Derecho a la protesta y desmonte del ESMAD

A propósito de la brutalidad policial
ejercida hacia jóvenes universitarios y terceros

Mientras que el gobierno Uribe – Duque afina una nueva estrategia para hacer trizas la implementación del Acuerdo de Paz, en esta ocasión basados en un proyecto de acto legislativo que buscaría someter sentencias de la Corte Constitucional a un referendo (entre ellas las que ratificaron lo firmado en La Habana), y mientras sectores de ultraderecha ven amenazados sus privilegios ante los cuestionamientos a su máximo líder, quien además de ser abucheado en varias regiones de Colombia tendrá que rendir indagatoria ante la Corte Suprema el próximo 8 de octubre por cuenta del presunto delito de falsos testigos, varios hechos de “orden público”, ocurridos entre los días 23 y 26 de septiembre en algunas ciudades, entre ellas Bogotá, se convirtieron en el escenario propicio para confundir, polarizar e infundir el pánico social en la opinión pública. En otras palabras, se fue configurando una estrategia represiva y mediática que fomenta el olvido, promueve el miedo y beneficia a los que están en el ojo del huracán. Los hechos se pueden sintetizar así:

a) el 23 de septiembre se inició el paro de transportadores, situación que afectó la libre circulación de las personas a lo largo de 3 días e introdujo la presencia policial y el correspondiente uso de la fuerza en varios sitios de concentración; b) el 23 de septiembre varios estudiantes de la Universidad Distrital realizaron un plantón en la sede administrativa (calle 40) en contra del vergonzoso escándalo de corrupción que salpica a directivos del alma mater y a politiqueros cercanos a ella, acción de protesta que fue acompañada por algunos estudiantes de la vecina Universidad Javeriana en muestra de solidaridad, y que hizo que la fuerza policial reaccionara emboscando a los jóvenes concentrados en las instalaciones de la facultad de Ingeniería; c) el 24 de septiembre, el rector de la Universidad Javeriana, Luis Guillermo Sarasa, convocó a una concentración pacífica de su Comunidad Universitaria como rechazo a las medidas represivas del día anterior, acto que fue alterado (una vez más) por la acción desmedida de la policía, y que según evidencias que circularon por redes sociales, ingresó a la universidad, golpeó a varias personas y disparó gases lacrimógenos que llegaron incluso al hospital San Ignacio; d) a la par, y como respuesta, algunos estudiantes de la Universidad Distrital, quienes continuaban en el plantón, se sumaron a la protesta enfrentando a la policía en las carreras séptima y octava; e) el mismo día, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes se sumaron a la protesta, se vieron afectados gravemente no solo por la presencia de la policía sino por el lanzamiento, al parecer, de una granada de fragmentación en las instalaciones de la universidad, procedimiento que hirió a algunos estudiantes; f) el jueves 26 de septiembre se repitió el episodio tanto en la Universidad Nacional de Colombia como en el Colegio Mayor de Cundinamarca.

Los anteriores hechos deben ser analizados con atención en varias dimensiones. Para efectos de esta columna, se destaca un aspecto común que complejiza cada uno de estos actos de protesta: la acción violenta, desproporcionada, ilegal y autoritaria de la policía, a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), tanto en los centros universitarios como en sectores aledaños a éstos. Fuentes no oficiales de la Universidad Pedagógica Nacional aseguran que el artefacto disparado hacia sus instalaciones de la calle 72 fue una granada de fragmentación que dejó gravemente heridas a 5 personas. Información de la Universidad Javeriana evidencia que miembros del ESMAD no solo atacaron a estudiantes y profesores, sino que los gases lacrimógenos empleados afectaron a pacientes del hospital San Ignacio. Videos que circularon por redes sociales muestran a 2 integrantes del ESMAD golpeando con sevicia a un joven de la Universidad Distrital quien previamente había levantado las manos en señal de indefensión. Por último, en una nota del medio Cable Noticias del 26 de septiembre se registró la emergencia médica por desmayos y afectaciones respiratorias de cerca de 10 niños y niñas del Colegio Distrital Policarpa Salavarrieta, ubicado al lado del Colegio Mayor de Cundinamarca, como consecuencia de los gases lacrimógenos disparados por el ESMAD.

Este panorama contrasta con la respuesta del General Hoover Penilla, comandante de la Policía de Bogotá, dada a conocer a través de RCN Radio: “No podemos ser los causantes de los desmanes. Actuamos dentro la norma en presencia de los organismos de control y estamos prestos a que se verifiquen los procedimientos. Pero ahora vamos a quedar con que la policía provocó los desórdenes”. Según la página de la Policía Nacional, algunas funciones del ESMAD son: “(…) Observar durante los procedimientos lo contemplado en las normas, acuerdos y convenios de derechos humanos y derecho internacional humanitario para el uso de la fuerza que permitan restablecer el orden, la seguridad y la tranquilidad de las jurisdicciones afectadas (…) Realizar actividades de procedimientos comunitarios básicos de acercamiento con la comunidad, trasmitiendo el respeto, buen trato a la comunidad y protección por los Derechos Humanos para mejorar la imagen institucional (…) Ejecutar procedimientos de control de disturbios y manejo de multitudes donde estén involucrados adolescentes, niños y personal femenino para cumplir lo establecido en las normas, leyes y acuerdos de protección de los Derechos Humanos y la ley de infancia y adolescencia”.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el uso de la fuerza policial está sujeta a situaciones estrictamente necesarias y cuando no existan medidas alternativas menos restrictivas de los derechos fundamentales en juego. Bajo esta directriz la CIDH, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 30, Opinión Consultiva 0C-6/86 del 9 de mayo de 1986, ha señalado que cuando los estados incumplen obligaciones a su cargo se deriva una violencia generalizada que puede vulnerar los derechos a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas que participan en manifestaciones. En el orden nacional, el artículo 37 de la Constitución Política reza “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. En sintonía con la Carta Magna, varias sentencias de la Corte Constitucional ratifican el derecho a la protesta y regulan la intervención de la fuerza pública en éstas, entre ellas, la sentencia C-742 de 2012, la cual especifica que el uso de la fuerza policial en el marco de una protesta en el espacio público no se justifica ante la simple obstrucción de vías, pues debe ser evidente que dicha acción pone en riesgo derechos fundamentales básicos de terceros.

La presencia de la fuerza pública en manifestaciones tiene como propósito proteger los derechos tanto de las personas que intervienen en la protesta como de terceras personas. El uso de la fuerza es algo excepcional y procede como último recurso para evitar afectaciones mayores a terceros. No obstante, las acciones del ESMAD a lo largo de la presente semana muestran que sus intervenciones no son proporcionales ni preventivas sino ejecutadas con el fin de provocar a civiles y propiciar caos. Son acciones que no garantizan la protección de los derechos humanos sino su vulneración mediante el daño físico, moral y emocional de manifestantes y no manifestantes. Sus procedimientos no contribuyen a restaurar el llamado “orden público”, sino a degradarlo y enrarecerlo. En suma, el ESMAD ha actuado fuera de la ley, viola los derechos fundamentales y se constituye en un perpetrador que profundiza el conflicto social. Prueba de esto es que, en lugar de atenuar los ánimos y recobrar la normalidad en la ciudad, el viernes 27 de septiembre se sumaron a las protestas 5 universidades privadas. Esta respuesta es consecuencia de la indignación de jóvenes universitarios de distintas procedencias sociales y políticas quienes, asumiendo riesgos, manifiestan que no aguantan más esta creciente violencia de Estado.

Parece que lo ocurrido no obedece a errores que se hayan producido en el ejercicio de sus funciones o a contingencias sorteadas en el contexto de la euforia de los enfrentamientos. Las evidencias parecen mostrar que los miembros del ESMAD están cumpliendo órdenes para operar de esta manera. Parece que se trata de una estrategia intencional, dirigida no solo a ejercer represión extrema, incumpliendo normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, sino a deslegitimar la protesta social, desproteger a la sociedad civil y estigmatizar a quienes exigen sus derechos, entre ellos, a los jóvenes universitarios. El General Penilla, quien se muestra sorprendido y victimizado en sus declaraciones, se equivoca al señalar que el ESMAD actúa con base en las normas y la vigilancia de los organismos de control.

Por lo contrario, acá no solo se actuó de manera ilegal, sino que los organismos de control brillaron por su ausencia. No puede ser posible que en un Estado Social de Derecho, la policía, al mejor estilo de las Camisas Negras en la Italia Fascista de Mussolini o de los Chulavitas en la violencia de los años cincuenta en Colombia, pueda vigilar a los ciudadanos y determinar quién es sospechoso, retener sin fundamentos a estudiantes y profesores, afectar los derechos de los niños y las niñas, vulnerar derechos de pacientes médicos y asesinar jóvenes en actos de protesta, tal como sucedió años atrás con Nicolás Neira, Óscar Salas y Miguel Ángel Barbosa. Se requiere con urgencia el desmonte del ESMAD. Tal vez este sea el momento para que la movilización social crezca, la ciudadanía se comprometa con la defensa de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la protesta, y que los congresistas de la oposición presenten nuevamente un proyecto de ley para que se elimine esta amenaza latente a la democracia.