General Martínez, tiene usted la palabra

En su artículo de portada, la revista Semana reveló apartes del pliego de cargos de la Procuraduría contra el General Eduardo Quirós, antes al mando del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (CACIM), y de su segundo, el Teniente Coronel William Roberto Medina. Allí se establece que ellos lideraron una persecución dentro del Ejército para determinar, a base de interrogatorios y prácticas de polígrafo, qué militares les suministraron a The New York Times y Semana las informaciones sobre directrices establecidas en el Ejército que podían conducir de nuevo a la criminal práctica de los falsos positivos y que, enhorabuena, fueron retiradas de la institución, así como quiénes habían cometido actos de corrupción dentro de ella. Es decir que, para ellos, lo malo sería no que esos crímenes y delitos se produjeran, sino que se supieran.

Sin embargo, lo que es más grave, es que en sus testimonios queda claro que la orden para realizar esas operaciones de consecución de información se las dio el comandante del Ejército, quien ha negado sistemáticamente que esa “cacería” se haya producido.

Dice Semana que “los oficiales tendrán que enfrentar un proceso señalados de cometer “faltas gravísimas”, que implican una sanción de más de diez años”.

¿Y qué proceso tendría que enfrentar el que dio la orden, que todo parece indicar habría sido el jefe del Ejército si, además, se tiene en cuenta que él le habría mentido al país?

Como afirmó un editorial de El Espectador, “esta situación es gravísima y las respuestas del Ejército y el Ministerio de Defensa no pueden ser sus usuales evasivas”.

Pero así han sido, por lo menos hasta ahora, pues el Comando del Ejército se ha limitado a publicar un comunicado en el que no desmiente lo dicho por Semana y en el que agrega que, a partir de las publicaciones, “se efectuaron (…) las acciones administrativas pertinentes, con el propósito de esclarecer las circunstancias (… y) los responsables de las presuntas irregularidades”, y en el que se insta a los medios y a las autoridades a respetar la reserva legal de las investigaciones.

El Comando del Ejército se equivoca en materia grave en su forma de afrontar esta gravísima situación, no sólo por hacerse el loco ante semejante denuncia que afecta directamente a la cabeza de la institución, sino por creer que los periodistas debemos silenciar informaciones obtenidas de los procesos. ¡No, señores! Al contrario. Nuestro deber es divulgarlas. Investigarlas hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga. Y, en este caso, quien tendría que caer sería el comandante del Ejército, a no ser que él pueda demostrar que lo dicho a la Procuraduría por el General Quirós y el Teniente Coronel Medina, es falso.

Y, a todas estas, ¿qué opinan del caso los jefes inmediatos del comandante del Ejército, el Ministro de Defensa y el presidente?

Porque después de tantos cuestionamientos, la moralidad de varios miembros de esa importante institución está en entredicho. Y ahora, al estarlo también la credibilidad del comandante del Ejército, si el ministro y el presidente no hacen que se aclaren las cosas o no actúan en consecuencia en caso de que no puedan aclararse, estaría también en entredicho la credibilidad de la institución como un todo. Y de paso, la de la política de legalidad que, con tanta insistencia, enarbola como bandera de su gobierno el Presidente Duque.

Ahora, el General y sus jefes tienen la palabra…

Nota: Por viaje, esta columna reaparecerá el 27 de septiembre.

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