Democracia bajo fuego

Falta un mes para las elecciones regionales. Los colombianos –claro, si la violencia lo permite– tenemos una cita con la democracia para elegir mandatarios y dirigentes locales.

Es decir, el próximo 27 de octubre tendremos la posibilidad de elegir 32 gobernadores y 1101 alcaldes de ciudades y municipios. De igual manera también –a través del acto democrático de la elección– los sufragantes definiremos quiénes serán los próximos concejeros y representantes de asambleas de todo el país. Es decir, serán elegidos 12.063 concejales y 418 diputados.

Así las cosas, estas serán unas elecciones llenas de incertidumbre, no solo por saber quiénes ganarán, si no –triste decirlo– por saber quiénes llegarán ilesos al final de la contienda.

Y es que la política en Colombia que debería ser una actividad orientada, independiente de la ideología, a que sus líderes tomen las decisiones correctas para alcanzar los objetivos de nación, tristemente se debate entre seguir adelante con las campañas o desistir en ese empeño.

Amenazas, boicoteos, asesinatos, desplazamientos y una guerra sin cuartel en las redes sociales, son –como lo dice la trillada frase– el pan nuestro de cada día. Claro, aquí vale aclarar que la política es riesgosa dependiendo del lugar desde donde se haga, pues no es lo mismo hacer política desde el confort de las grandes ciudades a tener que hacerla desde apartadas y olvidadas regiones del país.

Esas regiones en las que campea la criminalidad y en la que los líderes y políticos regionales hacen campaña en la medida de sus posibilidades o en la medida en que los señores de la guerra les permitan avanzar.

Bien lo señala –en uno de sus informes sobre alertas tempranas– la Defensoría del Pueblo1, “en 402 municipios hay un nivel de riesgo por la presencia de actores armados ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN, el EPL o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas como el Clan del Golfo”.

También apunta la Defensoría que estas serán las primeras elecciones en las que las Farc –ahora convertidas en partido político, después de la firma de los acuerdos– se medirán en los territorios como nuevo actor político, en su búsqueda de aportar, desde la paz, a la ensombrecida democracia del país.

De igual manera, y no como un hecho menor, el informe también destaca que esa colectividad, la de las Farc, junto con el Centro Democrático, son las que mayor riesgo presentan en esta contienda electoral.

Cabe recordar que desde la firma del acuerdo –diciembre de 2016– han sido asesinados 160 excombatientes2 y ahora que se aproximan las elecciones arrecian las amenazas en contra de los dirigentes del naciente partido.

Como antesala de las elecciones de octubre, van tres candidatos a alcaldías asesinados, cuatro a concejos y más de 40 amenazados en hechos que claramente indican que hacer política en algunas regiones de Colombia es una actividad sumamente peligrosa, pues en promedio cada tres días asesinan un líder político, social o comunal3.

Oscuro panorama si tenemos en cuenta que, según cifras oficiales, la violencia política generada por diversos actores delincuenciales no discrimina partidos ni filiaciones políticas. Así lo indica un estudio reciente de la Fundación pares al señalar que cerca del 29% de las víctimas son políticos opositores. El 26% son líderes de partidos gobiernistas, el 18% son miembros de partidos independientes y el 27% no tienen definida una identidad partidista clara, pues pertenecen a coaliciones o presentaron sus candidaturas por firmas4.

¿Qué genera la violencia política?

Según las hipótesis de varios expertos sobre las posibles causas que están generando la ola de violencia que enrarece la contienda electoral, y pese a que en el 77% de los casos reportados como violencia política en lo corrido de 2019 se desconocen los posibles autores –debido en gran parte a la falta de información– suponen que en gran medida este tipo de violencia está estrechamente asociada al crimen organizado que a disputas partidistas.

En este sentido, señalan que el incremento de la violencia –de alguna manera– tiene que ver con que los líderes políticos y comunitarios –en algunas regiones– se han convertido en un obstáculo para el crimen organizado que busca por todos los medios, controlar prácticas ilegales como la minería criminal e ilegal, el procesamiento y tráfico de drogas ilícitas, así como la explotación a gran escala de maderas finas.

Otro argumento esgrimido por los analistas señala que la violencia política es generada por sectores ilegales, no necesariamente ligados con el crimen organizado, pero que buscan controlar entidades públicas y hacerse con los recursos de los presupuestos locales. Esto explicaría este tipo de violencias en regiones con capacidad tributaria.

¿Qué dice o hace el gobierno?

En días pasados la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ante los hechos violentos registrados en algunas regiones del país y que tienen que ver con la violencia política, señaló que “el narcotráfico, los grupos armados ilegales y los carteles de corrupción van detrás de los comicios, pero el Gobierno les declaró la guerra y está trabajando para garantizar la normalidad democrática”.

“Aquí hay una razón fundamental: el narcotráfico y sus tentáculos. Esta alerta la prendió el propio gobierno desde la presentación del Plan Ágora. Hay grupos armados ilegales y carteles de la contratación que quieren expandir ese poder que les dio tener 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos. El gobierno del presidente Iván Duque les declaró la guerra a esas organizaciones criminales desde el primer día. Estos grupos pretenden una captura del Estado, aferrarse al poder regional”, puntualizó la jefe de la cartera.

De igual manera, sobre el tema de la violencia política el presidente Duque planteó la necesidad de tomar medidas para hacerle frente a la situación de violencia que enluta a las familias de los candidatos asesinados. En este sentido, el primer mandatario le dio 72 horas a la Unidad Nacional de Protección para quedar “al día” con las solicitudes de escoltas, carros blindados y otros mecanismos de protección hechas por 565 candidatos en el país. Actualmente, según esa entidad, ya 1.140 candidatos tienen medidas de protección.

Por su parte, en una especie de mala elucubración mental, la senadora del partido del gobierno, María del Rosario Guerra, propuso que se designen alcaldes militares “ad hoc” en aquellos –según ella– municipios problemáticos.

“He propuesto que en aquellos municipios donde los alcaldes sienten que no tienen el manejo o no lo quieren asumir, de manera excepcional pueda encargarse alcaldes militares exclusivamente para garantizar la seguridad (…) Tenemos que asegurar las elecciones del 27 de octubre y que se pueda ejercer el derecho que está contemplado en el artículo 40 de la Constitución de elegir y ser elegido”, explicó la congresista. ¡Que susto!

Susto porque de sobra conocemos los excesos de la Fuerza Pública a lo largo de los últimos años. Recordemos en 1985 cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia y la posterior retoma a “sangre y fuego” por parte del Ejército, en donde posteriormente se demostró que varias personas entre magistrados y trabajadores de la cafetería habían salido vivas y posteriormente fueron desaparecidas.

Y para no ir tan lejos, es bueno recordar durante la “Seguridad democrática” en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, los tristemente recordados “falsos positivos”. Recordemos como algunos militares preocupados por entregarle resultados a su comandante en jefe, asesinaron a civiles desarmados y los hicieron pasar por guerrilleros caídos en combate.

Eso sin mencionar el contubernio entre militares y paramilitares –como consta en miles de folios e investigaciones– que se unieron y generaron las más terribles masacres a lo largo y ancho del territorio nacional5.

Mientras tanto, los colombianos de bien que creemos que la solución a todos los males del país está en manos del fortalecimiento de la democracia, en la implementación efectiva y real de lo pactado en los acuerdos de paz, en la imposición de una justicia efectiva que logre el sometimiento de las bandas criminales, en la unión de las organizaciones de la sociedad civil que le exijan al gobierno justicia social con respeto por los derechos humanos. Solo de esta forma, no de otra, podremos alcanzar la anhelada paz con justa democracia.

Amanecerá y veremos.