De caciques a capos

Ya es hora de que nos aterremos y emprendamos acciones efectivas frente a la inseguridad que se cierne y que envuelve como sombra oscura a los candidatos que se encuentran actualmente en campaña electoral en Colombia. Sobre nuestra democracia… Ya es hora de que dejemos de jugar a las discusiones y a la política de mesa, ya es hora de que entendamos que lo que vemos en televisión es real y que ocurre en nuestro propio país.

Ya es hora de dejar de atizar las llamas en la comodidad de las redes sociales, de los almuerzos familiares y de las propias curules del Congreso.

Los asesinatos y atentados que ya han ocurrido, y las amenazas y riesgos denunciados por la Defensoría del Pueblo y por la Misión de Observación Electoral – MOE – contra varios candidatos a cargos de elección popular son muestra clara de lo que está pasando y de lo que se avizora para nuestra democracia y para la institucionalidad colombiana.

Y ojo: Digo lo que se avizora, no solo por la integridad de los candidatos en los días que faltan de campaña, sino también por las autoridades en que se convertirán aquellos que alcancen sus cargos. Grandes nubarrones cubrirán la legitimidad y las actuaciones de todos los candidatos elegidos bajo presiones o con la ayuda de agrupaciones armadas.

No es una situación nueva, pero cada vez se generaliza e intensifica más en determinados territorios estratégicos para el desarrollo de las economías ilegales, tales como el narcotráfico, la minería criminal y el contrabando en sus diversas etapas.

Hace pocos días, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 035-19 sobre riesgo electoral en las actuales campañas. El panorama es desolador para nuestra democracia:

Según la entidad, 402 municipios y 16 áreas no municipalizadas están en riesgo electoral. De dichos territorios, 78 presentan riesgo extremo, 176 riesgo alto y 164 riesgo medio. Los departamentos con mayor número de riesgos advertidos son Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, La Guajira, Meta y Valle del Cauca. Los tres departamentos con mayores volúmenes de riesgo extremo (Antioquia, Chocó y Bolívar) son igualmente aquellos que llevan la delantera en el total de municipios advertidos.

La Defensoría expresa que las organizaciones victimarias son el ELN, el EPL, el Clan del Golfo (AGC), las disidencias de las Farc, los grupos armados ilegales Post AUC, grupos armados sin identificar y otros grupos armados (GDO).

¿Cómo se está falseando la democracia por parte de estas organizaciones ilegales? Hay varias formas: Financian, intimidan, desplazan o asesinan. Las víctimas son los mismos candidatos, sus dirigentes de campañas o adeptos políticos, y las poblaciones electoras.

Ante estas denuncias y movido en concreto por el terrible asesinato de la candidata a la Alcaldía de Suárez – Cauca– y sus acompañantes, hace pocos días el periodista Yamid Amat preguntaba a la directora de la MOE, Alejandra Barrios, si esos hechos constituyen violencia política.

¡Pues claro que sí! Son violencias contra candidatos en campaña que buscan el poder mediante la democracia. No debe haber duda de que estamos ante la presencia de violencia política. Para que esta se dé no necesariamente tiene que ser ejercida con el fin específico de sacar del camino a determinado aspirante para que otro llegue, no, hay otras motivaciones fundadas en la incomodidad que para algunos grupos criminales generan varios candidatos que de llegar a ganar ponen en riesgo sus rentas ilícitas y su control social en los territorios.

Sin embargo, tampoco puede desecharse que se haya incrementado la política violenta que ha sido costumbre en Colombia desde la mitad del siglo pasado, en ciertas épocas más que en otras. Y no solo asesinatos como el de Gaitán, Galán y otros líderes próximos a llegar al poder son los que han manchado de sangre nuestra democracia. A lo largo y ancho de Colombia han sido miles los candidatos a diversos cargos que han caído víctimas de sus competidores o sus grupos políticos, víctimas políticas que poco se mencionan y que, juntamente con esa otra violencia política que busca proteger rentas ilegales, también son hoy el objetivo de esa política de “ganar” sacando del camino a los contrincantes.

Según los análisis que hasta ahora se han hecho, los grupos delincuenciales de diversa índole ya saben o sospechan cuáles candidatos se podrían oponer a sus intenciones de controlar o seguir controlando los territorios donde operan sus economías ilícitas. Y algo peor: Aunque no hay pruebas al respecto, no solo quieren impedir que lleguen esos opositores, sino que en muchos casos tienen sus propias fichas aspirando al poder formal que les facilitarán sus actividades criminales. Son vínculos muchas veces difíciles de constatar y serán las autoridades quienes los investiguen, pero son relaciones que ya se han dado -se dan- y pocas veces se establecen judicialmente por la sutileza de estas o por indiferencia o incapacidad de los organismos del Estado.

Además, no solo es a alcaldes, concejales y diputados a quienes los criminales ponen como sus controladores legales directos en los territorios, sino que también controlan por medio de amenazas a quienes no están en “su nómina” pero que deben hacer o hacerse los de la vista gorda ya sea porque no denuncian por temor o porque el Estado no está en capacidad de prestarles la protección debida.

Pero hay más: Estos asesinatos, amenazas y candidatos fichas de criminales no solo atentan contra la democracia en los respectivos municipios, sino que también son la base de apoyo para algunos candidatos a gobernaciones y al Congreso, cuando hay lugar a ello.

Nuestro sistema democrático y la organización del Estado colombiano son una pirámide. Entonces, ¿quiénes de verdad resultan mandando en varias regiones del país? Desde municipios hasta autoridades nacionales pasando por departamentos son gobernantes rehenes o cómplices del poder criminal de diversas orillas y negocios. Dichos grupos crean repúblicas independientes que se rigen por sus propias normas. De los tradicionales y perniciosos caciques electorales municipales y regionales pasamos a los criminales capos electorales. Siguen coexistiendo, pero los segundos cada vez son más.

En este panorama hay dos fenómenos que conviven necesariamente porque se retroalimentan: La corrupción y la violencia. Por lo general, en los municipios donde hay más corrupción se presenta mayor índice de criminalidad, en otros casos se presenta una tranquilidad pegada con balas donde impera el miedo, cuál más dañina para la institucionalidad y la democracia y, por supuesto, para la vida que es, debe ser, la base de todo.

Nuestra democracia siempre ha vivido en riesgo. Nuestra democracia ha estado a punto de perecer en varios momentos de la historia. Sin embargo, con todas sus imperfecciones, hoy más que nunca nuestra democracia está en alerta máxima, en riesgo inminente. El Estado, la comunidad internacional y la mayoría de los ciudadanos no han advertido la dimensión del peligro. Poderosas organizaciones criminales por un lado y poderosas organizaciones de corrupción por el otro, muchas veces actuando en complicidad, están minando nuestras precarias instituciones de una manera dramática.