizar la reparación; garantizar los 5 componentes de la reparación integral; y priorizar la reparación colectiva y su articulación con los PDET, la restitución de tierras y los planes de retorno de desplazados.

13. Retomar la puesta en marcha de actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, tanto en cabeza de los excombatientes de las Farc, como del Estado.

14. Avanzar en la puesta en marcha del mecanismo de monitoreo y verificación de las sanciones propias de restricción efectiva de la libertad en los términos establecidos en el Acuerdo de Paz.

15. Prestar todo el apoyo político y económico a la JEP, la CEV y la UBPD para que estas puedan avanzar de manera más ágil y eficiente en el cumplimiento de sus funciones, y renunciar a la puesta en marcha de cualquier reforma normativa que mine su independencia o autonomía.

16. Poner en marcha lo antes posible el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) en cabeza del DNP, con obligatoriedad en el reporte por parte de las entidades, y garantizando el acceso público a la ciudadanía.

Firman: Juanita Goebertus Estrada, Partido Alianza Verde; José Daniel López, Partido Cambio Radical; Carlos Ardila, Partido Liberal; David Racero, Movimiento Decentes; John Jairo Cárdenas, Partido de La U; Wilmer Leal, Partido Alianza Verde; Catalina Ortiz, Partido Alianza Verde; David Pulido, Partido Cambio Radical; Angélica Lozano, Partido Alianza Verde; John Jairo Hoyos, Partido de La U; Harry González, Partido Liberal; Temístocles Ortega, Partido Cambio Radical; Roy Barreras, Partido de La U; Iván Cepeda, Partido Polo Democrático; Luis Fernando Velasco, Partido Liberal; María José Pizarro, Movimiento Decentes; Katherine Miranda, Partido Alianza Verde; León Fredy Muñoz, Partido Alianza Verde; Neyla Ruiz, Partido Alianza Verde y Mauricio Toro del Partido Alianza Verde.

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